Obama cede a la presión y renuncia al plan para atajar las emisiones

El Gobierno de Barack Obama abandonó ayer sus planes de reducir los niveles de contaminación, renunciando a imponer nuevas restricciones a las emisiones de ozono por fábricas, vehículos y plantas de procesamiento de residuos. La Agencia Ambiental se disponía a establecer en los próximos meses nuevos límites, pero Obama le ordenó que no lo haga porque impondría un grave lastre sobre la economía.

Obama escribió ayer a Lisa Jackson, la directora de la agencia (EPA, por sus siglas en inglés), ordenándole que no finalizara la propuesta de los nuevos límites a las emisiones, que serían válidas, al menos, durante dos años. El anuncio llegó a la vez que el dato del desempleo en agosto, estancado en el 9,1%.

La medida retirada pretendía salvar 12.000 vidas anualmente

La iniciativa iba a ponerse en marcha en un año de elecciones

"Siempre he subrayado la importancia de reducir las cargas y la incertidumbre regulatorias, sobre todo cuando nuestra economía aún se halla en estado de recuperación. Teniendo eso en cuenta he decidido pedirle a la administradora Jackson que retire las Normativas Ambientales Nacionales sobre Ozono y Calidad del Aire en este momento", dijo el presidente. "No puedo apoyar la idea de pedirle a las autoridades que comiencen a imponer nuevas normativas que pronto tendrán que ser reconsideradas".

Normalmente, el Gobierno federal debería revisar las normas de emisiones de ozono cada cinco años. Está demostrado que esa sustancia causa dolencias respiratorias y coronarias. La última vez que se fijaron esos límites fue en 1997. La Administración de Bill Clinton estableció los máximos de ozono troposférico en 84 ppb (partes por billón, empleando la terminología norteamericana, donde un billón equivale a mil millones). Ese índice mide las partes de ozono con respecto a las partes de aire.

George W. Bush ordenó modificarlas, y la EPA, bajo su mandato, sugirió reducir el límite de 84 a 75 ppb. Meses después, Obama nombró a Jackson como directora de la EPA. Esta desestimó las órdenes de Bush y se propuso endurecer considerablemente esos límites antes de que venciera el plazo en 2013. Un grupo independiente de científicos le aconsejó que bajara el tope a 70 o 60 ppb. Estimaban que así se salvarían 12.000 vidas al año.

Jackson lo asumió, y tenía previsto, con el beneplácito de Obama, imponer un reglamento que hubiera afectado a fabricantes de coches, empresas, refinerías y a las plantas de tratamiento de residuos. Se hubiera tenido que imponer y supervisar al nivel estatal y local, lo que, además, hubiera aumentado los gastos burocráticos.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes del Congreso, habían criticado esa propuesta por el efecto negativo que podría tener para la economía y ya habían anunciado que votarían para vetarla. Esta, además, hubiera comenzado a implantarse en 2012, que es año de elecciones.

Este mismo verano, diversas asociaciones empresariales (incluida la Cámara de Comercio y la principal patronal del sector del crudo) se reunieron con Jackson para que optara por una propuesta menos ambiciosa. Su queja principal era que impondría numerosos gastos en nuevas instalaciones en medio de la crisis. La patronal Manufacturers Alliance estimó que su coste, en una década, sería de un billón de dólares (703.000 millones de euros).

No es esta la primera ocasión en que Obama rebaja sus ambiciones ecologistas. En el acuerdo al que llegó con los republicanos en abril para aprobar su presupuesto de 2012, aceptó recortar el presupuesto de la EPA en un 16%. Aquello hizo imposible una propuesta de la Casa Blanca de inspeccionar cada fábrica y cada refinería del país que emitiera más de 75.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Aquel era uno de los últimos recursos que le quedaban a Obama para cumplir con su compromiso, asumido en la cumbre del clima de Copenhague, de reducir las emisiones de CO

2 en un 17% para 2020 con respecto a los niveles de 2005.