Aplazado el desahucio de una mujer enferma y su hijo discapacitado en Malasaña

La comisión judicial ha aplazado hasta nueva orden de la juez el desahucio de Antonio Quiroga y su madre, Victoria Sanz. Ella padece cáncer terminal, diabetes, sobrepeso, no puede moverse y hace más de cuatro meses que apenas se levanta del butacón en el que come, duerme y vive. Él presenta un 41% de discapacidad y se gana la vida vendiendo cupones de la ONCE en el barrio de Quintana.

Adeudan 20 meses de alquiler, unos 5.000 euros, a la inmobiliaria Prado Norte por un piso de renta antigua que habitan desde 1945. Aseguran que han intentado ponerse al corriente de los pagos pero que la promotora quiere echarlos para poder subir las mensualidades de arrendamiento que ahora son de 250 euros.

Medio centenar de personas vinculadas a la Plataforma de Afectados a la Hipoteca (PAH) y a las asambleas del 15-M se han concentrado a las puertas del domicilio, en la calle del Norte número 23, durante más de seis horas para impedir el desalojo pero Antonio estaba resignado. Desde las ocho de la mañana dos personas del servicio de mudanzas embalaban todo lo que había en la vivienda, desde cepillos de dientes hasta cortinas. "Para no perder lo poco que tenemos cuando venga a echarnos, hemos decidido empaquetarlo ya", explicaba Antonio. Sus abogados tampoco traían buenas noticias:"No hay ninguna resolución judicial todavía", en referencia a los recursos que han interpuesto para que se declare nulo el juicio y se paralice el desahucio. "La única vía que nos queda es que la comisión judicial paralice el procedimiento", señalaban los letrados Alberto Martín y Guadalupe Bustos.

Mientras uno de los abogados hablaba con la prensa los cerrajeros se han colado en el portal pero pronto los manifestantes les han cortado el paso y han salido voluntariamente. Uno de estos encargados de cambiar la cerradura afirmaba que el de hoy era su segundo desahucio y que cumplir con estos casos "es muy difícil".

En torno a las once y cuarto de la mañana los representantes del juzgado han llegado al piso del barrio de Malasaña. Tras una ardua y tensa negociación, los abogados de la unión de trabajadores de la ONCE han aceptado la oferta de la secretaria judicial de dejar que la comisión subiera a la vivienda para dar fe del grave estado de salud de Victoria, siempre que los agentes de la Policía Municipal se quedaran en el umbral del portal. La comisión judicial ha aceptado, los indignados también, pero entre gritos de "Este piso, no se entrega" y la melodía de una marcha fúnebre interpretada a golpe de tambor.

Las horas pasaban. "Paciencia" pedía desde las ventanas uno de los portavoces de la PAH, Eloi Morte. Los ánimos en la calle se fueron relajando, los concentrados, en su mayoría ya expertos en sopesar el curso de un desahucio, defendían la tesis de que esperar "es buena señal".

Pasadas las dos del mediodía, uno de los abogados daba la noticia: "El desalojo se ha aplazado hasta nueva orden de la jueza por "motivos humanitarios". Antes de fijar una nueva fecha de lanzamiento, un médico forense deberá examinar a la mujer de 84 años y un trabajador social deberá ofrecer una alternativa de vivienda para madre e hijo. El SAMUR social, que hoy se ha acercado al domicilio, solo ha ofrecido tres días de albergue en caso de que el desahucio se produjera hoy.

Esta es la segunda vez los indignados prestan su apoyo a esta familia, en julio ya aplazaron su salida por cuestiones de "orden público". Tras conocerse la noticia Antonio ha salido a agradecer el apoyo: "Gracias de corazón", ha dicho Quiroga. Los indignados: "Hasta la próxima".