La Universidad es para ti, la factura para todos

El debate sobre las matrículas universitarias encarna uno de los principales puntos de fricción entre los dos socios del Gobierno británico: mientras los conservadores siempre han defendido un sistema de libre mercado en el que cada institución pueda decidir la cuantía que cobra a los estudiantes, los liberaldemócratas convirtieron en bandera electoral su oposición a cualquier modelo que redunde en un aumento de las tasas. Los primeros, encabezados por el primer ministro, David Cameron, han ganado el primer asalto, al anunciar recientemente un consenso bipartidista que permitirá al menos doblar la actual tasa límite de 3.290 libras (algo más de 3.700 euros) para ingresar en una universidad de Reino Unido.

El Gobierno británico quiere eliminar el tope de las matrículas

"Existe más presión que nunca", se queja la asociación de alumnos europeos

Que abone más quien pueda, y haya más ayudas para el resto, dice la teoría

La subida de tasas afecta sobre todo a la clase media, la que no tiene becas

Pero ese debate que está sacudiendo el interior del nuevo Gobierno británico no es exclusivo de aquel país, sino que bajo distintas formas y particularidades locales está recorriendo toda Europa. ¿Deben pagar más los estudiantes universitarios por sus matrículas? ¿Deben pagar más (bastante más) solo los que suspendan, como se ha planteado en España? ¿Deben hacerlo todos porque el beneficio del título universitario es sobre todo para el que lo ostenta (beneficio privado, se llama, frente al beneficio social) y porque si no el sistema universitario europeo no va a aguantar la crisis ni va a ser sostenible a largo plazo?

Para distintos sectores, la respuesta es que los universitarios, al menos algunos, tienen que aportar más dinero a su universidad. Primero, porque si fuera más caro estudiar, los alumnos se esforzarían más (en España, un 30% de los alumnos abandonan después de dos años sin obtener titulación alguna y solo un 30% acaba la licenciatura de cuatro años en el periodo previsto).

Asimismo, cobrar más a los que pueden pagarlo, dando ayudas realmente adecuadas a quien las necesita (es decir, con dinero suficiente para que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos), sería más justo que subvencionar a todos por igual, los que tienen para pagar y los que no. En esta corriente estarían economistas como Jose-Ginés Mora o José García Montalvo, quien resalta que la mayor parte del beneficio de los estudios universitarios es privado (es decir, el título redunda en mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos individuales), frente a otros niveles educativos previos cuyos beneficios para toda la sociedad son mucho mayores.

En contra, argumentos que aconsejan no mezclar en el debate tasas y becas, porque tienen misiones, procedencias y destinos diferentes. Y porque con las subidas de las matrículas "los más afectados no son los más ricos, sino los que están en el límite donde las becas no alcanzan", es decir, las clases medias, escribía en un artículo de opinión el pasado mayo el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Julio Carabaña.

"Es importante situar el debate de las matrículas en una discusión más amplia sobre la financiación de la Universidad y la importancia de que diversifiquen la procedencia de sus ingresos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo", dice el secretario general de la Asociación Europea de Universidades (EUA, en inglés), Lesley Wilson. Pero el 75% de los ingresos de los campus públicos europeos procede de los Estados.

Wilson explica que esas subvenciones no deben bajar, pero que las universidades han de aumentar sus ingresos por investigación privada, a través de la filantropía y antiguos alumnos, la formación permanente y otras actividades comerciales. Pero la crisis económica sí ha bajado esa aportación estatal, con recortes presupuestarios desde el 48% en Letonia, hasta el 10% en Italia o en 6,6% en Reino Unido (estos últimos en varios años).

Y eso ha reavivado el debate de las matrículas. "Está clara la necesidad de incrementar la financiación de la educación superior para mantener el ritmo de la demanda y no poner en peligro la calidad. Esa financiación puede ser de dinero público o de fuentes privadas. Cada Estado miembro tendrá que revisar su estructura y elegir lo más adecuado. Pero está claro que los países optan cada vez más por introducir o ampliar el cobro de matrículas", resume el portavoz de Educación de la Comisión Europea Dennis Abbott.

"Existe más presión que nunca para tomar ese camino fácil [la subida del precio de las matrículas]", dice a través del correo electrónico la lituana Rasa Cincyte, del comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Europeos (ESU, en siglas inglesas). Cincyte asegura que entiende los desafíos de afrontar la crisis y pensar en la sostenibilidad del sistema a largo plazo, sin embargo: "Ver la educación universitaria como un bien privado es un enfoque muy preocupante", añade.

En general, los precios de las matrículas en Europa han sido y son más bajos que en EE UU, el espejo que se suele usar en los debates universitarios, aunque dentro de una enorme variedad que iba, en el curso 2007-2008, desde la gratuidad en los centros públicos en los países nórdicos, hasta los 1.500 euros en Holanda, u horquillas de hasta 3.400 euros en Lituania, según el informe del grupo alemán de investigación económica Cesifo.

En países como Austria, Dinamarca o Irlanda se ha debatido la introducción de matrículas, cuenta Abbott. En Alemania, se introdujeron en algunos Estados en 2007. Incluso Finlandia, Suecia y Dinamarca han empezado a introducir el pago de matrículas para algunos programas y a cobrar a los alumnos extranjeros.

En el lado contrario está el rechazo social a este tipo de medidas, representado de forma más visible por los estudiantes. "Hay algunos logros que demuestran que la dirección opuesta [a subir las matrículas] también es posible. Por ejemplo, Irlanda, que se deshizo de los derechos de matrícula no hace mucho. Además, una investigación llevada a cabo por la Asociación de Estudiantes Europeos en 2007 demuestra que en algunos países la situación financiera ha empeorado debido a la introducción de la matrícula o el aumento de los montos sin aumentar la disponibilidad de préstamos y ayudas", advierte Rasa Cincyte, de la ESU.

Mientras, en el Reino Unido el debate continúa. En un gesto que amenaza con revuelta en las filas de su propio partido, el liberaldemócrata Vince Cable, secretario de Negocios, fue el responsable de defender en los Comunes hace apenas unas semanas la impopular medida de quitar el límite máximo de las matrículas, amparándose en las "actuales circunstancias económicas" y en un análisis independiente encargado por el Gobierno sobre el modelo de financiación de la educación superior difundido ese mismo día. Dirigido por el ex consejero delegado de la petrolera BP, John Browne, el estudio defiende en realidad la anulación de cualquier tope en el precio de la matrícula, aunque considera razonable que el coste medio de la misma ronde las 6.000 libras (unos 6.700 euros). Cable aceptó ese incremento como fórmula para recortar los subsidios del Gobierno a las universidades (lo que hoy paga el estudiante no cubre el coste real del curso), pero titubeó sobre la propuesta de que algunas instituciones de élite cobren todavía más para mantener la competitividad.

En un fiel de la balanza están los argumentos como el de la Universidad de Cambridge, que calcula el coste real por estudiante en unas 9.000 libras (unos 10.140 euros). En el otro, la "pesadilla" que afronta la Universidad de East London, sede de una colonia estudiantil muy variada étnica y socialmente: si le "permiten" aumentar el precio de las matrículas, en realidad una obligación a causa del recorte de los subsidios gubernamentales, se arriesga a perder a centenares de universitarios de clase humilde. El visto bueno a esa flexibilidad en las tasas, un punto muy sensible porque rememora el endémico clasismo de la sociedad inglesa, es una de las grandes incógnitas que penden sobre la reforma universitaria, cuyos detalles se conocerán en las próximas semanas.

Hasta entonces, lo que los futuros alumnos ya saben es que el coste de su carrera sufrirá un drástico aumento, si bien podrán sufragarlo a través de los préstamos para estudiantes; pueden empezar a devolver el dinero cuando estén trabajando y sus ingresos superen las 21.000 libras anuales. Por el contrario, aquellos licenciados con recursos económicos para saldar la deuda casi de inmediato deberán abonar una tasa de penalización, al estilo de las que se pagan cuando se cancela un préstamo hipotecario.

La fórmula es calificada de más equitativa por un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales, que cree beneficioso para los estudiantes de escasos recursos la posibilidad de saldar el préstamo con su universidad a lo largo de muchos años. Otros medios, como la Asociación Médica Británica, alertan sobre la perspectiva de que muchos estudiantes acaben endeudados hasta las cejas después de graduarse.