Aquí hay empleo, por orden del señor alcalde

Con el récord histórico ya de cuatro millones de parados en España, las administraciones buscan soluciones express debajo de las piedras. Gobiernos autónomos y ayuntamientos se han lanzado a crear puestos de trabajo para desempleados, sobre todo para ese millón que ya no cobra prestación alguna, a cuenta de las arcas públicas.

De parados que hacen encuestas en las playas, a otros que trabajan en obras o cuidan a personas mayores, el abanico de planes incluye unos empleos más productivos que otros, con más lógica económica que otros, pero que, en general, levantan ampollas en los discursos del pensamiento liberal. Son tareas de tiempo limitado, a veces de apenas seis meses, y de productividad desigual. Pero paran el golpe de la exclusión social en un momento en que ya un millón de desempleados ha dejado de cobrar cualquier prestación. ¿Son empleos artificiales? Depende. ¿Pan para hoy y hambre para mañana? También depende. Si la ortodoxia hace agua con los bancos y las empresas, ¿por qué no habría de aflojar el puño con los ciudadanos?

Alrededor de un millón de personas en España ya no cobran subsidio

No todos los contratos que se firman son igual de productivos

Para algunos empresarios hay medidas que son sólo cataplasmas

Los ayuntamientos tratan de evitar la exclusión social de los más débiles

El municipio cántabro de Piélagos, con 20.000 habitantes, ha visto dispararse la tasa de paro de la población activa unos seis puntos, hasta el 8,48% (aún muy baja) en un solo mes, de enero a febrero. Su alcalde, Jesús Ángel Pacheco, entre otros planes, ha pedido subvenciones para dar trabajo a una cincuentena de parados de distinta cualificación para todo un rosario de funciones: 15 para arreglar caminos y 12 para la limpieza de ríos. Además, seis para labores de "participación y dinamización social" -realizarán estudios para la alcaldía sobre las necesidades del pueblo, aclara Pacheco-. Otra decena de técnicos para un programa llamado Creciendo juntos que estudiará las nuevas necesidades del Ayuntamiento; ocho más para tareas de recuperación del medio natural. Y, por último, cuatro educadores y técnicos estudiarán las inquietudes de los jóvenes y diseñarán nuevas actividades. De forma descriptiva, este último plan se llama La mar de cosas.

Estos nuevos empleos tendrán una duración de cinco meses. ¿Vale la pena? El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, respondería que no. "No puedo estar más en desacuerdo con la generación de este tipo de empleos artificiales, porque desincentiva la creación de puestos de trabajo reales en la economía competitiva y malgastan recursos que se deberían destinar a proyectos de infraestructuras de energía o agua, por ejemplo", sostiene.

Pero el alcalde cántabro explica sin remilgos la finalidad de sus proyectos: "Estamos de acuerdo en que esto no es una mina, que no estamos fabricando coches, pero van dirigidos a personas que han dejado de cobrar el paro y dan un respiro a muchas familias durante unos meses, mientras la economía se recupera. Así evito que muchos dejen de pagar el alquiler, o las hipotecas".

Muchas veces no son empleos de alto valor añadido, pero se ajustan a los sectores más castigados por la crisis.

La creación de empleo para parados ha sido una constante de los ayuntamientos desde hace años, pero la novedad es que ahora se prima a aquellos que han dejado de cobrar la prestación por desempleo. El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció la semana pasada que impulsaría 11.000 contratos -de al menos tres meses de duración y un sueldo mínimo, de 865 euros mensuales- para parados sin prestación, con el fin de que volviesen a cotizar y a recuperar sus derechos. Las funciones: obras, jardinería y asistencia social; y el coste público: entre 30 y 32 millones de euros.

"Nosotros teníamos una urgencia (58.000 de los parados castellano-manchegos no tienen ya cobertura) y podíamos hacer dos cosas: concederles un subsidio o darles la oportunidad de un trabajo y una cotización, y optamos por esto último porque genera un retorno a la comunidad", explica la consejera de empleo de Castilla-La Mancha, Mari Luz Rodríguez. Es a lo que su presidente, José María Barreda, se refería cuando hablaba de lograr "que no haya lunes al sol". "Claro que tiene lógica económica dar trabajo a la gente mientras salimos del paso", remacha la consejera.

Éste no es un debate de economistas versus políticos, ni de populismo frente a realismo.

La eficiencia económica también requiere dosis de justicia social para ser viable, aclara Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. "No estoy en contra de este tipo de planes, porque es necesario hacer algo. La sociedad no puede tener sensación de injusticia, no pueden ver que sólo se ayuda a los bancos. Es política y socialmente necesario tomar este tipo de medidas, para contener la presión social".

Los economistas tienden a teorizar muchas veces "en vacío", sin considerar si todas esas ideas brillantes que se les ocurren en sus servicios de estudios puede traducirse a la realidad, opina Costas. "Las soluciones que se les ocurren a los economistas, no sólo deben ser lógicas, también deben ser realistas y aplicables", resume.

La anomalía no es única en España. El análisis de la sección Focus del último número de The Economist también hacía referencia a esta tendencia en su último número, el 18 de abril. El artículo, La maldición de los políticos, advertía de que la crisis -se refería sólo a la financiera- podía eternizarse porque los remedios "más eficientes" resultaban "políticamente intragables". Y ponía varios ejemplos. Con los votantes soliviantados por los excesos de los banqueros americanos, el Gobierno de Barack Obama prefiere poner en marcha una serie de seguros para los activos bancarios depreciados -cuando los economistas prefieren ayudas transparentes, frente a los "subsidios encubiertos", más eficientes- porque desatan menos recelos que las ayudas entre los ciudadanos, precisamente por no ser tan transparentes.

"No es demagogia, la sensación de justicia es necesaria para el buen funcionamiento de la economía, porque nadie acepta ningún sacrificio para ayudar a salir de la crisis si siente que todo el coste del problema recae sobre sus hombros sin compartirlo con los demás", remacha Costas.

La cuestión, al final, estriba en qué tipo de empleos se busca crear con los recursos públicos, porque no tiene la misma utilidad un empleo de encuestador que una persona que construye una nueva infraestructura básica para la ciudad.

La consejera catalana de Trabajo, Mar Serna, sostiene que su objetivo político es vincular la formación a la empleabilidad futura a través de los ayuntamientos en sectores "estratégicos" como las energías renovables, la rehabilitación o el cuidado a las personas dependientes, que se espera que generarán puestos de trabajo cuando pase la crisis. "Muchos alcaldes te piden fondos para pequeñas obras y ése no es el objetivo. Pero, por ejemplo, si te piden recursos para formación en biomasa puedes acabar creando una cooperativa", apunta.

Cataluña invirtió 115 millones de euros el año pasado en la promoción por el empleo e impulsó la contratación de cerca de 13.000 personas. De éstos, unos 3.000 desempeñaron trabajos forestales, mejora de equipamientos públicos, actividades de ocio infantil, entre otros. Unos 86.000 desempleados en Cataluña ya no reciben prestación.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, asesor del Instituto de Estudios Económicos y socio de Freemarket International, vaticina cinco millones de parados para este año y le parecen un "derroche" de dinero público estas iniciativas. "Estos empleos son artificiales, subvencionados, no producen nada para la comunidad. No son productivos y sólo sirven para dar tranquilidad a los políticos", protesta este economista.

También tira piedras contra el plan de desarrollo local dotado de 8.000 millones que lanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los que pretendía crear 300.000 empleos este año, ya que "sólo sirve para consolidar el desequilibrio de un sector (la construcción) que necesita un ajuste", según De Quirós. "Nuestros hijos pagarán más impuestos".

Cuando se le pregunta por ello, el economista no ve tantas diferencias respecto al fantasma del subempleo encubierto del régimen soviético, obsesionado con lograr la ausencia total de paro. Algunas crónicas sobre la antigua URSS recogen cómo en algunos hoteles varios trabajadores uniformados desempeñaban funciones que en Occidente corresponderían a un solo puesto o no tendría siquiera equivalente, como por ejemplo, varios vigilantes en cada rellano del establecimiento. En 1988 se calculaba que más de 10 millones de soviéticos desempeñaban trabajos innecesarios.

Pero esto no es la URSS. El teniente de alcalde de Desarrollo Económico de Benicàssim, Ramón Álvarez, está totalmente en desacuerdo con que este tipo de proyectos sean improductivos. "¿Cómo va a ser improductivo dar trabajo al alguien, al menos un año? Es transitorio, hasta que el mercado cree empleo de futuro".

Algunos proyectos dan sus frutos. Este Consistorio, por ejemplo, creó el año pasado un taller de formación en jardinería para 15 alumnos con discapacidad. Una vez completada la formación, ocho de ellos han montado una cooperativa y han dado trabajo al resto. "Nosotros les ayudamos a constituirse legalmente, y a presentarse ante las empresas, y ya tienen varios contratos", explica Álvarez.

Pone más ejemplos. De las 10 mujeres a las que formaron como auxiliares de geriatría durante todo el año pasado, con un sueldo de unos 900 euros mensuales, se ha logrado posteriormente el "pleno empleo".

El reto de los gobiernos, central, autónomos y municipales, es tener la amplitud de miras suficientes para actuar tanto en el corto como en el largo plazo. La consejera de Trabajo e Igualdad de la Junta de Extremadura, Pilar Lucio, defiende esta dirección y asegura que su plan de Apoyo al Empleo Local (dotado con 48 millones de euros) con el objetivo de emplear a personas que han perdido el subsidio se combina con medidas de largo plazo. "Tenemos la obligación de pensar en las medidas estratégicas que ayuden a cambiar el modelo económico y en soluciones que palíen las situaciones extremas. Una comunidad socialista no puede dejar que haya personas sin ninguna cobertura, aunque paralelamente aprobemos también ayudas para las empresas para que, por ejemplo, conviertan de temporales a fijos a sus trabajadores", se explaya Lucio. Los grandes ayuntamientos también impulsan sus planes. El de Barcelona acaba de renovar el Pacto por el Empleo que, entre otras medidas, impulsará la creación de 4.000 puestos de trabajo en servicios logísticos, de asistencia social y construcción, con un presupuesto de 22 millones de euros. Y el presupuesto municipal de empleo del Ayuntamiento de Madrid, muy centrado en la formación, alcanza los 36,1 millones de euros.

Una particularidad de todos estos planes estriba en que no se selecciona al personal por su capacitación, sino que priman las cargas familiares y la situación de carestía, lo que deja claro que no son empleos generados por la lógica del mercado laboral. "No, no lo son, pero es que son trabajos básicos, no estamos seleccionando a todos esos fenómenos que nos han llevado a la situación de crisis en la que estamos", responde molesto el teniente de alcalde de Benicàssim. Sí concibe las críticas que hacen las patronales y una parte de los economistas, pero "es que ellos hablan de otras cosas, de ratios, de rentabilidad, de empresa, y aquí hay que hacer también política para la gente", corroborando, con otras palabras, el imperativo de justicia social del que habla el catedrático Antón Costas y al que se debe el político.

Y es que, preguntado por la utilidad de estos planes de empleo públicos, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Juan Rosell, responde lacónico: "Son cataplasmas", para reivindicar acto seguido una profunda reforma laboral -de nuevo, la reforma- que abarate el despido para facilitar la creación de empleo. Rosell también reclama, incluso en la actuación crisis, más control del gasto público: "Los empresarios podemos decir estas cosas porque no nos presentamos a las elecciones". Exactamente.