La Ley de Ciencia, dos años parada, ahora es urgente

La nueva Ley de la Ciencia, cuyo borrador se acaba de presentar, tiene que ir muy rápido, según los planes del Gobierno, que ha puesto ya fecha (el 12 de marzo) para discutirla en el Consejo de Ministros, pese a que la elaboración del borrador se ha dilatado durante casi dos años. Ahora el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene un calendario apretado de debate con los agentes sociales, las organizaciones científicas y los expertos. Ayer mismo, el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, se reunió con los miembros de la comisión que hace más de un año participó en la elaboración del primer borrador y hoy lo hará con los representantes de los sindicatos.

Pétriz dijo ayer a los expertos que ésta es una ley "posibilista" y que es un borrador de Gobierno, en el sentido de que su contenido ha sido ya debatido con varios ministerios implicados. En la prolongada y accidentada preparación del documento, que arrancó casi a la vez que el Ministerio de Cristina Garmendia, en 2008, los aspectos más avanzados de reestructuración del sistema español de I+D, como la mayor autonomía de gestión de la financiación, se ha topado con el rechazo del Ministerio de Economía y Hacienda.

El borrador resultante (76 páginas) de ese "posibilismo" de Pétriz puede ser eficaz para superar escollos del sistema actual de I+D, reformar estructuras y eliminar obstáculos de funcionamiento, pero no parece que vaya a suponer una transformación del modelo, apuntan los primeros análisis. Varios expertos destacaron ayer elementos positivos del borrador, como las reformas que afectan a las universidades, y sugirieron que la ley debe centrarse en introducir mejoras y una mayor flexibilidad en el funcionamiento de la actividad de I+D.

Sin embargo, es notable la indefinición de la nueva Agencia de Investigación, cuya funcionalidad, autonomía real y eficacia para mejorar los mecanismos actuales de financiación competitiva de la I+D dependerán de su futuro estatuto y organización, no reflejado en el borrador.

"Hay que aclarar contenidos y calendarios, pero vemos puntos positivos, como los contratos laborales de los niveles de acceso al sistema o la mayor movilidad de personal entre los organismos públicos de investigación (OPI); sin embargo, falta, por ejemplo, regular la carrera profesional de los técnicos de laboratorio y de los gestores", avanzó ayer Emilio Criado, representante de Comisiones Obreras en el CSIC.

La carrera científica, un eje principal de esta futura ley, aporta la novedad de los contratos laborales para los científicos en formación (predoctorales), y los de acceso al sistema de ciencia, es decir, los dos primeros escalones, lo que muchos valoran positivamente. Pero a partir de ese nivel, el sistema se mantiene en el régimen funcionarial actual del sistema. Incluso los contratos de científicos distinguidos serán temporales, lo que dificulta la captación de grandes figuras de la investigación si no se puede ofrecer permanencia en el trabajo.