La justicia desautoriza a la Guardia Civil por la actuación contra Isadora

Dos años y cinco meses después de que se iniciara el caso contra la clínica de abortos Isadora, la justicia ha dado un fuerte varapalo a las actuaciones de la Guardia Civil y del juez de instrucción José Sierra Fernández. La Audiencia Provincial de Madrid afirma que el magistrado Sierra no era competente para instruir el procedimiento; que ha imputado a tres medicos del centro por abortos ilegales "sin concretar qué intervenciones son las sospechosas, ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupción ilícita de los embarazos"; y que los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) desobedecieron la resolución del primer magistrado que recibió una denuncia sobre el tema y buscaron uno más favorable a sus tesis.

"Está en juego el acatamiento de decisiones judiciales"

Madrid dictó una propuesta de cierre que no fue notificada

"Lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia entre órganos judiciales (...) sino el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas, la policía muy especialmente", señala el auto, firmado por los magistrados de la sección cuarta. El caso Isadora debe volver ahora al Juzgado de Instrucción numero 6 de Madrid -como pedía el abogado de una de las partes, el fallecido Rafel Burgos- el mismo que el 16 de febrero de 2007 se negó a abrir un procedimiento penal a pesar de la petición de los agentes de la Guardia Civil. El auto de la Audiencia Provincial no se puede recurrir.

El tribunal ha rechazado también que puedan participar en el proceso dos grupos antiabortistas: la organización Unidos por la Familia y el partido católico y ultraderechista Alternativa Española. El juez Sierra había admitido como acusación popular a este último, pero su decisión ha sido ahora revocada por la Audiencia. Los magistrados dicen que, por un lado, no cabe la acusacion popular en un procedimiento en el que ni siquiera están claros los hechos delictivos y, por otro, que hay que garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que han abortado, lo que "ha obviado" el juez Sierra.

"Las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres", señala la resolución, "quienes, sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno han visto cómo datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno".

Todo comenzó a las 10.30 del 16 de febrero de 2007. Dos agentes del Seprona se presentaron en Isadora para "realizar una inspección", según consta en los atestados. Tras la visita a la clínica se consideró que se estaban gestionando mal los residuos y por eso inmovilizaron el contenedor que estaba a punto de ser recogido por una empresa especializada.

Los dos agentes fueron después a los juzgados de Plaza de Castilla. El caso cayó en manos del magistrado de guardia, el titular del número 6, Ramiro García de Dios Ferreiro. Las "irregularidades en la gestión de residuos" se habían convertido ya en indicios de "supuestos abortos ilegales" a pesar de que los agentes no habían visto el interior de los bidones. Pidieron al juez una "autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense" retirara los "supuestos restos humanos para su oportuno estudio".

El magistrado no lo autorizó: "Procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada (...), debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios". Los bidones con residuos sanitarios seguían inmovilizados en la calle. Los agentes no informaron a la clínica de la decisión judicial sino que mantuvieron la orden de no tocarlos. Querían llevar la investigación a la Consejería de Sanidad de Madrid.

Después de varias llamadas, el martes 20 de febrero les dijeron que el departamento se haría cargo "de los envases con residuos clínico-sanitarios". El jefe técnico de la Unidad de Sanidad Mortuoriay dos agentes se llevaron los ocho bidones a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. En los atestados no consta si los agentes informaron en algún momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspección.

Encontraron nueve fetos y restos de liposucciones. Llamaron a la juez de guardia de Alcobendas, quien les dijo que la competencia era de Madrid. Así que volvieron a Plaza de Castilla, sin decir que habían estado allí cinco días antes. El entonces juzgado de guardia (número 31) autorizó el examen de los restos para determinar la edad gestacional y el asunto recayó después, por reparto, en el juzgado 47. El titular, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El día 23, la Comunidad de Madrid dictó una propuesta de cierre de la clínica que no fue notificada ni ejecutada. El Seprona siguió investigando. Los agentes identificaron a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y a otras pacientes de la clínica. Las llamaron como testigos y en algunos casos se presentaron en encia dice que los hechos "evidencian que, ante la negativa del juzgado de instrucción a acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente, recabando la colaboración de las autoridades administrativas" y "silenciando" que había un antecedente judicial. El objetivo era conseguir un "nuevo magistrado que, esta vez sí, autorizó el estudio de los restos".

El tribunal afirma que si los agentes consideraron que había hechos nuevos después de abrir los bidones, debieron informar al primer juez en lugar de buscar uno distinto: "Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 (...) cuya decisión no fue respetada ni acatada".