El Gobierno aumenta al 7% las plazas para personas con discapacidad en empleos públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un proyecto de ley para aumentar del 5 al 7% las plazas para este colectivo en las ofertas públicas de empleo, un incremento que deberá cubrirse por personas con discapacidad intelectual.

Según el texto, el Gobierno tendrá un plazo de un año para promover medidas que aseguren el cumplimiento efectivo de que el 2% de estos puestos se destine a este colectivo en las empresas de más de 50 trabajadores.

El proyecto de ley permite adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, España se convierte en el primer país del mundo que traslada a su legislación el contenido de este convenio, estableciéndose como definición legal de una persona con discapacidad la siguiente: quien presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.

Se modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. De esta forma, en el supuesto de que las instituciones que prestan servicios sociales cometiesen una infracción muy grave, se contempla la posibilidad de que esto conlleve la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades.

En los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba, es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, tal y como ocurre en los casos de desigualdad por razón de género.

Asimismo, se modifican diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones que afecten a su salud, como trasplantes, recibiendo para ello la información necesaria en formatos accesibles. Además, los proyectos de infraestructuras de transporte promovidos por la Administración incorporarán una memoria de accesibilidad para este colectivo. El proyecto prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con especial énfasis en la adquisición de seguros, de modo que no se imponga a estas personas condiciones más gravosas que al resto de la población.