La ley catalana de educación elude la tercera hora de castellano

El decreto del Ministerio de Educación que insta a dar tres horas semanales de Lengua y Literatura Castellana en las escuelas no se aplicará en Cataluña. Eso al menos se deriva del acuerdo alcanzado ayer por la Comisión de Educación del Parlamento catalán, que aprobó el informe de la ponencia de la ley de educación. El texto del proyecto persigue blindar el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán, pero al tiempo, esquiva el decreto estatal, que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares. La mayor parte de las escuelas catalanas están impartiendo dos horas semanales de castellano.

El Ministerio de Educación manifestó ayer que "el Gobierno estudiará la ley catalana de educación como hace con cualquier otra norma autonómica y analizará las novedades que supone para el sistema educativo", según un portavoz oficial. Este mismo añadió que el Ejecutivo no va a hacer "valoraciones puntuales o apresuradas", y que considera que "la ley catalana, como ha ocurrido con otras leyes similares de otras comunidades, ha contribuido a situar la educación en el centro del debate, y aporta algunas propuestas educativas y pedagógicas interesantes".

El texto consagra la opción de estudiar en español en la primera enseñanza

Los inmigrantes se repartirán entre centros si se supera un tope

- Pacto a cuatro. El acuerdo en comisión sobre este punto se alcanzó en el Parlamento catalán entre los tres grupos del tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU desde la oposición. PP y Ciutadans se oponen. El PP, que ya recurrió el Estatuto catalán al Tribunal Constitucional, deshoja la margarita de si hará igual ahora con esta ley. La decisión de recurrir está pendiente de los informes jurídicos solicitados, dicen en el PP catalán.

El artículo que esquiva la aplicación de la tercera hora de castellano figura en una disposición transitoria del proyecto de ley que dice que mientras el Gobierno catalán "no haga las correspondientes disposiciones reglamentarias son de aplicación los preceptos establecidos" en sus propios decretos.

Diversas fuentes consultadas del tripartito defienden la legalidad de la ley catalana de educación en cuando a la tercera hora de castellano porque deriva del Estatuto, que tiene rango de ley orgánica, y prevalece, siempre según estas fuentes, sobre un decreto estatal. Sin embargo, el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) señala que es potestad del ministerio establecer el 55% de los contenidos y horarios mínimos para las comunidades con dos lenguas oficiales.

- Recursos. La Generalitat recurrió en su día al Constitucional la tercera hora de castellano. A su juicio, invade sus competencias. El Constitucional aún no se ha pronunciado. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instó el pasado julio a la Generalitat a cumplir el decreto ministerial de la tercera hora de castellano.

Al margen de la tercera hora, el proyecto de ley dice que se podrá escolarizar en castellano en estos términos: en el curso en el que los alumnos inicien la primera enseñanza, los padres podrán instar, al hacer la matrícula, "a que sus hijos reciban atención lingüística individualizada en castellano, cuando ésta sea su lengua habitual". Se mantiene la opción de poder escolarizaren la lengua materna en la primera etapa escolar, pero en clases conjuntas.

- Reparto de inmigrantes. También incluye medidas sobre población escolar inmigrante, que en Cataluña ronda el 13%. El 85% de esos alumnos está en centros públicos y sólo el 15% en concertados. El proyecto dice que se "fijará territorialmente la proporción máxima de alumnos con necesidades educativas específicas (como tienen muchos inmigrantes) que pueden ser escolarizados en cada centro en el acceso a los niveles iniciales de cada etapa". Se concretará en un decreto.

- Más libertad y evaluación a los centros. La ley da amplia autonomía que da a los centros: podrán fijar objetivos, definir estrategias y "definir los procedimientos para aplicar el proyecto educativo". Otra novedad es la evaluación a todos los centros. Se hará para "mejorar la calidad de la enseñanza, rendir cuentas y tener información sobre el proceso educativo", dice el texto. El proyecto abre la puerta a extender los conciertos (la financiación permanente con fondos públicos) el bachillerato y la FP, que no son etapas obligatorias y ahora están excluidas de ellos. Iniciativa per Catalunya (ICV) se ha desmarcado de este punto.