En defensa de la enseñanza privada
El autor se queja de que las protestas a favor de la escuela pública ataquen a la escuela concertada
El abierto enfrentamiento entre los trabajadores de la enseñanza pública y los gobiernos autonómicos que han aplicado al sector medidas de ajuste parece lejos de solucionarse. Pero el enérgico rechazo que escenifican ahora los sindicatos de la pública no debe hacernos olvidar que la enseñanza, en su conjunto, ya se vio afectada por las reducciones salariales fijadas por el Gobierno de Zapatero en junio de 2010, con la consiguiente merma de ingresos en 2011. Tampoco que los módulos de conciertos sufrieron un recorte del 5% en los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Desde principios de curso asistimos a una oleada de virulentas protestas contra medidas tales como el aumento de dos horas de clase (de 18 a 20) en secundaria en la enseñanza pública. Se ha olvidado, al parecer, que en la enseñanza privada y concertada la jornada lectiva semanal es de 27 y 25 horas, respectivamente. A priori, las movilizaciones de la enseñanza pública -y su mayor o menor motivación política- no son asunto nuestro: en un país libre y democrático cada uno reclama lo que quiere. Sin embargo, estas en concreto sí lo son. ¿Por qué?
Pues sencillamente porque la mayoría de los eslóganes, pancartas, manifestaciones y declaraciones que se están formulando como defensa de la enseñanza pública encierran un ataque a la privada, especialmente a la concertada. Y, de paso, un ataque a la enseñanza religiosa, sobre todo a la católica. Está mal que empleen este recurso sindicatos o asociaciones que se circunscriben a la enseñanza pública, pero que caigan en esta misma práctica los que también están en la enseñanza privada es sangrante.
De hecho, en las manifestaciones celebradas hasta ahora han participado miembros de la organización internacional de la enseñanza (donde están integrados los sindicatos UGT, CC OO, STES, y USO), una entidad que afirma que la educación pública y laica es la única que debe ser promovida por las administraciones.
Tal afirmación, inadmisible para FSIE, explica que nuestro sindicato abandonase dicha organización. Porque afirmar que la enseñanza pública es la única que garantiza la cohesión social, que no discrimina, que no adoctrina, etcétera, es una insensatez que define a quienes la defienden. Lo que pasa es que a ciertas personas no les gusta la visión de la vida o de la sociedad que se transmite desde algunos centros educativos. Pero nadie está obligado a acudir a esos centros: van los alumnos cuyos padres los eligen.
Estas mismas organizaciones no protestan, sin embargo, cuando se adoctrina en temas como el independentismo en varias zonas de España, o cuando el adoctrinamiento es para despreciar a la religión. Aunque igual de español es quien se siente religioso como el que no, quien tiene unas posturas sobre ciertos temas como el que tiene las contrarias.
La cohesión social no se logra intentando excluir al que piensa distinto, sino dando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos para poder elegir libremente el modelo educativo y el tipo de centro que les parezca mejor. Lo contrario es totalitarismo.
Por todo esto rechazamos el vídeo que el PSOE ha editado para su campaña electoral, pues fomenta el enfrentamiento entre la red pública y la privada y achaca de forma indirecta los males de la enseñanza pública a los supuestos beneficios que se conceden a la enseñanza privada. Recomendamos al demagogo que ha diseñado ese anuncio, y a los demagogos que lo han aprobado, que se preocupen por conocer cómo es trabajar en un centro público, en uno concertado y en uno privado y vean dónde están los trabajadores privilegiados y dónde los discriminados. Y deberían hacerlo antes de realizar un anuncio para la siguiente campaña electoral.
Miguel Muñiz es el secretario general de FSIE Madrid (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza)
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