Detectada contaminación en Palomares fuera de las zonas expropiadas y valladas

Han pasado 41 años desde el accidente nuclear y el suelo de Palomares, en Almería, aún depara sorpresas. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha concluido el primer análisis detallado de 6,6 millones de metros cuadrados del pueblo y ha determinado que algunas zonas que se creían seguras están contaminadas por americio (producto de la desintegración del plutonio). Aunque no hay riesgo para la población, la prudencia aconseja "imponer restricciones totales o parciales al uso del suelo" y "restringir la comercialización de productos alimentarios cultivados en la zona", según la documentación del Ciemat (organismo dependiente del Ministerio de Educación), y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

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"Los resultados deben tranquilizar a todo el mundo", afirma la responsable del estudio

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Entre el 21 de noviembre y el pasado 22 de febrero, los técnicos del Ciemat barrieron a pie Palomares (1.300 habitantes). Cada siete metros o cada cinco segundos, con un ordenador portátil, un GPS y un medidor de radiación analizaron una superficie como la de 660 campos de fútbol. En total, obtuvieron "63.000 registros de medidas que sirven para estimar las concentraciones en los primeros 15 centímetros de suelo de americio-241", entre otros elementos radiactivos, según detalla el informe Caracterización Radiológica Superficial Extensiva en Palomares.

El organismo tenía instalados medidores de la radiación del aire, pero del suelo sólo conocía que había problemas en las zonas en las que cayeron las bombas. Mientras los niveles del aire fuesen relativamente normales y estables, a nadie le importó la contaminación del suelo. Ya decaería. Eso cambió a finales de los 90, cuando la explosión urbanística llegó a Palomares y los dueños de los terrenos y el Ayuntamiento quisieron construir allí. Por eso en 2004, el director del Ciemat, Juan Antonio Rubio, siguiendo el trabajo del Gobierno de Aznar, decidió expropiar unos 70.000 metros cuadrados de dos terrenos en los que cayeron las bombas y en los que había contaminación muy superior a la del resto del pueblo. El objetivo era evitar la urbanización, ya que el movimiento de tierra podía resuspender las partículas radiactivas. Parte del terreno estaba ya recalificado.

El estudio de Palomares ha supuesto una gran cantidad de ida y venida de informes y cartas entre el Ciemat (que realiza los estudios) y el CSN (que los aprueba y supervisa). El pasado 10 de mayo, Rubio remitió una carta al CSN junto a las conclusiones del estudio. Allí detalla que "se ha barrido una extensión tres veces mayor a la que, en 1966, se integraba dentro de la línea cero inicial de contaminación, que abarcaba 230 hectáreas".

La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, replicó el pasado 1 de junio con otra carta en la que le pedía más datos: "La concentración de americio-241 que se aprecia en los mapas enviados revela puntos fuera de las áreas expropiadas con valores de entre 5 y 50 becquerelios por kilo [medida de desintegración], lo que podría dar lugar a dosis superiores a 1 milisievert al año, con la subsiguiente necesidad de imponer restricciones totales o parciales según el caso".

En efecto, el estudio ha revelado ahora que junto a la bomba que liberó más carga -la bomba 2- quedan unos 5.000 metros cuadrados contaminados y otros 10.000 "en una tercera zona de impacto que quedó interrumpida por la construcción de una balsa de riego". Se trata de un solar junto al cementerio, a las afueras del pueblo y cuya expropiación se ordenó en 2004 aunque no se completó hasta dos años después. Además, en el centro del pueblo cayó la bomba 3, en un solar de 4.000 metros que fue expropiado en 2004. Junto a ese terreno han aparecido más residuos.

El lunes, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear se reúne para debatir el estudio. Previsiblemente, acordará la ocupación temporal de unos 50.000 metros cuadrados junto a las dos zonas expropiadas para prohibir allí cualquier cultivo y aislarlo. La figura elegida es distinta de la expropiación para agilizar los trámites.

Por último, al este de Palomares, en la sierra de Almagrera, ha aparecido la mayor bolsa de suelo contaminada: 200.000 metros en los que hay americio-241. Se trata de "la pluma de la explosión", los residuos de la bomba 2 que el viento llevó allí. Como son las partículas radiactivas depositadas por el viento, los expertos no esperan que la contaminación sea difícil de erradicar. Sólo en una depresión de unos 400 metros cuadrados ha aparecido radiación significativa. El americio se inhala y dura en el medio cientos de años. A los 432 años se ha desintegrado la mitad.

La responsable del estudio, Teresa Mendizábal, explica que "esa zona está ya protegida por su valor paisajístico y no se puede cultivar ni construir". Mendizábal destaca la importancia del informe -que ha costado 200.000 euros- y "que los resultados deben tranquilizar a todo el mundo al despejar las dudas sobre lo que hay en Palomares. Hemos mirado un área enorme con detalle y los resultados son tranquilizadores".

De los 6,6 millones de metros cuadrados analizados, en unos 300.000 (un 4,5%) hay radiación por encima de lo permitido. Esto supone más que triplicar lo que hasta ahora se consideraba afectado. En las zonas oficialmente contaminadas, la dosis que reciben las personas es similar a que la de recibir a tres radiografías de tórax al año.

Una vez vallado el terreno, comenzará la descontaminación a fondo para devolverlo al pueblo y zanjar un problema histórico. El Gobierno español afirma que EE UU "aportará parte de la financiación" para la última etapa, la más cara. El Ciemat destaca que tiene "el máximo apoyo de EE UU, tanto como financiero como tecnológico".

Los técnicos implicados admiten que es extraño solucionar ahora un problema de 1966, pero señalan que ni Palomares era hace 20 años el foco de urbanismo y turistas que es hoy ni la tecnología permitía estos análisis tan detallados de forma accesible.

Lo que más temen los organismos implicados es la alarma injustificada. Por un lado admiten que no puede haber residuos radiactivos en una población y que es incomprensible que se haya llegado a esta situación 41 años después; por otro minimizan el problema. "No es peligroso, pero hay que acabar con el problema de una vez", resume una fuente del Consejo de Seguridad Nuclear.