Se buscan culpables por 142 muertes

La vida de Leocadio Wegham, de 17 años, está atada a una máquina de diálisis a 12 horas de autobús desde el pueblo donde reside, en el área indígena de Boca del Toro (Panamá). Tres veces a la semana el muchacho viaja hasta la provincia de Chiriqui para someterse al tratamiento. Es la víctima más joven del jarabe de la tos asesino, que ha causado la muerte de 142 personas y miles de heridos en todo el país.

La fiscalía de Panamá ha solicitado la extradición de la española Ascensión Criado Martín, de 58 años, administradora y accionista de Rasfer Internacional, SA, con sede en Barcelona, la empresa española que compró en China 9.000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe expectorante, que se distribuyó gratis en 100.000 frascos por las zonas más deprimidas de Panamá. La glicerina vendida a la Seguridad Social panameña, la que ha destrozado el riñón de Leocadio y diezmado a centenares de familias pobres, contenía dietilenglicol, un alcohol utilizado como refrigerante y líquido para frenos.

El medicamento contenía un alcohol utilizado como líquido para frenos

El preparado llegó en forma de 10.000 frascos a la Panamá más empobrecida

Leocadio sufrió los mismos síntomas que las otras víctimas: alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, fallos renales agudos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edema pulmonar e insuficiencia renal. Un cuadro que condujo a la muerte a otras 400 personas que tomaron el jarabe y cuyos cuerpos se están exhumando. "Nadie sabe cuánta gente ha muerto. Nosotros creemos que hay miles de casos", asegura Gabriel Pascual, de 37 años, presidente del Comité de Víctimas. Pascual ha perdido a su abuela, de 90 años, y a su padre, de 70, fallecido hace varias semanas. "Es el último muerto de esta tragedia", dice.

Asunción Criado, la gerente de Rasfer Internacional, SA, declaró esta semana en calidad de querellada ante el Juzgado número 24 de Barcelona. La Audiencia Nacional tramita una querella presentada por las víctimas contra ella y la empresa española por el presunto delito de imprudencia con resultado de muerte, pero la Corte de Justicia de Panamá demanda que Criado declare en su país, una petición que todavía no se ha resuelto en España. "Todos los culpables de esta cadena de errores deben declarar aquí. Se lo deben a las víctimas", reclama Pascual.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará sobre la petición de extradición formulada por la justicia panameña, según confirmó Jesús Condomines, abogado de Rasfer Internacional, SA. "La petición sigue su curso, no puedo decir nada más", declara el letrado.

El pasado día 16, la gerente de la empresa española tuvo la oportunidad de facilitar su versión a la justicia española. En su declaración afirma que no sabía que el producto encargado por Medicom, un intermediario panameño, era para elaborar un jarabe para consumo humano, y que ignoraba que la glicerina TD que le enviaron desde China era sólo para uso industrial.

La responsable de Rasfer Internacional afirmó que su empresa no analizó el producto recibido desde China porque lo debe hacer el fabricante del medicamento y el de la materia prima. Y añadió que la comprobación del certificado de análisis facilitado por el distribuidor chino fue "únicamente documental". Criado señaló que los bidones con glicerina estuvieron en el puerto de Barcelona, no en las dependencias de Rasfer, y que no pidieron muestras originales del producto. "No debíamos ni podíamos reanalizar el producto", declaró al juez.

Cuando Alejandro Sanvicente, abogado de las víctimas, le preguntó la causa por la que Rasfer había pedido al distribuidor chino glicerina CP para consumo humano, la administradora respondió que decidieron poner CP "para exigir una calidad mínima de la glicerina". Su alegato, según fuentes judiciales, se centró en que su empresa, como comercializadora, "no conoce la composición de los productos que exportan o importan porque no son químicos, sino comerciales". El objeto social de la empresa es la importación, exportación, fabricación y transformación de productos químicos o farmacéuticos.

José María Rovira, asesor de calidad de la empresa, insistió ante el juez en que en este tipo de empresas no hay verificación del producto. A la pregunta de si no fue una incidencia el hecho de que en los documentos enviados por el intermediario chino aparecieran las siglas TD en lugar de CP, que es lo que habían solicitado, respondió que no, porque se trataba de un aspecto técnico del producto. Y que ignora si la terminología TD se usa para uso humano o industrial. En 2007, Wei Chuanzhong, viceministro chino de la Administración General de Supervisión de Calidad, presentó los resultados de su investigación y aseguró que la empresa española sabía lo que estaba comprando. Aseguró que en el correo electrónico que intercambiaron Fortune Way, la empresa china exportadora, y Rasfer Internacional "queda claro que el uso de la glicerina TD no está autorizado en la farmacología china". El empaquetado no advertía la composición de la glicerina.

Sanvicente, el abogado español de las víctimas, destaca que una cosa es el reanálisis -la legislación en materia de exportación e importación no obliga a hacerlo-, y otra el hecho de que la empresa española estaba obligada a comprobar que la empresa china le había enviado lo que había pedido. "Si te envían jabones en vez de jamones, seguro que devuelves la mercancía. Estás obligado a entregar al cliente lo que te ha pedido. Estás obligado a saber qué diablos te entregan, y si además se trata de un producto farmacéutico, esa exigencia es todavía mayor", dice. Las víctimas destacan en la querella que el gestor de calidad debió comprobar si la documentación de la mercancía recibida se correspondía con lo solicitado.

La ruta del jarabe asesino se inició en la población china de Hengxiang, en el delta del Yangtsé, donde se encuentra la sede de la compañía Taixing Glycerin Factory. De allí partieron los 46 barriles de glicerina comprados por el intermediario chino CNS Fortune Way, con sede en Pekín. Fueron embarcados en un puerto próximo a Shanghai y viajaron hasta el puerto de Barcelona. Rasfer Internacional los recibió y reenvió al puerto panameño de Colón. La empresa panameña Medicom lo entregó a la Caja de Seguro Social de Panamá, que analizó el producto para determinar la calidad y pureza de la glicerina, pero no comprobó si contenía sustancias tóxicas. Tras ser elaborado el jarabe, fue distribuido por todo el país. La marea de fallecimientos y denuncias provocó un nuevo análisis en el que apareció el dietilenglicol.

Medicom ha cerrado, y Ángel de la Cruz, su representante, está en prisión. René Luciani, director de la Caja de Seguro Social, está imputado, y los familiares de las víctimas aguardan una justicia que no llega. "Todos los responsables de esta larga cadena de errores y negligencias son culpables. Hay gente que ha perdido a dos y tres familiares", señala Teresa Cisneros, de 33 años, abogada del Comité de Víctimas. Gabriel Pascual, el presidente de esta asociación, se queja de "la caótica atención hospitalaria" y de que la investigación judicial no avanza. El Gobierno reconoce más muertos: ha aumentado la cifra de 119 hasta 142. Veinte eran niños.