Alerta de la ONU: el 'mobbing' se dispara

Al entrar en la corrala de la madrileña calle del Ventorrillo es conveniente mirar al suelo. Los escombros y los cables dificultan el paso antes de llegar a la escalera de este edificio construido en 1907. Sin embargo, la que a primera vista parece una rutinaria obra de rehabilitación acompaña en realidad, desde hace 11 meses, el drama cotidiano de sus vecinos: 10 ancianas de entre 62 y 85 años que se resisten a abandonar las casas en las que nacieron o pasaron gran parte de su vida, pese a las presiones de la empresa que ha comprado la finca.

El guión se repite: primero tientan a los jóvenes. Luego acosan a los mayores

La primera querella por 'mobbing' fue en 2003. Suman cientos desde entonces

El relator de la ONU denuncia a España como "una vergüenza"

El Gobierno impulsa un proyecto contra el acoso de caseros en 10 municipios

Se trata de un episodio ejemplar de los cada vez más frecuentes casos de mobbing inmobiliario que, sobre todo en los cascos antiguos de las grandes ciudades, reflejan una faceta de la especulación privada que arraiga en los procesos de rehabilitación urbana puestos en marcha por los ayuntamientos. De Madrid a Barcelona, pasando por Málaga, o Canarias, la fórmula suele ser muy parecida y cuenta con dos actores principales: los inquilinos titulares de contratos de alquiler de renta antigua o propietarios ancianos, y las inmobiliarias afectadas por la crisis del sector que pretenden aprovechar la rentabilidad de fincas ubicadas en los centros históricos.

El fenómeno se ha extendido hasta llamar la atención de Naciones Unidas, que ha realizado una inspección en Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Las conclusiones de la visita del relator especial de asuntos de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, se recogen en un informe que se presentará el 10 de marzo en Ginebra y al que este periódico ha tenido acceso. El estudio de Kothari, destaca que "entre los muchos casos de mobbing analizados, muy pocos han sido perseguidos jurídicamente. El relator teme que este bajo porcentaje se debe a la vulnerabilidad de las víctimas y su dificultad para emprender una acción legal". "La especulación ha tenido un impacto negativo", cuenta el relator de la ONU. Y pide a las autoridades protección para mujeres, jóvenes, discapacitados, personas mayores y gitanos, los grupos más vulnerables ante los especuladores.

En 2007, sólo en la capital catalana se detectaron más de 200 casos, el doble que año anterior. Sin embargo, las autoridades son conscientes de encontrarse ante un fenómeno de dimensiones insospechadas, ya que los únicos acosos contabilizados son los que han sido denunciados ante un juez o una asociación. Por esta razón, el Ministerio de Vivienda puso en marcha desde ayer un proyecto piloto para combatir esta forma de mobbing en 10 ayuntamientos. En L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, A Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas se activó un teléfono gratuito de atención ciudadana, que cuenta con personal especializado para atender a los afectados por estas prácticas.

Sin embargo, la mayoría de ciudades se enfrentan solas al problema. En Barcelona se creó hace tres años una oficina de atención a los afectados; Cádiz abrió en 2006 un servicio de atención al inquilino. Pero muchas veces son las organizaciones de voluntarios las que suelen prestar más ayuda. "Sólo es una cuestión de voluntad", destaca Marina Parés, presidenta del Servicio Europeo de Información sobre Mobbing (Sedisem). "Hemos llegado a esta situación porque las leyes del mercado han acabado regulando el derecho de los ciudadanos a la vivienda. Pero combatir el asedio inmobiliario es posible, porque la justicia lo castiga". Es verdad. Desde que, en 2003, se presentara la primera querella por este tipo de mobbing y después de las primeras victorias legales de unos inquilinos de Getxo, cada vez son más los afectados que se animan a acudir a un abogado. El Gobierno catalán, además, aprobó en diciembre de 2006 una nueva ley de vivienda que persigue a los propietarios que practiquen mobbing, a los arrendadores de los llamados pisos "patera" y, en general, a los que especulen con viviendas vacías. A los primeros, se les puede sancionar administrativamente, en casos muy graves, con multas de hasta 200.000 euros.

Pero volvamos ahora a Madrid, donde el caso de las llamadas "abuelas de Ventorrillo" no ha tardado en llegar a los tribunales. Lo cuenta Luisa Martín, de 82 años, en su pisito de menos de 20 metros cuadrados repartidos entre una diminuta cocina y una habitación con un váter de motor instalado junto a la cama. "Ahora tengo miedo", repite una y otra vez mientras repasa su vida. Luisa llegó a la corrala en plena Guerra Civil. Allí ha vivido con sus padres, sus tíos, sus sobrinos e hijos, y, desde hace décadas es titular de un contrato de alquiler de renta antigua por el que paga cada mes 75 euros. Sin embargo, en 2005 su destino cambió. Al fallecer al antiguo propietario del inmueble, la finca fue adquirida primero por una inmobiliaria, y después por el grupo Sistema 23.

Hace un año, Luisa y sus vecinas Adelaida Salas, Juanita Fernández, Ernestina Salcedo, María Jesús Tebar, que convive con un marido enfermo e imposibilitado a levantarse de la cama, recibieron una carta de los nuevos propietarios, que les requerían dejar el piso "vacío, expedito, libre de enseres" en un plazo de algunos meses. ¿Las alternativas? "Me dijeron que podía ir a una residencia", cuenta Luisa. A otros inquilinos les ofrecieron unos 12.000 euros, aseguran. Pero añade con ojos vivaces: "de aquí no me voy". Y es que ni ella ni las otras vecinas abandonaron sus casas -así lo hicieron otros inquilinos, en su mayoría jóvenes, extranjeros o llegados hace pocos años-, por lo que Sistema 23 presentó unas denuncias por desahucio. Desde la inmobiliaria aseguran, en cambio, haber ofrecido a los inquilinos titulares de contratos de renta antigua suspender temporalmente el arrendamiento y trasladarse a otras viviendas ofrecidas por la empresa durante las obras de rehabilitación. Pero según el abogado de Luisa Martín, José Antonio Fernández, a su asistida no se le dio esa oportunidad. "La cuestión es encontrar una solución intermedia. Entiendo que las empresas tengan que hacer negocios, aunque también considero importante tener en cuenta el factor humano", explica Fernández.

En la capital o en Barcelona, en Bilbao o en Tenerife, tras los centenares de casos de mobbing inmobiliario se esconden historias de miedo, miserias y prevaricaciones. Una viuda catalana de 75 años que disfrutaba de un contrato de alquiler indefinido desde 1936 con una renta mensual de 40 euros se vio coaccionada a abandonar su casa voluntariamente, renunciando a la indemnización que por ley le hubiera correspondido. Una pareja de ancianos propietarios de Murcia vendió su vivienda por la mitad del precio de mercado a una inmobiliaria después de meses de asaltos cotidianos. Se trata de casos reales y denunciados. Y es que también los propietarios sufren mobbing, aunque en medida menor. El guión se repite más o menos igual. Una empresa interesada en una finca intenta convencer primero a los residentes más jóvenes, ofreciéndoles sumas de dinero interesantes. Cuando ya sólo quedan los propietarios mayores, se intensifica la presión hasta casi coaccionarles a vender sus pisos a la baja.

Un caso ejemplar de este tipo se inició en Getxo, en 2003. Para los vecinos de la casa de Tangora, una finca de cinco plantas repartido en tres viviendas, en el barrio de Neguri, los problemas empezaron cuando un empresario compró el piso intermedio e intentó hacerse con el edificio entero. Los residentes del primer piso se negaban a vender, así que el empresario cedió su casa a una familia gitana de 30 miembros. Los otros vecinos presentaron más de 50 denuncias por amenazas, robos o inundaciones, hasta que un juez dictó medidas cautelares contra los acusados por mobbing, obligándoles a desalojar los imputados.

Así se desarrolla el trabajo de algunos promotores o propietarios, que por esta razón se han ganado el triste apodo de asustaviejas. Uno de ellos, calificado por el Defensor del Pueblo como el peor acosador inmobiliario del casco antiguo de Málaga, llegó a cortar el agua de algunos vecinos después de que el Ayuntamiento llevara a cabo algunas obras de mejora en su inmueble.

Prácticas de este tipo son precisamente las que registró hace un año el relator especial para la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari. Si entonces declaró que "el estado del mobbing inmobiliario en España es particularmente grave y representa una vergüenza para el país ya que no se registran casos tan graves en otras regiones del mundo desarrollado", ayer Kothari destacó que, junto con el acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protección oficial, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los problemas que hay que resolver.

El informe de la ONU revela además que, en un país en el que todavía quedan más de 300.000 contratos de alquiler de renta antigua (en su mayoría contraídos por personas ahora mayores), la crisis inmobiliaria no sólo está magnificando de alguna manera el fenómeno del mobbing, sino que afecta a las franjas de población más jóvenes. Pero ésta es otra historia. Mientras tanto, Luisa Martín y otros centenares de ancianos siguen luchando por su cruzada particular: "vivir como en los últimos 72 años. Con poco, pero con dignidad". Hasta ahora, lo ha conseguido.