Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Desalojan a una mujer de 84 años y a su hijo discapacitado de su piso de Malasaña

La anciana, que lleva una semana ingresada en el hospital, no estaba presente.- Un amplio dispositivo policial refuerza la operación, la tercera en la que se intenta desalojar a la familia, que adeuda 20 cuotas de su alquiler de renta antigua

Un amplio dispositivo policial ha acompañado esta mañana a la comisión judicial en su tercer intento por desahuciar a Victoria Sanz, una mujer de 84 años que padece un cáncer terminal, y su hijo, de 54 años y con una discapacidad del 41%. Madre e hijo vivían desde 1945 en régimen de renta antigua en un piso del barrio de Malasaña por el que deben 20 meses de alquiler, unos 5.000 euros, a la inmobiliaria Prado Norte. La anciana, que está ingresada en el hospital desde hace una semana por insuficiencia cardíaca y respiratoria, no estaba presente durante el desahucio, pero sí su hijo, que vende cupones de la ONCE en el barrio de Quintana.

En los otros dos intentos de desalojo -el pasado 19 de julio y el 12 de septiembre, decenas de simpatizantes del movimiento 15-M habían acudido en su apoyo, logrando paralizarlos. Hoy, sin embargo, los abogados de la familia han decidido no convocar a los indignados. "Sabíamos que esta vez tenían instrucciones de acometer el desahucio por fuerza mayor y no hemos querido empeorar las cosas, porque les iban a apalear", dice el abogado de los afectados, Alberto Martín, de la asesoría Asymeco. "Además, estando Victoria ingresada, teníamos la esperanza de que el juzgado suspendiera el desahucio. No lo han hecho y me parece un absoluto atropello".

Sanz cobra una pensión de viudedad de 900 euros. Cuando fue alertada del desahucio se ofreció a pagar lo que debe, más un año de renta por adelantado o incluso, cambiar el contrato de alquiler a uno nuevo, según ha informado en otras ocasiones. Su abogado asegura que ha intentado ponerse al corriente de los pagos pero que la promotora quiere echarlos para poder subir las mensualidades de arrendamiento que ahora son de 250 euros. En julio, los indignados lograron frenar in extremis el desalojo, que fue paralizado "por cuestiones de orden público". En septiembre, se frenó por "motivos humanitarios", ya que el Samur social, que también acudió al desalojo, solo garantizaba para Victoria y su hijo tres días de estancia en un albergue.

Por ahora, Antonio se va a ir a vivir a casa de una amiga, explica su abogado. "La duda es que va a pasar cuando Victoria salga del hospital", se duele.