La educación sexual estará garantizada en todos los colegios

El PSOE cerró ayer prácticamente el acuerdo sobre el proyecto de ley del aborto con la izquierda y con el PNV, para que pueda ser aprobado hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso. El único escollo aún no cerrado es el de la capacidad de decisión de las mujeres de 16 a 18 años, para el que los socialistas buscan una fórmula que sea aceptada por la izquierda y por los nacionalistas vascos.

El pacto del PSOE con ERC, IU, ICV y BNG se plasmará hoy en enmiendas transaccionales para garantizar la educación sexual de los jóvenes en todos los colegios, facilitar la financiación pública de los anticonceptivos de última generación y reconocer pero la objeción de conciencia del personal sanitario de forma limitada.

Falta aún por definir la capacidad de decisión de las chicas de 16 años

El objetivo del PSOE y de la izquierda es convertir la llamada ley del aborto en una ley integral que incluya todos los aspectos de la salud reproductiva y sexual, especialmente, los de prevención. Por eso se detiene en la enseñanza. Con la enmienda, se trata de garantizar que la educación sexual figure en los programas educativos, en todas las comunidades y en los centros públicos, privados y concertados. Ahora ya consta de forma genérica en la Ley Orgánica de Educación (LOE) para la ESO, pero, en la práctica, recibir esa educación es cuestión de suerte, porque se aplica de diferente forma en las distintas comunidades y centros. La enmienda transaccional se remitirá a la ESO. Lo mismo ocurre con la inclusión de la práctica de interrupciones voluntarias de embarazo en las carreras sanitarias, como medicina y enfermería. Ésta era una petición del BNG. El anuncio soliviantó a los grupos ultraconservadores como el Foro de la Familia que criticaron la educación sexual.

Respecto a la objeción, había coincidencia entre la izquierda y el PNV para que se reconociera este derecho, pero con limitaciones. Y así se ha hecho. Se limitará al personal médico que interviene directamente en la interrupción voluntaria del embarazo, que deberá expresarlo de forma individual en un registro. Se trata de garantizar que ningún centro deje de practicar abortos por objeciones masivas no personalizadas. La izquierda pactó también con los socialistas José Antonio Alonso y Carmen Montón que para los abortos que se practiquen en los supuestos previstos entre las 14 y las 22 semanas no haga falta la opinión de dos médicos en el informe previo, sino que bastará con uno. También asumieron la petición de que la sanidad pública financie los anticonceptivos de última generación. La enmienda pactada asegura que se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública este tipo de anticonceptivos, como cualquier medicamento.

Gaspar Llamazares cifra en 100 millones de euros anuales el coste de esta medida y asegura que podrá ser para colectivos determinados como jóvenes y rentas bajas y cubrir el 40% o el 100% del coste. Sin embargo, los socialistas no cuantifican la medida y dejan la concreción para el Consejo Territorial, porque, si no, sería precisa una memoria económica de la que carece el proyecto. Los grupos de la izquierda minoritaria han renunciado a ampliar las semanas en las que es posible el aborto sin supuestos. Tampoco se ha incluido finalmente su petición de más garantías de atención en la sanidad pública.

Todas esas enmiendas se aprobarán hoy en la Comisión de Igualdad y la próxima semana en el Pleno. Aún queda el escollo del aborto de las mujeres de 16 años. El PSOE intercambió textos con el PNV, pero los socialistas y los otros grupos de la izquierda mantenían ayer tres líneas rojas: que la decisión última sea de la mujer; que se informe al padre o la madre y que sea la menor la que diga si hay condiciones de conflicto o presión que impidan que se comunique a sus padres.

El PNV rechaza esa posibilidad. Dice que supondría un coladero, porque en todos los casos la menor alegaría esa situación de presión, sin posibilidad de determinar si es cierta o no. Proponen fórmulas alternativas como que sea el médico el que decida, tal y como establece el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente para intervenciones quirúrgicas graves. Joan Tardà (ERC) aseguró que no aceptarían traspasar esa línea roja, aunque los socialistas tengan la urgencia de incorporar al PNV al pacto. El voto del PNV no es imprescindible y cabe la posibilidad de que este punto quede pendiente hasta el pleno.