El CGPJ pretende perdonar a la juez que no casa gays

Sólo una semana después de dejar en una multa de 1.500 euros la sanción contra el juez Rafael Tirado -que no encarceló durante más de dos años a un pederasta condenado hasta que éste asesinó presuntamente a la niña Mari Luz-, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a otra decisión polémica sobre un castigo a un juez. En la última reunión de los vocales antes de la renovación del órgano estudiarán si levantan o no la sanción contra la juez de Registro Civil de Dénia (Alicante) Laura Alabau, quien se ha negado reiteradamente a dar validez a matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo. Es la segunda vez en 15 días que el CGPJ estudia una propuesta de perdón para esta juez.

Alabau dijo que se sentía víctima de "una persecución"

Hace sólo dos semanas, el pleno del Consejo ya evaluó y rechazó una propuesta de levantar la sanción a la juez. Si, entonces, la razón aducida era que el expediente sancionador realizado por el gobierno de los jueces había caducado por haber transcurrido más de seis meses desde que se inició, ahora, el vocal autor de la propuesta, el conservador José Merino (el mismo que redactó la anterior), cree que, en realidad, los hechos por los que se castigó a Alabau no constituyen ningún tipo de falta disciplinaria, por lo que no merece el castigo.

Tras negarse a casar a dos hombres británicos en 2006, la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia y responsable de los registros civiles de toda España, revocó su decisión obligándola a inscribir la boda. Alabau escribió entonces una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que afirmaba que la decisión de ese organismo era "ilegal" y respondía únicamente a "intereses políticos y propagandísticos".

Después añadió que se sentía víctima de "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y que el fiscal se había convertido "vergonzosamente" en un "apéndice de ese mismo Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".

La comisión disciplinaria del Consejo consideró que estas afirmaciones constituyeron una falta grave consistente en "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición" y una leve de "desatención o desconsideración con el Ministerio Fiscal", que sancionó, respectivamente, con una multa de 305 euros y una advertencia.

La propuesta que estudiará mañana el pleno considera, sin embargo, que dichas manifestaciones no constituyen ninguna infracción sino que se enmarcan "dentro del derecho a la libertad de expresión de la Señora Alabau". Tampoco tendría encaje en el catálogo de sanciones para jueces y magistrados los insultos proferidos contra el fiscal porque no comprometen "la honorabilidad personal y profesional del miembro del Ministerio Público ni al ejercicio de su función", según el vocal Merino.

El fiscal, sin embargo, solicita en su informe que se mantengan ambos castigos -la multa y la advertencia- al considerar que las palabras de Alabau suponen una "reprobación" contra la Dirección General de Registros que, según la ley, "es el órgano encargado de llevar a cabo la dirección e inspección de los servicios del Registro Civil y, en general, le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento".

La Justicia ha dejado impunes al menos a otros cinco jueces desde febrero de 2006, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambió su doctrina obligando al Consejo a tramitar sus investigaciones en el plazo estricto de seis meses. Todos los jueces y magistrados sancionados con anterioridad a esa fecha -algunos por retrasos escandalosos, por no poner sentencias, por redactar resoluciones extravagantes o por abusos de poder relacionados con su condición de jueces- han quedado impunes después de recurrir al alto tribunal.