Las viudas del amianto

Manipularon amianto procedente de Canadá y Suráfrica durante más de 20 años en el puerto de Barcelona. No fueron sometidos a las revisiones médicas semestrales porque entonces la ley para los trabajos de riesgo no incluía el amianto, pero las empresas los obligaban a tomar leche para disminuir los posibles efectos de esta sustancia tóxica. Se trata de decenas de trabajadores portuarios que, casi medio siglo después, con la baja por enfermedad o ya jubilados, han enfermado de cáncer de pulmón o pleura y sufren asbestosis (fibrosis pulmonar).

Muchos han muerto en los últimos años sin conocer el origen de su enfermedad. Hoy 35 familias buscan resarcimiento y exigen que se reconozcan estas muertes como el desenlace de una enfermedad profesional. Pero el tiempo transcurrido desde que los perjudicados eran trabajadores en activo juega en su contra.

Algunos familiares de víctimas se plantean iniciar un juicio contra el Estado

'Nos sorprendió que tanto tiempo después enfermara por haber trabajado en el puerto'

Mayte Fortanete, viuda de Antonio García González, perdió a su marido en noviembre de 1999, tras una pelea que duró 14 meses contra un cáncer de pulmón causado por amianto en el puerto de Barcelona en la década de 1970. García González se retiró tras sufrir un infarto. Meses después, en un chequeo de rutina, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. La quimioterapia le alargó la vida apenas 14 meses. 'Fue todo muy rápido y nos sorprendió que tanto tiempo después enfermara a causa de haber trabajado en el puerto', afirma Mayte Fortanete.

Después de dos años, un Juzgado de lo Social reconoció que la muerte de García González se debió a una enfermedad profesional. Su viuda cobra hoy una pensión de 643 euros y la hija menor, de 21 años, una pensión de horfandad de 144 euros. De cara al futuro, se plantean iniciar un juicio en lo contencioso administrativo por daños y perjuicios conta el Estado, responsable en aquellos años de la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP).

'El Gobierno habla mucho siempre de indemnizar a los trabajadores que han manipulado amianto, pero la realidad es que ni siquiera se respeta la letra de la ley', afirma Jaume Cortés Izquierdo, del bufete de abogados Colectivo Ronda, que sigue los 35 expedientes. El amianto, una sustancia tremendamente tóxica, ha sido prohibido definitivamente este año. España ha sido el último país de la UE en desterrar su uso.

En la década de 1960, los portuarios trabajaban para la OTP, que estaba en la órbita del Ministerio de Trabajo. En 1985, esta sociedad pública se transformó en mixta y se convirtió en Estibarna, de la cual el Estado sólo tiene una participación del 50%. El otro 50% corresponde a empresas estibadoras. En cualquier caso, los hechos que ahora están en los juzgados no tienen que ver con Estibarna, ya que son anteriores a la gestión de esta empresa.

El problema al que se enfrentan las familias de los estibadores es doble. Por un lado, resulta casi absurdo reclamar el recargo previsto por ley para los casos de muerte por accidente laboral, ya que este recargo debería darse de oficio, y además, 'la Inspección de Trabajo debería cursar un expediente en contra del Ministerio, es decir, contra el propio Estado, y eso no ocurrirá', destacan los juristas del Colectivo Ronda.

Por otro lado, la ley prevé la vía penal, es decir los juicios por daños y perjuicios. Sin embargo, transcurridos muchos años, la acción de las familias de las víctimas por esta vía es complicada y no siempre ofrece resultado esperado.

El primer obstáculo que varias de estas familias han sorteado es la obtención de un resarcimiento a través de pensiones más elevadas, de unos 600 euros más que las ordinarias por muerte natural o invalidez. Pero muy pocas han obtenido la indemnización de seis mensualidades por enfermedad profesional que debe abonar la mutua correspondiente. 'De los casos que llevamos, muy poco han ganado el juicio', señala Cortés Izquierdo. Para obtener este beneficio las familias de las víctimas tienen que realizar una petición a la Seguridad Social y, de ser denegada, iniciar juicio laboral.

El estibador Manuel Sebastián Calvo murió en 1999 y su viuda, Maria Antònia Sánchez García, recurrió a los tribunales de lo social, que resolvieron satisfactoriamente, pero la aplicación depende ahora del auto en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Otro caso mortal es el de Jordi Cabos Casabon, cuya viuda, María Rosa Castells, espera sentencia del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona y con ella el reconocimiento de que su marido sufría una enfermedad laboral.

Ana e Isabel Moya, huérfanas de Manuel Moya García, fueron unas de las primeras en ganar un pleito por indemnización. Su padre era un trabajador del puerto de Barcelona. En 1997 fue a un ambulatorio porque 'se ahogaba', y ya no salió. Los ahogos eran producto de un cáncer de pleura que puso fin a su vida poco después de cumplir los 60 años.

Jaume Pla, de 70, también portuario, está enfermo de cáncer por culpa del amianto. Era empleado de la fábrica Uralita, en Cerdanyola. No le han autorizado todavía el cobro de la viudedad, ni tiene la invalidez absoluta. Aunque, en la actualidad la fábrica de Cerdanyola está cerrada, un portavoz de esta empresa explica que 'transportar material que se haya tratado con amianto no entraña en si mismo ningún problema'.

También hay casos con más fortuna. Nemesio Matamoros Carbonell, de 66 años, enfermó de cáncer a causa del amianto. Pero la extracción del pulmón afectado, dos años atrás, le permitió seguir con vida. 'Me canso, no puedo caminar mucho, pero vivo', dice. Hoy cobra una jubilación de 180.000 pesetas, pero ha iniciado un juicio para que le reconozcan la invalidez absoluta por enfermedad profesional, que duplicaría su pensión actual.