Solo uno de cada 10 animales amenazados está protegido
España necesitaría al menos 23 áreas protegidas más para vertebrados terrestres y plantas, y alrededor de 70 nuevas reservas (o microrreservas) para los invertebrados amenazados, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad
"Tan solo el 9,4% de las especies animales con peor estado de conservación poseen al menos un plan de actuación en alguna parte de su área de distribución". El resto, es decir la gran mayoría, no tiene ninguno, según revela el informe Biodiversidad 2010. La mitad de actuaciones aprobadas (53,5%), así como la mitad de las especies para las que se ha adoptado algún programa (48,4%), son aves; casi una cuarta parte, mamíferos; y solo seis especies de invertebrados, otras seis de peces, cuatro de anfibios y tres de reptiles. "La peor situación se da en Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Andalucía, que no han aprobado ningún plan de actuación [ni para animales ni para plantas] durante los 20 años transcurridos desde que apareció el primer Catálogo de Especies Amenazadas", destaca este octavo estudio temático del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), que denuncia asimismo el caso de Cantabria y Galicia, donde "solo se ha aprobado el plan de recuperación del oso pardo".
España necesitaría al menos 23 áreas protegidas más para vertebrados terrestres y plantas, y alrededor de 70 nuevas reservas (o microrreservas) para los invertebrados amenazados. Es una de las recetas de este trabajo cuyas conclusiones, a la vista de los datos recopilados, no pintan nada bien para la fauna ibérica en peligro de extinción. "Para un conjunto de 96 especies, los modelos estiman que perderán condiciones climáticas favorables en un 13% de la superficie que ocupan actualmente, lo que provocará, probablemente, extinciones locales". Las mayores pérdidas se producirán "en el Sistema Central, Sierra Morena y Picos de Europa, así como las serranías de Cádiz, y las áreas comprendidas entre los límites de las provincias del País Vasco y Navarra, sur de Galicia y norte de Zamora".
Este análisis pone de manifiesto que la presión sobre el territorio debe disminuir también en las zonas no protegidas actualmente pero que pueden ser los refugios de mañana, teniendo en cuenta el previsible desplazamiento hacia el norte, y hacia las partes altas de las montanas, de las distribuciones de los árboles, como consecuencia del cambio climático. "Sería aconsejable una política de adaptación mediante, por ejemplo, la creación de corredores ecológicos que permitan huir en la dirección necesaria; la protección de áreas que vayan a ser fundamentales para conservar algunas especies en el futuro; o, incluso, la facilitación de propagación de las que no puedan moverse al ritmo que impondrá el cambio climático", recomienda.
"La conectividad y coherencia ecológica del territorio son dos aspectos fundamentales para conservar la biodiversidad que no están siendo tenidos suficientemente en cuenta", se lamentan los investigadores, que alertan del "peligro de eliminar los corredores ecológicos, creando guetos de hábitats protegidos aislados entre sí". Para evitarlo, resulta fundamental "aplicar una política agraria y de desarrollo rural eficaz, que potencie la agricultura extensiva y que promueva el pago a los agricultores y ganaderos por los servicios ambientales que prestan al resto de la sociedad, al conservar la biodiversidad con sus actividades".
España, que se caracteriza dentro de Europa por su riqueza de vida, está perdiéndola a marchas forzadas y, al igual que el resto de países del continente, tampoco ha sido capaz de alcanzar el objetivo europeo 2010 para detener su hemorragia. Causada principalmente por el cambio climático, los incendios forestales, las especies exóticas invasoras, el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación y los cambios de uso del suelo, entre los que destacan "la artificialización del territorio, la agricultura intensiva y el desarrollo de infraestructuras de transporte". El 20% de las nuevas zonas artificiales se han construido sobre bosques, matorrales y pastizales, según enfatiza la investigación, que sentencia: "En los últimos 20 años, las zonas donde habitan especies en peligro de extinción han sufrido el mismo grado de modificación por la actividad humana que el resto del territorio. Albergar poblaciones de especies amenazadas no parece, pues, "ser un factor decisivo capaz de detener la presión transformadora de nuestros usos económicos".
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