El juez decreta el ingreso en prisión del presidente de la ONG Anesvad

El juez de guardia decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de José Luis Gamarra, presidente de la ONG Anesvad (A nuestros enfermos servimos viendo a Dios), acusado de un delito de apropiación indebida de fondos. Gamarra, de 60 años, fue detenido el pasado jueves en su domicilio de la capital vizcaína. La investigación, bajo secreto de sumario, apunta a un presunto agujero de cinco millones de euros en las cuentas de la organización, según informó el diario El Correo.

La memoria de Anesvad señala que el año pasado gestionó más de 35 millones de euros. La cantidad dedicada a proyectos de desarrollo sólo llegó al 37,5%, muy por debajo del mínimo del 80% que fija la ley de Fundaciones. A lo largo de los últimos años la ONG que preside Gamarra ha contado con excedentes que superaron el 30% del presupuesto en varios ejercicios. En 2003 Anesvad creó un "fondo de cooperación internacional", dotado con 7,6 millones de euros, que desapareció al año siguiente. En 2005 sus cuentas vuelven a reflejar 13,5 millones en el fondo de cooperación.

Anesvad abandonó la coordinadora española de ONG por no aceptar el código de conducta que, entre otras condiciones de transparencia económica, impide hacer campañas publicitarias catastrofistas o que no respeten la dignidad de las personas beneficiadas. Anesvad ha hecho en los últimos años campañas utilizando imágenes muy impactantes de menores y personas enfermas.

Hace año y medio un grupo de empleados abandonó la ONG al descubrirse que dos de sus directivos -el director general, José Miguel Sustacha, y el director financiero, Francisco Martínez- se habían apropiado de medio millón de euros. El asunto no llegó a los tribunales, en contra de la opinión de la mayor parte de la plantilla, al alcanzar los implicados un acuerdo privado con Gamarra.

En sus casi 40 años de historia, Anesvad ha sido dirigida de forma personalista por su presidente. Ex empleados de la ONG aseguran que Gamarra, ante la menor discrepancia de sus colaboradores, afirmaba que la organización era "una dictadura" en la que sólo se cumplía su voluntad. Gamarra es cónsul de Filipinas en Bilbao, cargo que le fue concedido por la labor desarrollada por su ONG en una leprosería de la isla de Culión.