Garoña queda para el próximo Gobierno

La central nuclear de Garoña ya no es un problema para el Gobierno. No para éste. Aunque puede que sí para el próximo. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ayer la prórroga de la nuclear hasta el 6 de julio de 2013, cuando deberá cerrar. Con esta decisión, que anunciaron los ministros de Industria y Trabajo, la nuclear cumplirá al menos 42 años de vida y superará los 40 que Zapatero apuntó como tope. Aunque según el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "no se contempla" que esa decisión sea reversible, el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció que la rectificará si llega a La Moncloa en 2012.

La decisión no contentó a nadie: los ecologistas pidieron la dimisión de Zapatero y la central y las eléctricas consideraron que debe funcionar 10 años más, como avaló el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Ejecutivo señala que necesita tiempo para crear empleo alternativo

La orden de cierre alega que la nuclear frenará el auge de las renovables

"El presidente se ha quedado solo". Con esta frase resumía un cargo socialista la situación de Zapatero. Zapatero afirmaba que quería cerrar Garoña, era su única oportunidad de clausurar una nuclear y cumplir los anuncios de cierre que lanza desde 2005.

Por eso hace meses Zapatero pidió a Jesús Caldera un argumentario que justificara el cierre. Así nació el informe de la Fundación Ideas del PSOE que pedía la clausura de la planta. Por eso Zapatero fue a Cuatro con un argumentario con datos falsos en el que zanjó: "Cuando llegamos a una central nuclear con cuatro décadas de existencia, la norma ha sido que deje de funcionar".

Fue él quien más apuntó abiertamente al cierre de la central en 2011.

Pero la soledad fue excesiva. Se alzaron voces críticas en el PSOE, el Gobierno, la prensa, los alcaldes de la zona, los trabajadores, sindicatos y empresarios... Ni las encuestas apoyaban el cierre. Los partidarios de la prórroga esgrimían el informe favorable y unánime del CSN. Superaban en número a los ecologistas y socios de izquierda que pedían la clausura. Y al final, Zapatero cedió.

Sebastián señaló el cierre en 2013 es "políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible". Con sus palabras, asumió que la prórroga no responde a los anuncios del presidente pero alegó que no puede actuar "de espaldas al consenso social y a la realidad económica cíclica del país". Sebastián sostuvo que el acuerdo cumple "de la forma más razonable" el programa electoral del PSOE, que hablaba de cerrar las centrales al cumplir su "vida útil". El ministro negó divisiones: "Es una decisión de todo el Gobierno".

El ministro y las fuentes socialistas consultadas insistieron en que el texto de la orden ministerial hará irrevocable el cierre, que fija que la central debe elaborar un plan de desmantelamiento y que después de las elecciones de 2012 no habrá marcha atrás. "La orden ministerial contempla los pasos preparatorios que la empresa va a tener que dar para el cese de actividad", señaló Sebastián. "La reversibilidad de la orden no se contempla", sentenció. Pero tampoco opinó si un Gobierno de otro signo podría cambiarla, algo que sí admiten en privado fuentes del Ejecutivo.

Ése es el temor de los ecologistas y la esperanza de los pronucleares. El líder del PP, Mariano Rajoy, dio su apoyo a la central antes incluso de que la decisión fuera oficial: "Si se confirma que el cierre es para 2013 y llegamos al Gobierno, pediríamos informe al CSN y haríamos lo que ha dicho el CSN, que para algo existe. Quiero dejarlo muy claro, porque este punto irá en el programa del PP para las elecciones". El CSN ha dicho que Garoña es segura y puede funcionar 10 años más. Como la licencia de las centrales se concede por orden ministerial, ésta se puede cambiar de la noche a la mañana, ni hace falta un acuerdo de Consejo de Ministros.

Durante estos cuatro años, el Gobierno pondrá en marcha un "plan Garoña" para la comarca. "Necesitamos cuatro años para desarrollar una alternativa industrial", recalcó Sebastián, como si acabara de conocer que la central estaba a punto de cumplir las cuatro décadas de funcionamiento. Tras él habló el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que apenas dio detalles del plan más allá de que se mejorarán las carreteras, se potenciará el turismo (una de las ideas es un parador) y de que se utilizará una línea de subvenciones ya existente para reindustrialización con unos 100 millones.

Sebastián puso como ejemplo planes de recuperación de zonas deprimidas en Jaén y Soria, pero no habló de la comarca de la nuclear de Zorita, cerrada en 2006 tras un acuerdo en 2002. De forma melodramática, Sebastián cerró su comparecencia: "Quisiera dirigirme a los trabajadores de Garoña y decirles que este Gobierno no les va a olvidar". No convenció. Los trabajadores aseguraron que mantendrán las movilizaciones.

Sobre las eléctricas, el ministro apuntó que "no contempla indemnizaciones" para Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de la central. Éstas piensan reclamar en los tribunales una indemnización millonaria. La planta calificó la decisión como "arbitraria y sin justificación".

Sebastián sostuvo que la orden de cierre "es jurídicamente impecable". Industria ha preparado la norma con detalle ya que el recurso de las eléctricas no es descabellado. Una cosa es que la política energética sea competencia del Gobierno y otra que actúe de forma arbitraria. Uno de los argumentos para el cierre en 2013 es que la UE ha fijado un objetivo del 20% de energías renovables para 2020 y que "el exceso de capacidad actual podría dar lugar a unas condiciones más restrictivas de acceso preferente a las energías renovables, lo que podría afectar a su despegue".

Es decir, según Industria, la continuidad de Garoña podría llegar a bloquear el acceso de la energía eólica. La eólica y el resto de renovables tienen prioridad y entran al sistema siempre que funcionan. Sólo en casos muy excepcionales -ocurrió durante cinco horas con un huracán una madrugada de un domingo de noviembre- no hay demanda suficiente y hay que desconectar molinos, ya que las nucleares tienen que funcionar 24 horas al día. Sebastián sumó el argumento de que "las piscinas de residuos estarían cercanas a verse agotadas de funcionar más allá de 2013". Sin embargo, en la documentación que la central presentó al CSN explica que tiene capacidad hasta 2019.

El ministro afirmó que la decisión de construir un almacén re residuos radiactivos para toda España es "independiente del cierre de Garoña", pero fuentes del Gobierno sí utilizan ese argumento para justificar la prórroga. Alegan que si cerrara en 2011 no hay apenas tiempo para construir un único almacén y que al tener hasta 2013 -más los tres años para enfriar el combustible- sí hay tiempo para construirlo. El Gobierno busca candidatos. Eso, si en el último minuto no se queda para otra legislatura.