La fiscal urge el encarcelamiento de la mujer que casó a su hija a la fuerza

"Os respetamos en nuestra tierra. Respetadnos en vuestra tierra". El matrimonio mauritano condenado por haber casado a su hija a los 14 años y haberla forzado a mantener relaciones sexuales con un hombre 26 años mayor que ella se rodeó ayer de pancartas. "Sólo queremos justicia", decía otro de los carteles. La madre, Hawa Meint Cheik El Bou, se enfrenta a una pena de 17 años de cárcel por un triple delito de agresión sexual, coacciones y amenazas, mientras que el padre, Mohamed Ould Abdallahi, ha sido condenado a un año y medio de prisión por amenazas. Ayer volvieron a la Audiencia Provincial de Cádiz para presenciar la vista en la que la fiscal pide el encarcelamiento inmediato de ambos. Según argumenta, hay riesgo de fuga y su presencia fuera de presidio supone una intimidación hacia la víctima, su hija.

El matrimonio volvió a rodearse también de numerosos compatriotas que portaron los lemas de apoyo. También había algún vecino español, que respaldaba al padre y a la madre y consideraba excesiva la sentencia de la Audiencia. Ese fallo judicial daba por bueno el testimonio de la joven, ahora de 17 años, quien en 2006 había denunciado a sus progenitores por haberla llevado hasta Mauritania y haberla obligado a casarse con un primo lejano de 40 años. En aquel viaje fue forzada a acostarse con su nuevo marido. Una experiencia que tuvo que repetir una vez más meses después en su domicilio familiar de Puerto Real (Cádiz). Fue tras esa noche cuando, asesorada por una familia española que había cuidado muchas veces de ella, decidió denunciar estos hechos.

La sentencia fue demoledora para la madre, que tendrá que pasarse 17 años en la cárcel si se hace firme. Sin embargo, aunque el fallo se conoció hace varias semanas, todavía no había ingresado en prisión ya que la defensa y la Fiscalía la han recurrido. El abogado de la madre pide la absolución y el Ministerio Público ha reclamado todavía una pena mayor por el delito de maltrato habitual. Ayer el matrimonio tuvo que regresar al juzgado porque se celebraba la vista en la que se debatía la petición de la fiscal, Lorena Montero, de que padre y madre ingresen cuanto antes en la cárcel.

Montero justificó ayer esta petición en que existe evidente riesgo de fuga. Argumentó que los dos hijos menores han sido enviados recientemente a Mauritania, un país, según recordó, con el que no existen acuerdos explícitos de extradición. También justifica la medida en que la víctima, su hija, puede sentirse intimidada por la presencia, en un pueblo pequeño como es Puerto Real, de quien la amenazó y la coaccionó durante un largo tiempo. La madre incumplió la orden de alejamiento impuesta en la sentencia y acudió al colegio de la menor.