Sólo la escuela mixta recibirá dinero público en Cataluña

Coto a las escuelas que separan a los alumnos por sexos en Cataluña. Los centros que practiquen la segregación por género no recibirán más subvenciones de fondos públicos, según el proyecto de Ley de Educación que el Gobierno de la Generalitat aprobó ayer. El texto especifica que los centros concertados deben ser mixtos. Los que incumplan esta condición quedarán excluidos del concierto económico que ofrece la Administración catalana.

La medida afecta a los 16 centros concertados de Cataluña que admiten sólo a escolares del mismo sexo -ocho de estas escuelas escolarizan exclusivamente a niñas y las otras ocho a niños-. Estas escuelas, ligadas al Opus Dei, según el Departamento de Educación, dejarán de percibir las subvenciones cuando se revise el concierto económico, proceso que se realiza cada cuatro años.

La futura ley otorga más autoridad a los centros, que podrán fijar su programa y objetivos. A cambio, instaura un sistema de evaluación interna por el que deberán dar cuentas de sus decisiones. El director de la escuela adquiere rango de autoridad pública y la ley le dota de mayor poder en caso de conflictos. La norma otorga a la Generalitat competencia exclusiva en el currículo escolar, lo que según el Gobierno catalán le exime de aplicar la tercera hora del castellano fijada por la Administración central. Sorteará así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que le obligaba a ello.

La lengua vehicular es el catalán, pero, como ya establece la actual normativa, los padres podrán solicitar educación en castellano. Durante el ciclo no obligatorio de la educación infantil (de tres a cinco años) o en el primer curso de la escolarización básica (a los seis años). En ambos casos, el centro deberá atender a los alumnos a través del propio profesor o mediante uno adicional. Nunca podrá dividirse a los alumnos por motivos lingüísticos.

Los padres deberán solicitarlo a través de los impresos de inscripción escolar, que mantendrán una casilla sobre la opción del idioma. Este derecho se contempla desde 1998 pero la celda del castellano no apareció en los formularios hasta 2006, lo que llevó a la Justicia a fallar que la Generalitat incumplía su propia ley lingüística. El sistema catalán tiene 1,1 millón de alumnos y recibe una veintena de solicitudes al año para escolarizar en castellano.