Cabrera creará una comisión que impulse la Convención de la ONU sobre discapacidad

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha anunciado esta mañana, antes de presidir el Consejo Nacional de la Discapacidad, la creación de una mesa de seguimiento para impulsar los compromisos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ministra ha explicado que el objetivo de la mesa será "el diseño, el impulso y el seguimiento de las políticas a favor de las personas con discapacidad para confirmar" el compromiso con la Convención de la ONU y con las personas discapacitadas, para que se incorporen de pleno derecho a nuestra sociedad".

Cabrera, ha recordado que hace un año España ratificó la Convención, que entró en vigor el pasado mes de mayo y que conllevará numerosos cambios legislativos para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad.

"No habrá recortes"

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, ha asegurado esta mañana que la crisis económica no obligará a hacer recortes en materia de discapacidad. Valcarce ha recordado que "más de la mitad de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 irán al gasto social". En esas cifras, ha apuntado la secretaria de Estado, se incluye una partida de 1.200 millones de euros para las personas dependientes.

En España, 3,8 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad en España, según los resultados provisionales de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008. De ese 8,5% de la población, 608.000 viven solas y más de un millón no puede realizar ninguna de las actividades básicas sin ayuda.

La inserción laboral

Desde el sindicato UGT han recordado la importancia de cumplir las cuotas de reserva de empleo para personas con discapacidad para mejorar su integración, "impulsada" tras la aprobación de la Estrategia Global para 2008-2012, según manifiesta el sindicato en un comunicado. A pesar de esta mejora, UGT ha recordado la discriminación que, a veces, sufren estas personas por lo que apuestan por impulsar las medidas para su inserción laboral.

CC OO también ha asegurado que el empleo es "imprescindible" para la plena integración de las personas con discapacidad. El sindicato considera que la discriminación que sufren en este ámbito no se corresponde con otros. Por ello, el sindicato ha indicado en un comunicado que promueve la inclusión en los convenios de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad. Una cuota a la que se han comprometido a promover UGT, CEOE y Cepyme.

La aplicación de la ley

Otro de los asuntos que concierne al ámbito de la discapacidad es el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Desde la delegación catalana del Cermi, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), consideran que "no es admisible que una precaria previsión económica impida la implantación" de la ley. El Cocarmi cree necesario revisar el modelo de valoración del grado de la dependencia porque "no ofrece la necesaria precisión".

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) también ha pedido a los poderes públicos y a la sociedad la adopción de "las medidas necesarias que nos garanticen la igualdad de trato y oportunidades, acabando con las discriminaciones que todavía sigue padeciendo nuestro colectivo".

Combinar la administración regional y la estatal

Respecto a la Ley de Dependencia, la confederación ha denunciado a través de un manifiesto "la discordia creada en las distintas comunidades autónomas" para la aplicación de esta norma, que considera "un ejemplo esperanzador para un colectivo especialmente vulnerable". Por ello, la organización ha solicitado "una verdadera gestión pública de los órganos de valoración y una coordinación con las administraciones locales y autonómicas". El presidente del Comité de Representantes de Minusválidos (CERMI-Comunidad de Madrid), Javier Font, ha pedido que se busque el "encaje" de la Ley estatal de Dependencia y la autonómica 11/2003 de Servicios Sociales en beneficio de las personas que necesitan estas ayudas.