Justicia dice que la custodia compartida no se impondrá a quienes "no la deseen"

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer que la custodia compartida de los hijos que se va a introducir en la reforma de la ley del divorcio no va a ser impuesta "a los cónyuges que no la deseen" ni se acordará en ningún caso "contra el interés de los menores". El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la reforma, que, según explicó el ministro de Justicia, "simplifica" los trámites judiciales al eliminar la separación y las causas de culpabilidad y "garantiza los derechos de la parte perjudicada y, siempre, los derechos de los menores".

En respuesta a las críticas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas sobre la introducción de la figura de la custodia compartida, López Aguilar quiso lanzar un mensaje de tranquilidad en nombre del Gobierno: "En ningún caso", aseguró, "se va a imponer la custodia compartida como una imposición a los cónyuges que no la deseen, o contra uno de los cónyuges que pudiera objetarla en términos que fuesen válidos ante la justicia civil, y en ningún caso contra los menores".

La reforma establece la posibilidad de que los padres puedan proponer al juez un convenio para que la guarda y custodia de los menores sea ejercida por uno de ellos o por los dos conjuntamente. El juez oirá a los hijos mayores de 12 años, y antes de adoptar una decisión podrá recabar el dictamen de un facultativo. En caso de que no haya acuerdo entre los padres sobre la custodia compartida, el fiscal informará como "protector y garante de los derechos del menor". El juez resolverá la controversia "en beneficio de los hijos" y "procurando no separar a los hermanos".

"Lo que se ofrece", subrayó el ministro de Justicia, "es una posibilidad que actualmente no está en la ley para que los cónyuges puedan acordar por escrito la custodia compartida. Es una opción disponible para las partes. Si hay discusión, será el juez el que resuelva en beneficio de los hijos". López Aguilar precisó que la decisión judicial que ponga fin a la controversia se regula por el régimen vigente que deja intacto el artículo 156 del Código Civil.

"Remoción de barreras"

El hecho de que la custodia sea confiada a las mujeres de forma estadísticamente muy mayoritaria "no tiene asiento legal", según el ministro, sino que es "una práctica judicial" que convoca a todos los poderes públicos a una acción de "remoción de barreras" para la "igualdad en derechos y oportunidades de hombres y mujeres".

El ministro justificó la reforma en que "no solamente está facilitando la vida a la gente en este país, sin rigores innecesarios", sino que "contribuye a un mejor funcionamiento de la justicia civil.

El Gobierno abrirá ahora un trámite consultivo con el Consejo del Poder Judicial, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo General de la Abogacía y también con asociaciones de mujeres y con abogados y jueces de familia, agregó el titular de Justicia.

Sobre el contenido concreto de la reforma destacó que, para la simplificación del procedimiento, "se elimina la separación como procedimiento judicial previo exigido para acceder al divorcio". Así, al eliminarse el doble procedimiento de separación y divorcio, se ahorra "el coste económico, procesal, costes en la saturación de la Administración de Justicia, pero, sobre todo, el coste emocional, personal y moral".

La modificación del artículo 81 del Código Civil hará posible el acceso directo al divorcio, cuando haya acuerdo de ambos cónyuges y se redacte un convenio regulador que contenga los términos en que quedaría disuelto el régimen económico matrimonial y a quien se atribuye la guarda y custodia de los menores.

En el caso de que lo pida uno sólo de los cónyuges, se exige el requisito de que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio, "salvedad hecha del caso en que haya mediado demanda por malos tratos". El ministro explicó que dicha salvedad es congruente con la "batalla frontal" contra la violencia de género e intrafamiliar.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que la reforma del divorcio complementa la ley integral contra la violencia de género, pues dos de cada tres casos se registran en parejas en proceso de separación. Con la ley actual, explicó Fernández de la Vega, el Estado pregunta a los cónyuges por qué se quieren separar y muchas veces les pide pruebas. "No tiene sentido, nadie tiene que justificar por qué se casa y nadie tiene que justificar por qué se separa", dijo.

La modificación del artículo 97 del Código Civil "regula mejor la protección de la parte que pueda resultar perjudicada por la disolución del matrimonio", según el ministro. Las circunstancias que determinarán la pensión compensatoria son prácticamente las mismas que ahora.

El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, afirmó que esperaba que la ley pudiese "ser aprobada al principio del próximo periodo de sesiones, es decir, a principios del próximo año.