Cataluña niega capacidad al TSJC para alterar el modelo lingüístico

La Generalitat dio ayer otra vuelta de tuerca a la estrategia para plantarle cara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y mantener sin cambios el modelo de inmersión lingüística cuestionado ahora por ese organismo. La contraofensiva, orquestada personalmente por el presidente del Gobierno catalán, el convergente Artur Mas, y sus asesores, se concreta en dos frentes: el judicial, negándole al TSJC las competencias para exigir modificaciones de una ley en vigor en menos de dos meses; y el político, con la mira orientada a las necesidades de la futura Moncloa. CiU seguirá contando con el PP en Cataluña, socio preferente del gobierno en minoría. Pero el PP quizá no podrá contar con CiU en el Congreso en la próxima legislatura, cuando el partido liderado por Rajoy puede requerir de pactos con los nacionalistas si termina venciendo los comicios pero sin lograr la mayoría absoluta.

"El PP pretende estar muy cerca de CiU", atempera González Pons

"Según qué cosas quiera hacer el PP cuando gobierne España con CiU y con el actual gobierno de la Generalitat habrá poca cosa que hacer", señaló Mas. "Llevan años tocándonos las narices con el catalán. Deberán elegir", culminó en un aviso al líder del PP para que esta formación no convierta la inmersión lingüística en caballo de batalla ni de recursos judiciales. El PP catalán ya recurrió en 2009 la Ley de Educación de Cataluña (LEC) aprobada ese mismo año y Mas trata de asegurarse de que la formación liderada por Rajoy no prepare en Cataluña otra batería de recursos ni acciones aprovechando el auto del TSJC. Funcionó: horas después del aviso de Mas, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró desde Madrid que "el PP pretende estar muy cerca de CiU. "No vamos a supeditar el debate sobre la creación de empleo a ningún asunto que pueda separarnos", matizó.

A juicio del PP, sin embargo, la LEC "limita" los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la comunidad y no promueve "un modelo de sociedad abierta". El Gobierno central, sin embargo, acordó que la ley catalana se ajusta tanto a la Constitución como el Estatuto catalán. La LEC se ampara a su vez en la ley de política lingüística aprobada en 1998 bajo el gobierno del PP en el primer mandato del expresidente José María Aznar, que también la consideró constitucional. El PP necesitaba entonces los votos de CiU para gobernar.

La Generalitat se escudará en esta ley para apuntalar su defensa judicial. Así lo detalla el recurso que ha presentado al TSJC para paralizar el auto en el que este exigía incluir el castellano como lengua vehicular en las escuelas antes del próximo noviembre. Este tribunal, entienden los servicios jurídicos de la Generalitat, carece de competencias para obligar a modificar un modelo lingüístico que deriva de una ley en vigor, aprobada por la Generalitat y ratificada por el Gobierno central como acorde a la Constitución. "Debemos esclarecer qué órgano tiene potestad para modificar la Ley de Educación", detalló la consejera del Departamento de Enseñanza, Irene Rigau. "Un juez no puede tumbar una ley", señaló en la misma línea Mas.

La inmersión lingüística, aplicada a partir de 1983, no deriva directamente de la LEC pero se incluyó en esta normativa con posterioridad. El recurso de la Generalitat embrollará el litigio judicial sobre el catalán en las aulas, abierto en 2005 por la queja de tres familias que reclamaron escolarizar a sus hijos en castellano. "Probablemente las partes acaben recurriendo a una instancia superior", señaló el jurista experto en derecho constitucional, Pablo Rodríguez.

Los Ayuntamientos catalanes, por su parte, prosiguen posicionándose en contra del auto del TSJC. El consistorio de Lleida y el de Girona, ambos gobernados por el PSC, anunciaron que también presentarán mociones en defensa de la inmersión lingüística.