El Gobierno regulará las apuestas en la Red

La Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ya es una realidad. Ayer recibió el visto bueno en el Congreso. Su objetivo es fomentar Internet y garantizar los derechos del ciudadano en la sociedad digital. También introduce una novedad: el Gobierno tiene un año de plazo para elaborar una ley que regule el juego en Internet (casinos, apuestas...). Otra iniciativa es el impulso de la factura electrónica en la contratación. El sector público europeo puede ahorrarse 300.000 millones de euros al año, según la Comisión Europea.

Las grandes apuestas no fueron modificadas: acceso a Internet de banda ancha (ADSL o cable) antes de finales de 2008. Garantizar que sólo un juez pueda cerrar una web en los casos que afecten a la libertad de expresión, aunque admite que la "autoridad competente" pueda hacerlo en otros casos. Las asociaciones de internautas ven un peligro de censura en que una Administración pueda bloquear contenidos en la Red. La diputada socialista Lourdes Muñoz lo aclara: "Sólo se traslada al mundo virtual lo que ocurre en el físico. Sanidad podrá cerrar una web que vende pastillas ilegalmente, como lo hace en la calle".

Otras novedades se refieren a la libre disposición de la información que genera el Estado para que pueda ser reutilizada, copiada y usada libremente y sin permiso por los ciudadanos. Es decir, se fomenta la filosofía copyleft.

Además, la LISI obliga a las prestadoras de servicios públicos a facilitar el alta, baja o las reclamaciones por Internet. Empresas que deberán cumplir con el nivel medio de accesibilidad de sus webs, al igual que aquellos organismos e instituciones que reciban financiación, como ya lo deben hacer las administraciones para asegurar que todos, incluidos los discapacitados, se beneficien de la sociedad digital. Una obligación que ya incorporaba la Ley de Comercio Electrónico (LSSI) y que ahora se ha ampliado a más sectores.

Las enmiendas que los socialistas rechazaron en el Senado también lo fueron en el Congreso: la propuesta para suprimir el canon digital y el dominio .ct para Cataluña, que podía haber supuesto la independencia catalana en Internet. Según Muñoz, "ponía en peligro al .cat, que hasta que no pasen cinco años desde su concesión por el gobierno de Internet, ICANN, debe demostrar anualmente su viabilidad económica".

También fue rechazada la enmienda que autorizaba a una ONG a montar una red inalámbrica pública. En cambio, quedó como estaba la propuesta de las televisiones de proximidad. Es decir, que las emisoras locales, sin ánimo de lucro y con contenidos de carácter cultural, educativo o social no deberán cerrar el 1 de enero. Finalmente, también se aprobó que al empezar una obra pública sus responsables deberán notificar a las operadoras que pueden pasar sus infraestructuras de telecomunicaciones.

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