Los jueces de Madrid también detectan abusos en denuncias de maltrato

Los jueces de instrucción de Madrid (los que investigan los delitos) también han detectado "casos" de uso indebido de peticiones de medidas de protección frente al maltrato en el ámbito familiar. Así lo indicaron ayer en un comunicado. Este pronunciamiento se ha efectuado un día después de que la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, alertase contra los "abusos" en las denuncias por malos tratos, cuyo número se triplicó en esa ciudad en 2003. También afirmó que se que se habían detectado denuncias "falsas o infladas".

Tales manifestaciones han provocado reacciones airadas de distintas asociaciones de mujeres. En la polémica también terció ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no comparte las opiniones de la juez y argumenta que faltan datos que permitan afirmar que se presentan denuncias falsas.

Los jueces madrileños afirman que su experiencia tras la puesta en marcha de la orden de protección (una nueva herramienta que permite al juez dictar medidas civiles y penales cautelares en 72 horas tras recibir una denuncia), "ha permitido detectar casos de utilización indebida de este mecanismo". Ello "desnaturaliza la finalidad de esta medida cautelar, en perjuicio de las verdaderas víctimas de la violencia doméstica", según el comunicado.

Fuentes de los juzgados de instrucción de Madrid señalaron que "ciertamente" se detectan "algunas" denuncias por violencia doméstica que son fruto de "triquiñuelas" de abogados para lograr una posición favorable de uno de los cónyuges en el proceso de separación. "Hay despachos de abogados que, conscientes de la lentitud de los juzgados de familia

[algunos tardan hasta 10 meses en citar a las parejas que quieren separarse de forma contenciosa] y de la rapidez con que se actúa por la vía penal en estos temas, desvían a sus clientes al juzgado de guardia y les aconsejan que pidan una medida de protección", señalaron. "Así consiguen que su cliente salga del juzgado con una resolución judicial que luego le puede reportar una ventaja ante el juez de familia en el proceso de separación. Pero eso sólo pasa en una parte de los casos. En la mayoría está totalmente fundamentada la petición de la orden de protección", apostillaron.

Desde que entró en vigor la orden de protección, en agosto pasado, los jueces madrileños han concedido el 70% de las solicitudes. "Es obvio que, pese a la sensibilidad que existe sobre este tema, las que se deniegan carecen de toda fundamentación", añadieron las fuentes judiciales citadas.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, salió ayer al paso de las afirmaciones de la juez decana de Barcelona. "No se puede compartir la opinión

en tanto en cuanto puede suponer un desánimo para que las mujeres denuncien", dijo a Efe. López añadió que las afirmaciones de esa responsable no pueden dar pie a un reproche disciplinario.

La Red de Organizaciones Feministas había pedido al órgano de gobierno de los jueces que abriera un expediente a la decana por haber imputado a las mujeres "delitos o faltas como son la denuncia falsa sin que exista la menor prueba de ello" .

Derecho a la dignidad

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, Montserrat Comas, señaló en un comunicado que la protección a las víctimas se realiza "respetando los derechos constitucionales de los denunciados". A su juicio, el "positivo" incremento de las denuncias "significa que las mujeres maltratadas están saliendo del círculo de violencia en que se encuentran y ejercitando su derecho a la dignidad y a la libertad".

Comas añadió que hasta ahora se han solicitado 10.000 órdenes de protección y se ha concedido el 76%. Esto "demuestra que los jueces resuelven con independencia y sin presiones cuando la denuncia carece de indicios probatorios suficientes". "Asimismo, no existen datos objetivos ni estudios de los que se puedan deducir que se están interponiendo denuncias falsas", puntualizó.

La secretaria general para las Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, también rechazó el planteamiento de Sanahuja. Afirmó que pensar que las mujeres tienen intención de poder vadear los mecanismos de la justicia, no es "prudente" ni responde al análisis "sosegado" de los datos sobre las órdenes de protección, informa Efe. Puntualizó que la proporción de solicitudes rechazadas demuestra que "existen mecanismos judiciales que filtran las denuncias fundamentadas".

Murillo añadió que, dado el elevado número de víctimas mortales por la violencia doméstica, un plantamiento como el de la juez decana de Barcelona "puede tener efectos negativos". "Pensar que hay abusos en las denuncias es imprudente y ligero, y lesiona la imagen de las propias organizaciones judiciales", agregó.