Invento español, patente en inglés

"España es un país que se gasta más en lotería que en I+D+i". Para Javier Mozón, presidente de Indra, una de las grandes corporaciones tecnológicas españolas, el desastre parece inevitable. Podría decir también que España tiene una alta tasa de fracaso escolar, que siempre anda rondando la plusmarca en cuanto a fuga de cerebros o que las universidades españolas nunca aparecen en los rankings de prestigio. Los españoles, apunta Monzón, tienen "poco afecto" a los conocimientos científicos y técnicos. Si el esfuerzo, la pasión y el dinero que le dedican al fútbol se destinase a la investigación y a la ciencia, España no estaría ahora librando, a la desesperada y a la defensiva, una batalla en la Unión Europea por preservar el de Ramón y Cajal como un idioma en el que se pueda patentar a escala comunitaria. Que un país que en un siglo solo ha contado dos premios Nobel científicos, Ramón y Cajal (1906) y Severo Ochoa (1959), da idea de lo arduo del empeño.

Inglés, francés y alemán tienen las de ganar en la oficina europea

El sistema actual, que obliga a registrar en los países, es un atraso

El coste de la protección en la UE es de 20.000 euros; en EE UU, de 1.800

Fracasó la propuesta de usar siempre el inglés y otra lengua

El 40% de las patentes de la UE son alemanas; solo un 6% británicas

El dinero que se ahorra en burocracia servirá para investigar

La de la patente comunitaria es una guerra casi tan vieja como la propia Unión, que tras medio siglo de trifulcas (incluidos larguísimos periodos de cese de hostilidades) vive ahora una fase que alguno ha llamado la madre de todas las batallas (lingüísticas), con traiciones, desprecios y sentimientos ofendidos. Con el apoyo de la Comisión Europea, inglés, francés y alemán llevan las de ganar en un conflicto que tiene tan hastiados a muchos Gobiernos que muy bien pudiera ser el de la patente comunitaria uno de los primeros casos en que se aplique el principio del Tratado de Lisboa que permite la cooperación reforzada entre Estados, es decir, que la alianza establecida entre, como mínimo, nueve países, permita seguir con un proyecto común si no hay modo de llegar a un acuerdo entre los Veintisiete.

La razón para cambiar el actual sistema de patentado, que obliga a traducir un registro a la lengua del país en que se quiera aplicar o defender, por otro menos complejo y más barato, es que con él la Unión de los 500 millones de habitantes y 23 lenguas oficiales no puede competir con Estados Unidos, donde 310 millones hablan y patentan en inglés. Como promedio, una patente cuesta 10 veces más en la UE que en Estados Unidos, lo que resta competitividad a las empresas europeas en un mundo globalizado. Los costes de validación de patentes en la babel europea obligan a algunos inventores a patentar solo en algunos países, mientras que un registro válido automáticamente en toda Europa podría crear un mercado tecnológico capaz de rivalizar con EE UU.

Hoy día, a un inventor español que quiera proteger su creación en el mercado nacional le basta con patentarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero si tiene ambiciones extrafronterizas deberá presentar su proyecto ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), fundada en 1977 y radicada en Múnich, un ente en el que participan unos 40 países, incluidos todos los de la Unión.

Una patente completa consta de la parte descriptiva, donde en unas 20 páginas de promedio se presenta la invención (en qué consiste, qué novedad aporta, cómo funciona, nombre comercial, diseño...), y de las reivindicaciones, un texto corto de unas dos páginas con el núcleo de la invención y el alcance de la protección buscada. Esa es la documentación que analiza Múnich, donde la tramitación se hará en una de las tres lenguas de procedimiento de la OEP, francés, inglés y alemán, a elegir por el inventor. Una vez concedida la patente, el inventor debe depositar también la traducción de las especificaciones en las otras dos lenguas. Ya tiene la patente europea. Pero nada más. Ahora deberá validarla en todos los países en que quiera protegerla, lo que genera una espiral de costes de traducción, de gestión, de mantenimiento anual del derecho de propiedad intelectual, que suponen unos 20.000 euros solo para validar la patente en 13 países de la Unión, según datos de la Comisión. Una patente en Estados Unidos cuesta unos 1.850 euros.

Contra esa multiplicación de costes se alza el plan de la Comisión, que propone limitar las gestiones al marco de la OEP y que la patente así aprobada, en cualquiera de las tres lenguas de procedimiento, sea la buena y única a escala comunitaria. La publicación en el registro oficial de la OEP incluiría las traducciones a las otras dos lenguas oficiales. De este modo desaparecen los gastos de validación y mantenimiento en los distintos países y lenguas. Se acabaron los trámites engorrosos por todo el continente. Y para mantenerla viva durante sus 20 años de vigencia bastaría pagar los derechos en la propia OEP. El Ejecutivo comunitario estima que los 14.000 euros que se van ahora en traducciones para 13 lenguas quedarían reducidos a 680.

Intentos de diverso tipo y en distintas circunstancias por parte española para sumar la lengua de Ramón y Cajal a las otras tres en la primera división lingüística del acervo comunitario, se han estrellado contra la burocracia de Bruselas no sin acres intercambios verbales. Durante la presidencia española, en el primer semestre de 2010, Michel Barnier, el comisario de Mercado Interior, viajó varias veces a Madrid, dicen sus allegados que con intención de encontrar una solución que no molestara a España. Dicen también que de sus entrevistas con José Luis Rodríguez Zapatero sacó la impresión de que el conflicto estaba en vías de solución.

Fuentes de Exteriores desmienten que España hubiera cedido, y reprochan al comisario que, tras haber hecho creer que el español y el italiano formarían junto con las otras tres lenguas de la OEP el canon de lenguas procedimentales, "de forma sorpresiva giró a tres lenguas" el pasado 1 de julio, justo al día siguiente de que España cediera la presidencia de la Unión a Bélgica. La Comisión estima que añadir dos lenguas a las tres básicas y traducir a ellas solo las reivindicaciones supondría a los usuarios en torno a los 1.360 euros adicionales. Lo que no parece mucho por lograr la paz de una vez.

Pero no. La actual presidencia presentó hace unos días una variante del régimen trilingüe con una indefinida interinidad para la lengua española que también ha repudiado Madrid.

"Es una propuesta discriminatoria imposible de aceptar" dice Diego López Garrido, secretario de Estado de Asuntos Europeos. "La no discriminación es un principio nuclear de la UE". España llegó a ofrecer la alternativa de que todas las patentes se tradujeran al inglés y a una segunda lengua a elección del interesado, pero tal salida fue rechazada por Alemania y Francia. También fue rechazada la propuesta llamada English Only (Solo inglés). El comisario se enfurece ante quienes le preguntan si su celo a favor del sistema de Múnich está relacionado con su nacionalidad francesa. "No tolero esa insinuación", replica. "Yo he jurado defender los intereses de la Unión por encima de los de ningún país, y creo que el sistema de Múnich es el mejor".

"Todos tenemos que ceder para llegar a un acuerdo", mantiene López Garrido, que esgrime el apoyo de Italia, Polonia y Chipre y el expresado por las organizaciones patronales de esos tres países y de Portugal. Tales empresarios reclaman "un consenso para que todas las patentes sean accesibles en inglés con efecto jurídicamente vinculante y que el inglés sea la lengua de litigación en caso de conflicto". Para López Garrido la exclusividad de las tres lenguas es una línea roja que España no va a cruzar. Pero ni Alemania ni Francia van a cejar en la defensa de sus lenguas respectivas.

"Veintiséis de los Veintisiete querían negociar y tenían mandato para ello, pero una delegación ni tenía mandato ni quería negociar", manifestó hace unos días el ministro belga de Empresas y presidente de turno de la UE, Vincent Van Quickenborne, al concluir sin acuerdo un Consejo de Ministros extraordinario sobre el asunto. No identificó al disidente, pero solo podía estar pensando en uno. "Es un insulto decir que España no tenía mandato", responde una fuente española.

Madrid alega que en caso de conflicto las empresas españolas tendrán que defenderse en una lengua que no es la propia y mantiene que con la desaparición del español como lengua a la que se traduzca la patente comunitaria la lengua española se pierde como una fuente de conocimiento tecnológico, porque las patentes y su difusión dan pie a nuevos desarrollos e inventos. Bruselas replica que habrá traducciones automáticas a todas las lenguas y que el régimen lingüístico ante los tribunales está pendiente.

El hecho es que el inglés es hoy en día la lengua de la ciencia y la tecnología. Hay países como Holanda y Suecia que han asumido la inglesa como lengua tecnológica, algo que España no ha hecho. La holandesa Philips presenta más patentes en la OEP que toda España, y lo hace en inglés. En Múnich el inglés arrasa porque es como presentan sus patentes para Europa potencias como Estados Unidos, Japón, Corea de Sur o China. El año pasado, el 41,2% de las patentes que la OPE concedió a empresas europeas fueron otorgadas a firmas alemanas; el 14,6%, a sociedades de Francia, y el 1,26% a compañías de España (348 de 27.601). Italia tuvo el 7,21% y Reino Unido, cuna del inglés, un escaso 5,96%.

Ese magro 1,26% es un punto débil en el argumento español de que la competitividad y la innovación tienen que basarse en la no discriminación. En el pulso lengua-ciencia influye más la investigación y la invención (donde España es un peso pluma) que una lengua como la española (peso pesado global). De hecho, el actual desafío en torno a la patente comunitaria oculta otro de mayor calado, el intento de algunos de consolidar de iure la oficialidad comunitaria de las tres lenguas más habladas en la Unión, algo a lo que España siempre se ha opuesto. Se empieza por la patente comunitaria y no se sabe dónde se va a acabar.

Carmen Frigola, directora de Propiedad Intelectual de Zeltia/PharmaMar, una de las empresas más activas en la investigación biotecnológica española, con patentes de fármacos de origen marino aplicados a la oncología y al sistema nervioso central, se desmarca de las objeciones del Gobierno a Bruselas. "Lo que propone la Comisión es coherente y positivo", dice, pensando en la simplificación de la tramitación y en el abaratamiento de costes que supondría. "No creo que el sistema vaya a tener ningún efecto discriminatorio o perjudicial para las empresas e inventores españoles".

A su juicio, la prometida simplificación "permitiría que un mayor número de empresas e inventores españoles accedieran al sistema, lo que incrementaría a nivel europeo el número de invenciones protegidas por patente de españoles, lo que aumentaría la competitividad de nuestras empresas y centros de investigación". La cadena virtuosa, vista con ojos de Frigola, no queda ahí. Aventura que "el dinero ahorrado en tramitación de patentes sería reinvertido muy probablemente en I+D, incrementando la innovación y contribuyendo a aumentar nuestra competitividad".

Las espadas siguen en alto, pero la paciencia se va a agotando conforme pasa el tiempo y los Gobiernos tienen la sensación de que la solución está casi al alcance de la mano, salvo un obstáculo ("Veintiséis de los Veintisiete querían negociar"). Cinco países (Reino Unido, Irlanda, Holanda, Eslovenia y Suecia) han pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de lanzar una cooperación reforzada sobre la patente, con el argumento de que "es imperativo no retrasar los avances hacia una Europa más innovadora".

Concluido el Consejo de Ministros europeo en que se constató una vez más el empantanamiento del caso, el ministro Van Quickenborne señaló que "hay otras salidas en el Tratado de Lisboa", en clara referencia a la cooperación reforzada. "El statu quo no es una solución", señaló Barnier en un comunicado en la misma línea. "La Comisión avanzará con la presidencia, con ánimo constructivo, en el marco de los tratados".

"Nadie mencionó la cooperación reforzada" en la reunión, recuerda López Garrido. Pero no hace falta anunciarlo para hacerlo. "La cooperación reforzada no es una salida que contente a todos", señala el secretario de Estado. Quizá no, pero con que haya nueve que lo deseen, España se quedará fuera de juego. Si es así, las empresas europeas tendrán que seguir patentando en español para explotar y defender sus derechos en España, pero las españolas que quieran hacerlo en los países de la cooperación reforzada tendrán que aceptar las reglas del juego impuestas.