La escuela no era del obispo

En torno a 1929 y 1934 el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, quiso inscribir a nombre de la diócesis la basílica del Pilar y la catedral de la Seo, pero tal pretensión le fue denegada. El artículo 5 del Reglamento Hipotecario ha dado lata a la Iglesia desde hace tiempo, como puede verse, porque le impedía registrar como suyos los templos de culto. Con la dictadura de Franco llegaron tiempos espléndidos para las sotanas. La Ley Hipotecaria de 1946, en la que el clero queda equiparado al funcionario público, les permite inmatricular (inscribir a su hombre) propiedades de todo tipo. Menos templos de culto. Eso lo solucionó el Gobierno de Aznar en 1998. Antes de esa fecha y después, la casuística es abundante y, a veces, disparatada: edificios a nombre de la Iglesia cuya propiedad tenía acreditada el Ayuntamiento, dobles inmatriculaciones, es decir, simultáneamente a nombre del pueblo y de la Iglesia, ayuntamientos que registran iglesias y se encuentran con una reclamación jurídica de los obispos, y al revés.

El Ayuntamiento de Ziritza compró la casa parroquial por 123.000 euros

Los expertos dudan de que sea constitucional la Ley Hipotecaria

El caso de Ziritza, en Navarra, ilustra la maraña jurídica de las inmatriculaciones y aventura el final de esta película: Ayuntamientos que tienen que pagar con dinero público lo que un día fue suyo y ha cambiado de titularidad en virtud de una ley que aún concede privilegios propios del franquismo al clero.

Un imponente farallón vertical escolta al pequeño pueblo de Ziritza, de 118 habitantes. A la una de la tarde no se oye un alma, algún ladrido de perros o unos muchachos que, de pronto, aparecen por una esquina. El antiguo lavadero está quieto, la iglesia, cerrada. El que fue alcalde hasta hace unos meses, Rafael Gorostidi, abre con llave un pequeño local, el bar social, y despliega por la mesa la exhaustiva documentación recogida en cuatro años de mandato, donde queda acreditada con detalle la titularidad de los edificios religiosos y civiles del pueblo, así como el intercambio epistolar compulsado entre el Ayuntamiento y el obispado.

Un inventario de 1929 sobre las propiedades del consistorio recoge la casa de la maestra, la escuela, el lavadero antiguo (que ahora es el bar social), el cementerio... ¿Cómo es posible que ahora la casa de la maestra y la escuela (el actual ayuntamiento) estén a nombre de la Iglesia? "Les pregunté por eso, me sorprendía tanto, porque, además, eran edificios civiles. Lo habían inmatriculado en 1980".

Con la autoridad procedente de décadas atrás, la Iglesia parecía haberse hecho propietaria de aquellos dos edificios. Tan es así, que, sin serlo, había cedido la escuela para instalar allí el Ayuntamiento por dos veces, en 1974 y en 1994. También donaron temporalmente la casa de la maestra para vivienda. "Esos documentos de cesión parecen conceder la titularidad de los edificios a la Iglesia, que, en todo caso, los había registrado como suyos en 1980, sin que nadie se lo impidiera, a pesar de que la titularidad del Ayuntamiento era inequívoca", explica Gorostidi.

Así pues, durante un tiempo, la iglesia, la casa del cura, la de la maestra y la escuela, fue del obispado. Perdida la batalla, los abogados aconsejan a Gorostidi la compra de la casa de la maestra si quiere recuperarla para el pueblo. Y el alcalde llega a un acuerdo por 50.000 euros. "Aquí está el papel, con los términos de lo acordado". Pero el obispado navarro se lo salta "y la vende a un particular por 79.000 euros".

La diócesis sigue vendiendo. La casa parroquial es legítimamente suya, aunque la legitimidad la otorgue una ley de dudosa constitucionalidad, como aseguran los expertos jurídicos. Y la adquiere el consistorio por 123.000 euros. Está adosada a la iglesia y la negociación de la servidumbre de paso por el atrio que comparten es casi de los Hermanos Marx, arañando metro a metro.

Ya solo conservan la iglesia, porque la ermita que corona la montaña y el cementerio los inmatriculó el Ayuntamiento en 2008. Ahí llegaron a tiempo. "Porque se quemaron los archivos, si no, hubiera reclamado la iglesia también. En estos pueblos ya casi no tienen uso. Llegué a proponer al Gobierno de Navarra que, en casos así, concediera la titularidad a partes iguales entre la Iglesia y los Ayuntamientos. Cuando no la usen ellos, la usamos nosotros".

La diócesis quería seguir vendiendo. "Querían poner en venta, con la casa de la maestra, la planta baja de la escuela. Les dije que de eso nada, que tenía las escrituras. Y no entraban en razón. Así que hice un tabique y cerré el acceso".

La Iglesia está vendiendo propiedades. Vende, alquila y quizá hipoteca. Una ponencia de la profesora Lourdes Ruano, publicada en la revista Iustel en 2007, señala, entre los efectos beneficiosos de la inscripción de bienes por parte de la Iglesia, el interés que esto tiene "para poder acceder al crédito territorial, esto es, para poder obtener un crédito hipotecario". Lourdes Ruano es doctora en Derecho y experta en Derecho Eclesiástico del Estado. Vinculada a la diócesis de Salamanca, fue nombrada en 2009 miembro de la comisión de expertos para asesorar a la Conferencia Episcopal Española sobre la reforma de la Ley de Libertad Religiosa iniciada por el Ministerio de Justicia.

Así pues, venden, alquilan y quizá hipotecan. Pero muchos Ayuntamientos están ajenos a lo que ocurre con propiedades que creían suyas. IU ha solicitado información sobre este "expolio legal y abusivo" que, a su parecer, está cometiendo la Iglesia. Y piden al Gobierno datos nacionales. Una de sus preguntas registradas en el Congreso interpela sobre la posibilidad de que la Federación Española de Municipios y Provincias informe a los Ayuntamientos de la necesidad de inmatricular "los bienes que les pertenecen, para defender su patrimonio y no hacer dejación de sus derechos". Quizá es demasiado tarde. Este grupo también insiste en la necesidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Y ha presentado una proposición no de ley para debatir en el Congreso este asunto. También la Entesa Catalana de Progrés ha registrado una moción en el Senado que insta a la reforma de esa ley. Preguntado por todo esto, el PSOE prefiere guardar silencio sobre el asunto.