Distintas estrategias en las ciudades europeas

Muchas ciudades europeas ya han tomado medidas de limitación o de restricción del tráfico en sus cascos urbanos. Hay varios modelos, desde el peaje de Londres hasta las zonas ambientales de las urbes alemanas, pasando por la prohibición total de circular que imponen ciudades italianas cuando los niveles de contaminación son excesivos. La capital británica puso en marcha el congestion charging en 2003: los vehículos pagan entre 9 y 12 libras (entre 10,4 y 14 euros) al día por circular por el centro de Londres. No hay puestos de peaje ni barreras, sino unas cámaras situadas en las entradas que leen las matrículas. Los residentes tienen un descuento del 90%. Hace un par de años, el Ayuntamiento londinense aseguraba que el tráfico se había reducido un 21% con este sistema, pero ahora admite que la congestión ha vuelto a los niveles anteriores. Las zonas de bajas emisiones, funcionan ya en medio centenar de ciudades alemanas. Se basan en clasificar los vehículos por colores y números en función de sus emisiones contaminantes y de señalar zonas, generalmente del centro, a las que no pueden acceder los coches más contaminantes. Berlín introdujo la zona ambiental en 2008: un área de 88 kilómetros cuadrados y un millón de residentes en la que determinados vehículos tienen prohibido circular bajo amenaza de sanción de 40 euros. Todos están obligados a llevar una pegatina identificativa. También los coches de los turistas. La capital alemana presume de haber reducido un 20% las emisiones de dióxido de nitrógeno y un 50% las de las partículas que emiten los coches diésel.

En París, las autoridades locales están obligadas a avisar a la población si se superan los 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en tres estaciones a la vez. Para ello, se utilizan carteles luminosos que recomiendan no utilizar el transporte privado.

En España, Madrid anunció en 2006, como medida estrella de su plan de calidad del aire, que aplicaría una zona de bajas emisiones en la que los coches más sucios no podrían entrar, pero cinco años después no lo ha hecho. El sistema público de alquiler de bicicletas, a semejanza de los de París o Barcelona, estaba previsto para el año pasado, pero se suprimió por la crisis.

La Generalitat catalana decidió, en 2007, limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad de entrada a Barcelona, norma que afectó a 17 municipios. El Gobierno catalán calculaba que los óxidos de nitrógeno se reducían una media del 17% con respecto a circular a 100 kilómetros por hora. Convergencia i Unió derogó la medida al ganar las elecciones por considerarla ineficaz, pero la semana pasada se vio obligada a reducir la velocidad por los altos niveles de contaminación de la ciudad.