Valencia agudiza el boicoteo a Ciudadanía al impartirla en inglés

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones emergentes del PP tras la derrota electoral del pasado domingo, se situó ayer a la cabeza del boicoteo que realiza su partido contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, una materia obligatoria para todos los alumnos según la ley educativa aprobada en 2006.

Como en Madrid, a los valencianos se les permitirá objetar a la materia

El Supremo dirimirá las distintas sentencias sobre la asignatura

Camps ha dado un paso más que el resto de comunidades controladas por el PP. Madrid ha decidido admitir la objeción de conciencia a esa asignatura a la vez que ofrece a los alumnos que no quieran cursarla actividades alternativas. Murcia dice que no ampara esa objeción, pero que habilitará aulas para objetores. Ayer, la Comunidad Valenciana fue bastante más lejos: amparará la objeción, ofrecerá actividades alternativas y. además, impartirá la materia en inglés.

Fue precisamente el otro gran rostro emergente del PP, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien lanzó la primera piedra la semana pasada, unos días antes de las elecciones, al anunciar que permitiría el boicoteo masivo a Ciudadanía amparándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que admitió el derecho a objetar de un alumno por razones "filosóficas o religiosas". La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo y, además, existen otras resoluciones en Cataluña, Asturias y Aragón en contra de admitir ese derecho. El resto de comunidades del PP (Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y Murcia) habían anunciado que, si su partido ganaba las pasadas elecciones, la materia sería eliminada.

El miércoles pasado fue la Comunidad de Murcia, presidida por el popular Ramón Luis Valcárcel, quien abrió el fuego al señalar que permitiría la objeción pero no la ampararía. Camps fue ayer más lejos que nadie al añadir a la objeción la iniciativa de ordenar que la asignatura se imparta en inglés. Ni hay suficientes profesores preparados para hacerlo ni los alumnos cuentan con nivel suficiente de ese idioma como para enterarse del contenido de la clase, aseguran los sindicatos.

Alejandro Font de Mora, consejero valenciano de Educación, que ya había ido adelantando en los últimos meses la medida, informó ayer sobre las piruetas administrativas que tiene previsto realizar a partir del curso que viene cuando se empiece a dar la asignatura en ESO y primaria (este año ya se enseña en siete comunidades, ninguna del PP, y el próximo la tienen introducir las demás).

Camps da así una vuelta de tuerca al boicoteo a Ciudadanía justo en el momento en que el núcleo con más poder en el PP se recoloca tras la derrota electoral para conseguir mayores cuotas de influencia. Precisamente entre Aguirre y Camps, que han dado a los populares los mejores resultados el 9-M, se han significado en esa pugna por pesar más en la nueva etapa, que se ha iniciado con la salida de Eduardo Zaplana, enemigo de Camps, quien intenta colocar como nuevo portavoz del PP en el Congreso a su número dos, Esteban González Pons. Aguirre, en cambio, prefiere al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

El PP murciano también movió el miércoles ficha. Su consejero de Educación, Juan Ramón Medina, explicó ayer a este periódico que ni aceptará ni rechazará las objeciones a Ciudadanía hasta que no se pronuncie el Supremo y clarifique las distintas sentencias contradictorias entre sí. Pero el hecho es que los objetores tendrán habilitada un aula, quizá también con actividades alternativas, para pasar el tiempo mientras sus compañeros estudian Ciudadanía. Al final de curso, no serán evaluados si no se ha pronunciado aún el Supremo.

Tanto Camps como Aguirre han insistido en que no están promoviendo la objeción y en que no vulnerarán la ley aunque permitan, faciliten y den soluciones administrativas al boicoteo. Sin embargo, el Gobierno ya calificó la decisión de Aguirre de irresponsable por hacer un llamamiento al incumplimiento de la ley. El Ministerio de Educación ha explicado que lo que se está poniendo en peligro es la educación de los niños que objeten, ya que, si no se reconoce finalmente en el Tribunal Supremo ese derecho, no recibirán el título de la ESO. El Gobierno del PSOE ha defendido siempre la como una asignatura, impulsada por la UE, que se enseña en la mayoría de los países europeos y pretende transmitir a los jóvenes los valores constitucionales, los derechos universales o la igualdad. Mientras, el PP, los obispos y distintas organizaciones conservadoras han rechazado la materia porque, aseguran, sólo pretende "adoctrinar" a los alumnos.