Los hogares más ruidosos de Europa

Tener que escuchar las pisadas del vecino de arriba, los llantos del bebé de turno o el sonido del camión de la basura es algo demasiado común en España. El país con una de las legislaciones de protección frente al ruido más laxas de Europa estrena mañana nueva normativa, aunque ésta no le sitúa aún al nivel de los países del entorno.

A partir de este viernes, las licencias que se otorguen a nuevas construcciones y las rehabilitaciones integrales tendrán que atenerse a las exigencias del Documento Básico de Protección frente al ruido (DB HR), perteneciente al Código Técnico de Edificación (CTE). Su aplicación, que llega tres años después de la entrada en vigor del CTE, ha sido objeto de una prórroga de año y medio para su obligatoriedad, por las "carencias del mercado, no tanto de materiales, como de preparación de los técnicos que tendrán que encargarse de las evaluaciones y comprobaciones de los nuevos requerimientos", afirma Javier Serra, subdirector general de Innovación y Calidad de la Edificación del Ministerio de Vivienda.

La legislación vigente hasta ahora en España es la NBE-CA-88, de 1988. Los cambios que se plantean son, a la vez que muy esperados, insuficientes para las principales asociaciones contra el ruido. Entre lo más aplaudido está el establecimiento de evaluaciones in situ: hasta ahora, la comprobación del aislamiento era exclusivamente la que se hacía de los materiales en el laboratorio, sin que existiese después ninguna opción de reclamación por parte del usuario, aunque no se cumpliesen los parámetros exigidos. "Se elegía un material aislante, pero luego, cualquier deficiencia a la hora de construir o la estructura del edificio podían hacer que no fuese así, y el usuario no podía reivindicar nada", afirma Juan Frías, gerente de la Asociación española contra el ruido y las actividades molestas (Aecor). "Esto convierte la normativa en un servicio de prestación, en el que el usuario tiene derecho a reclamar y por el que se podrá denunciar al promotor o constructor en caso de incumplimiento", asegura Frías.

La nueva normativa aumenta la calidad, al garantizar el cumplimiento, y también la cantidad de protección. La exigencia de aislamiento de ruidos aéreos (los de pisos contiguos, es decir, la resistencia que han de tener los tabiques) pasa de 42 a 50 decibelios. Además, disminuyen los decibelios permitidos del exterior, que irán en función de la sonoridad ambiental. "A partir de ahora no se exigirá lo mismo a quien construya frente a una autopista que en un bosque", afirma Serra. La nueva norma incluye también requisitos contra la reverberación, es decir, una mejora de la acústica de locales públicos, especialmente aulas escolares y restaurantes. "No puede ser que los alumnos de la última fila no escuchen al profesor, por eso se va a exigir una mejor absorción del ruido", afirma Serra.

Pero lo positivo puede no serlo tanto. Por un lado, la norma aún nos sitúa a la cola de Europa en muchos aspectos, como el ruido aéreo (véase gráfico) y por otro, las leyes sobre protección contra el ruido, que en España van desde la Ley del Ruido de 2003 a leyes autonómicas y ordenanzas municipales, es, a juicio de la Plataforma estatal de asociaciones contra el ruido y las actividades molestas (Peacram), inconexa e inefectiva. "Las comunidades autónomas no se han acoplado a la ley estatal y no tiene sentido que el mismo ruido sea aceptable en una ciudad e inaceptable en otra", critica Ignacio Sáenz, presidente de la Plataforma. "La Organización Mundial de la Salud nos calificó como el segundo más ruidoso del mundo por detrás de Japón, pero somos el primero, porque la clasificación no tenía en cuenta el ocio nocturno, que trae de cabeza a la mayoría", afirma Sáenz.

Los perjuicios que el ruido puede causar en la calidad de vida son notables. Según la última encuesta del INE sobre la cuestión, un tercio de los españoles dicen sentirse perjudicados por el ruido en sus hogares. En la página del propio CTE se refleja la convivencia forzosa con el ruido como origen de "problemas de sueño, pérdida de atención, de rendimiento, cambios de conducta" o "incluso trastornos de riesgo para la salud y estrés". Por ello, las asociaciones critican el triunfalismo de la Administración al hablar de "fin de los problemas del ruido". Porque pasarán décadas hasta que sea palpable el cambio en el parque de viviendas. Tanto Aecor como la Asociación Granada contra el Ruido critican este planteamiento. Para Frías habría que incluir las rehabilitaciones de edificios en general. Francisco Morales, presidente de Granada contra el ruido, "el código es correcto, pero que se diga que va a acabar con el ruido me parece una tontería porque la mayoría de los españoles va a seguir exactamente igual". Según la página web de Aecor, la nueva norma, "lejos de colocarnos al nivel de los países más exigentes de nuestro entorno, nos situarían todavía a la cola, dejándonos por detrás de normativas redactadas en otros países hace más de 10 años, pero por lo menos nos permitirían acercarnos tímidamente a ellos al superar la desfasada y precaria normativa actual".

También en la página web de Aecor se informa que países como Francia, Alemania, Islandia, Noruega, Suecia, Holanda o Estonia no se han conformado sólo con cumplir la norma y poseen además sistemas de clasificación acústica de las viviendas donde se contemplan incluso aislamiento superiores a los que exige la normativa, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. "Habría que ir más allá, la vivienda tendría que ser como cuando vas a comprar una lavadora, tienes algunas etiquetadas con A, AA, B, C o como sea, pero que el usuario conozca las prestaciones que tiene la casa que va a comprar", dice Frías.

Las nuevas prestaciones implicarán, lógicamente, costes añadidos. Aecor ha realizado un estudio, en el que establece que la implantación de la norma en las edificaciones tendrá un aumento de entre el 0,2 y 0,6% del coste ejecución, lo que, según la media del último trimestre de 2008, supondrá un coste de entre 8 y 11 euros por metro cuadrado.

Por otro lado, el CTE deja en manos de las comunidades autónomas el procedimiento a seguir para las comprobaciones, que se realizarán por técnicos de las comunidades o empresas privadas acreditadas. Serán éstas las que tendrán que adoptar los requerimientos. "En las viviendas de protección oficial se comprobará, y los promotores privados estarán sometidos a las posibles inspecciones y denuncias", afirman desde el Ministerio de Vivienda. Pero las asociaciones no abandonan su escepticismo. "Si tenemos en cuenta lo hecho hasta ahora es difícil confiar en que se vaya a controlar su cumplimiento", dice Sáenz.