La dependencia se come la herencia

"Necesitamos casi 3.000 euros mensuales para mantener dignamente a nuestros padres ¿De dónde los sacamos?" Milagros Iglesias, una oficinista de Nova de la Sagra (Madrid) planteó esta pregunta a sus dos hermanos cuando vieron que su padre, ebanista jubilado de 87 años, entró en un proceso acelerado de deterioro físico y demencia senil y que la madre, ama de casa de 86, presentaba lagunas mentales cada vez mayores y escaso ánimo para cuidar de sí misma y de su marido. Los tres hijos, con hipotecas a sus espaldas, sueldos magros y una enorme incertidumbre sobre la estabilidad de sus empleos, entraron en un proceso de angustia hasta que decidieron lo inevitable: renunciar a la herencia y proporcionar a sus padres los cuidados necesarios.

El 87% de los mayores son dueños de hogares libres de cargas

Octogenarios y nonagenarios son más vulnerables a fraudes y abusos

"Aconsejo a mis clientes que jamás donen la casa", dice una abogada

Las hipotecas inversas se han duplicado en el último año

Es una situación cada vez más habitual en España, una salida para afrontar los largos años de esperanza de vida, las ajustadas pensiones y los cuidados profesionales que se requieren en el último tramo de la vida, lastrado frecuentemente por la dependencia. La vivienda, que el 87% de los ancianos españoles posee en propiedad libre de cargas, se ha convertido en el verdadero seguro para un futuro que se presume largo y difícil.

Los tres hermanos Iglesias optaron por recurrir a la hipoteca inversa, un recurso financiero que ha experimentado un auge espectacular en los últimos dos años, los más visibles de la crisis; otros han malvendido acciones para pagar enfermeros o residencias al menos durante unos años; pero cuando no hay patrimonio con el que negociar con el banco o se carece de acciones, se puede rozar la tragedia: ancianos desamparados, familias enfrentadas en los tribunales, cuando no estafas y expolios favorecidos por la vulnerabilidad de los octogenarios.

Este último aspecto del drama, los expolios, han originado un llamamiento de la Fiscalía General del Estado para extremar la vigilancia sobre familiares y cuidadores, la declaración de incapacidad y las modificaciones testamentarias de última hora. Entre otros colectivos, como los médicos y los asistentes sociales, la Fiscalía requiere una vigilancia rigurosa a los notarios, mediadores necesarios en la adjudicación de una herencia.

Ignacio Gomá, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Madrid, viene aplicando cautelas desde hace tiempo, e incrementándolas durante los últimos años, vista la demanda creciente de visitas a domicilios u hospitales para atender a personas sin movilidad. "Antes era relativamente frecuente entrevistar a ancianos de 65 o 70 años. Pero últimamente es usual encontrarnos con nonagenarios, debido a la prolongación de la esperanza de vida. Si antes había que estar atento ante el fraude o abuso, ahora la alerta es máxima, porque, cuanto más mayores, más vulnerables. La gente se siente sola y nuestro trabajo se ha vuelto muy complicado", narra este notario, con 20 años de ejercicio profesional.

Los notarios disponen de mecanismos para actuar en caso de sospecha, que en ocasiones comienza tras la simple intuición. Han aprendido, por ejemplo, que sobrinos y herencias son sinónimos de problemas. "Cuando recibimos una llamada del tipo 'venga a ver a mi tía que quiere testar a mi favor', pienso: empezamos mal", comenta. "Frecuentemente es un sobrino entre otros muchos que ha enredado al anciano al que cuida o visita poco o mucho. Nuestro deber es ayudar al desvalido e impedir que el abusador se salga con la suya".

Las cautelas son de manual: quedarse a solas con la persona que otorga testamento y empezar con la pregunta directa: ¿usted de verdad quiere donar su patrimonio a esta persona? Después, Gomá aplica un pequeño test que una vez le enseñaron unos neurólogos, cuestiones muy sencillas del tipo ¿quién es el actual presidente del Gobierno? o ¿en qué año estamos? o ¿cuándo nació usted? "Si las respuestas son confusas no autorizo el testamento. Por el contrario, si creo que la persona es consciente de sus actos, llamo a algunos vecinos, a los que primero escucho, y que actúan después como testigos de la última voluntad".

Aunque con menor frecuencia, también ha invalidado testamentos con hijos de por medio. "Nuestra longevidad consume el patrimonio. Y eso siempre genera conflictos, sea cual sea el grado de consanguinidad", señala.

Conflictos que acaban a menudo en bufetes especializados en litigios familiares, como LGM Asociados. Manuela García, su directora, acumula una larga lista de casos desgraciados en los que los padres han sido despojados de sus viviendas mediante engaños o falsas promesas. Y cita a Juan Antonio R., un octogenario viudo que se dejó convencer por su hijo para vender la casa y amortizar con ese dinero una hipoteca del hijo que vaticinaba embargo. "No te preocupes, te vienes a vivir con nosotros, te cuidamos y nos salvas de la ruina", le dijeron. Al principio funcionó, recuerda la abogada. "Padre e hijo se querían. Pero la nuera entró en una depresión severa porque no aguantaba al suegro. Decía que no podía convivir con un señor de carácter insoportable y sin el menor hábito de higiene. El anciano acabó dejando el domicilio tras una orden judicial. Ahora el que está con depresión es el hijo".

La letrada lamenta estas tragedias domésticas, pero su larga experiencia profesional le ha enseñado a ser prudente a la hora de emitir juicios condenatorios. "Uno de mis clientes es un pequeño constructor arruinado con la crisis. Embargado y desahuciado, se le han acabado los plazos de las prestaciones y ahora vive con sus hijos en el interior de una furgoneta. Sus padres poseen una buena casa, en la que viven, con todo el derecho del mundo, pero si este hombre tiene que presionar a los ancianos para salvar a sus hijos, tal vez se pueda entender su conducta. Será injusto, pero es así. Hay mucha gente económicamente desesperada. En algún caso es la codicia el elemento que condiciona el comportamiento egoísta de los hijos; en otros, la necesidad extrema. Bajo tanta presión, la gente hace barbaridades".

La directora de LGM Abogados aconseja a sus clientes de la tercera edad que no renuncien a la propiedad de la vivienda porque es el salvoconducto para una buena residencia y para afrontar los costosísimos tratamientos de la dependencia aguda.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 17,8% de la población tiene más de 65 años (3.002.585 hombres y 4.192.819 mujeres), con una de las mayores esperanzas de vida mundial (media de 79,78 años; 76,46 años para hombres y 83,32 años para las mujeres). Hay diagnosticados 800.000 enfermos de alzhéimer, el 65% de los cuales son mujeres.

Estas cifras frías se transforman en dramas cuando se viven de cerca. Manuela García lo padeció con su abuela, una señora que tras una serie de negligencias médicas acabó demenciada. "Rastreamos el mercado y comprobamos que hay muy pocas residencias que cubran la dependencia, y las que hay son muy caras", comenta. El tratamiento de la abuela costaba 3.000 euros mensuales a pesar de que su demencia era de carácter leve. Para la familia supuso un mazazo moral y económico. "Los afortunados que tenemos ingresos, porque tenemos empleo, padecemos también muchas deudas. Por eso nuestros padres se están comiendo el patrimonio y los hijos perdemos las herencias. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación novedosa, que rompe una tradición de siglos? El factor clave es el dinero. Si los hijos viven bien, no suele haber problemas; hay excepciones, pero lo normal es que ayuden a los padres. Los conflictos surgen cuando no hay medios, algo frecuente y que va en aumento", reflexiona.

En situaciones precarias, cada vez más personas recurren a la hipoteca inversa. Se trata de un préstamo concedido por un banco, caja de ahorros o aseguradora mediante el cual el propietario de una vivienda, mayor de 64 años o afectado de dependencia severa o gran dependencia, obtiene una renta. La deuda no puede ser exigida hasta la defunción del beneficiario. Los herederos disponen de un año para vender la vivienda, devolver el dinero al banco y repartirse el resto, si lo hay. Se concede a un interes de entre dos y cuatro puntos por encima del tipo de una hipoteca normal y goza de exenciones fiscales y menores gastos de notaría y registro.

Ante la inexistencia de datos oficiales, Josep Jorge, presidente de la agencia de asesores e intermediarios de hipotecas inversas Jubilarse en Casa, destaca que el pasado año tramitaron 3.000 casos; este ejercicio, sobrepasan las 5.000. Poco a poco están venciendo la desconfianza de los ancianos y sus familias ante esta vía de obtención de fondos que permite costear cuidadores a domicilio o residencias especializadas. "Vivir mucho es muy caro", resume Jorge.

España figura entre los países con mayor esperanza de vida del planeta. Una proyección del Instituto Nacional de Estadística estima que en el año 2050 el 34% de la población -17 millones de españoles- tendrá más de 65 años, de los cuales unos seis millones serán octogenarios. Un futuro que en plena penuria financiera pondría los pelos de punta a cualquier economista defensor del Estado del bienestar. Sin embargo, precisamente en otra peculiaridad española puede estar la solución al problema: más del 87% de los pensionistas posee una vivienda propia. A más vida, menor patrimonio, parece ser la ecuación.

Pero, al menos, existe un patrimonio para garantizar una cierta dignidad en el último tramo de la vida. Aunque eso signifique que la herencia ya no será el principal alivio de las clases medias, sino el recuerdo de otros tiempos.