Los casos de pederastia vacían las arcas de la iglesia irlandesa

Tras las revelaciones sobre los reiterados abusos a menores por parte de miembros del clero en las últimas décadas, la Iglesia católica de Irlanda afronta una grave crisis financiera. Debe sufragar grandes indemnizaciones en un contexto de recesión económica y de pérdida de feligreses y de sus donaciones. En un país donde el 87% de la población se declara católica, muchas parroquias han registrado una drástica disminución de sus ingresos; en casos como los de Cashel, Armagh o Tuam, de un 15%.

La Archidiócesis de Dublín, según un documento interno ahora conocido, se halla al borde del "colapso financiero", ha acabado confirmando su directora de comunicaciones, Annette O'Donnell. La institución ha visto muy mermadas sus arcas tras desembolsar 13,5 millones de euros en indemnizaciones a los otrora niños y niñas objeto de los abusos. Algunas de las 199 parroquias de la archidiócesis registran una asistencia semanal a misa de tan solo el 3% de sus feligreses, cuando la media general en la capital es del 20%.

El Ejecutivo le exige que salde las compensaciones con propiedades

A las dificultades económicas se suma la presión del Ejecutivo irlandés en los últimos meses para que las congregaciones responsables de abusos sexuales, físicos y psicológicos a menores acepten la incautación de algunos de sus bienes -sobre todo instalaciones escolares- con el objetivo de sufragar el montante de las indemnizaciones y los costes legales. El ministro de Educación, Ruairi Quinn, tiene previsto volver a convocar el próximo mes a 18 organizaciones religiosas. Solo dos de ellas han respondido positivamente a las demandas del ministro, que reprocha a estas organizaciones haberse quedado muy cortas a la hora de resarcir a las víctimas.

La factura total asciende a 1.360 millones de euros, que deben asumir a partes iguales la Iglesia y el Estado irlandés, a raíz de lo estipulado tras la difusión del Informe Ryan, en 2009, que reveló la extensión de los horrores sufridos sistemáticamente por niños y niñas en los centros religiosos a manos de sacerdotes, monjas y personal seglar. Las órdenes han cubierto hasta la fecha el montante de 300 millones de euros, una pequeña parte en efectivo (20,6 millones, según los datos de Quinn) y el resto en servicios y bienes inmuebles, de los que el Gobierno solo ha podido rentabilizar una cuarta parte por la profunda crisis.

El Gobierno exige que se abone la totalidad y para ello propone traspasar al Estado una serie de propiedades de las congregaciones, como colegios, asilos y tierras. La cesión de los centros educativos es un punto muy sensible para la Iglesia irlandesa, que controla el 90% de las escuelas de primaria, según datos del Ministerio de Educación. Se trata de uno de los brazos de influencia de la institución católica, que tradicionalmente ha ejercido un enorme peso en la sociedad del país (hasta 1985, los preservativos solo podían adquirirse con receta médica, y la legalización del divorcio precisó de otros diez años), incluido el establishment político. El propio Estado irlandés -la policía y la fiscalía- facilitó el encubrimiento de los casos de abusos por el clero católico, como detalló una investigación del Ministerio de Justicia divulgada meses después del Informe Ryan.

Por eso sorprendió la dureza del primer ministro, Enda Kenny, cuando el pasado julio cargó contra el Vaticano por haber minimizado durante años los abusos de los pequeños, anteponiendo la primacía y reputación de la Iglesia. Ese episodio propició que la Santa Sede llamara a consultas a su nuncio en Irlanda, Giuseppe Leanza.