Las especies protegidas o las obras

A pesar de las protestas de científicos y de grupos ecologistas, el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular) ha intentado tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley del nuevo catalogo autonómico de especies amenazadas, según el cual se rebajará la protección al 50% de las especies en peligro de la comunidad. El registro elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94 de una forma que los expertos califican de "irracional y perversa", puesto que sólo velará por la planta o el animal que esté dentro de un espacio protegido.

El Ejecutivo trató de habilitar el mes de enero -inhábil a efectos parlamentarios- para acelerar la aprobación de la norma, pero no logró la mayoría suficiente. La premura ha provocado un malestar añadido en el grupo socialista canario. Para la diputada Guacimara Medina es inaceptable intentar llevar por la vía de urgencia un asunto que exige el consenso de la comunidad científica. "Estas prisas no tienen nada que ver con los intereses ciudadanos, ni con los de las especies amenazadas", dice. La socialista exige la retirada de la propuesta porque "no cabe mejorarla" ante su falta de rigor científico. Reclama además que se presente como "proyecto de ley" y no como "proposición", fórmula que, según Medina, ha sido elegida para evitar la participación ciudadana y los informes técnicos independientes. Los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad.

Una sentencia paró un macropuerto que amenazaba los sebadales

El director del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de Canarias, Francisco Martín, defiende el rigor científico del nuevo catálogo autonómico, basado en el Banco de Datos (Proyecto Biota) que gestiona el propio Gobierno canario. Aurelio Martín, profesor de zoología de la Universidad de La Laguna, cree que el verdadero problema está en los criterios con los que se elaboran los inventarios e informes, ya que son reglas establecidas por ellos mismos: "No se puede estar de acuerdo, por ejemplo, en valorar el declive de las especies sólo desde 1970".

El reciente dictamen del Consejo Consultivo del Parlamento de Canarias, aunque no es vinculante, alerta sobre la carencia de régimen sancionador y señala con claridad que el nuevo catálogo no puede producir alteraciones que supongan una disminución de la protección en relación al catálogo estatal. El inventario español de especies amenazadas debe ser el referente en la proposición de ley para determinar las especies "en peligro de extinción" y "vulnerables", y, en los casos que supongan disminución de su protección, "tales cambios deberán ser corregidos en aras a la adecuada concordancia entre el catálogo canario y el español".

Este informe, firmado por los juristas Carlos Millán Hernández y José Suay Rincón, señala algunos ejemplos de esa falta de concordancia. Es el caso del pinzón azul de Tenerife, que en el nuevo catálogo pasaría de su actual categoría de "vulnerable" a la de "especie de interés para los ecosistemas canarios", una nueva figura creada por esta propuesta de ley y sin equivalente en el catálogo nacional. Esto otorgaría, según la comunidad científica, una mayor discrecionalidad al Gobierno de Canarias a la hora de realizar una protección efectiva.

Para los detractores del plan, el caso más flagrante es el de los sebadales: fanerógamas que conforman auténticas praderas marinas. Su protección actual como "vulnerables" hizo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) paralizara las obras del puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, pero el catálogo propuesto ahora colocaría los sebadales en el lote de "especies de interés para los ecosistemas canarios". Esto abriría la puerta para eludir la sentencia del TSJC que paralizó el macropuerto, proyecto que prevé una inversión de 380 millones de euros. Precisamente, en su resolución del 4 de marzo de 2009, el alto tribunal señaló "la falta de rigor científico en la descatalogación del sebadal". Es en el desbloqueo de este proyecto donde los opositores ven la principal motivación para la creación del nuevo catálogo.

La asociación Ben Magec / Ecologistas en Acción, de hecho, hace responsable de todo "el lío" al consejero canario de Medio Ambiente, Domingo Berriel. Éste fue imputado hace años por delito ecológico cuando era director de Obras Públicas, al dar el visto bueno a un Plan Parcial en El Cotillo que hubiera destruido una de las zonas vírgenes de Fuerteventura donde habita la avutarda hubara, especie en peligro de extinción a la que el nuevo catálogo canario también rebaja su protección.

En cuanto al sebadal, desde el 1 de enero una orden del Ministerio de Medio Ambiente rescata esas plantas subacuáticas del sur de Tenerife, a las que se otorga categoría de Zona Especial de Conservación, junto a otros 26 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en las costas canarias. La orden es consecuencia de la Ley 42/2007 sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que a su vez desarrolla una normativa comunitaria.

Entretanto, fuentes de Coalición Canaria aseguran que en el trámite de enmiendas "prevalecerá la máxima protección, bien del inventario nacional o del autonómico". Paralelamente se ha ofrecido a discutir la futura normativa con SEO/BirdLife, pero la organización ha declinado la invitación si antes no se retira la propuesta de ley.