Feminicidio silenciado

Guatemala sigue siendo territorio hostil para una mujer: 685 asesinadas en 2010, 120 en lo que va de año. Las cifras de violaciones y torturas superan la de cualquier otro rincón de Sudamérica. Incluso a Ciudad Juárez. Esta estadística es una secuela del periodo más negro del conflicto vivido en este país durante 36 años (1960-1996) cuando más de 100.000 mujeres fueron violadas y torturadas siguiendo un programa de exterminio de la etnia maya. Todo ello ha configurado una cultura de violencia sin castigo contra la mujer, para quien solo existe un 1% de posibilidades de que su caso llegue a la justicia. En ese contexto, una causa instruida por la Audiencia Nacional española se ha convertido en la única posibilidad de cambiar el destino de las mujeres guatemaltecas.

"Me acuerdo que eran tres los que me violaron pero no sé cuántos más lo hicieron porque perdí el conocimiento".

La guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla se saldó con más de 200.000 muertos en su mayoría indígenas de origen maya. La violación, la mutilación, la esclavitud sexual y el feticidio (asesinato de fetos) fueron utilizados como medio para exterminar a los mayas: destrozar a la mujer era la herramienta para destruir al pueblo. Un perfecto plan organizado para el cual el ejército fue cuidadosamente entrenado, según detallan los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala.

Una de esas víctimas fue Teresa Sic: "Al encontrarme, los soldados me agarraron a la fuerza, me llevaron cerca del río y me violaron. Eran más de ciento cincuenta. Ese día estaban también violando a más mujeres de la aldea. Quemaron todo. Me amarraron y me logré soltar con la ayuda de mi hija de cinco años. Busqué ayuda. Tenía hambre y miedo, pero nadie nos alojaba".

Es en 1999 cuando la Audiencia Nacional española admite a trámite la querella presentada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum, en la que se acusa por primera vez al antiguo jefe de Estado, Ríos Montt, y a otros siete oficiales, de terrorismo, genocidio y tortura sistemática. Cinco años después, la Audiencia dicta un auto de procesamiento contra los ocho generales, pero las autoridades guatemaltecas se niegan a extraditarlos. Para ellas, las violaciones en masa ocurridas durante el conflicto fueron consideradas "simples daños colaterales".

"Días después me llevaron forzosamente al destacamento militar de El Chol", continúa la narración de Teresa Sic, "donde fui violada por muchos soldados durante 15 días seguidos, donde solo me dejaban descansar brevemente para dormir. (...) Nos dieron sangre de toro, para que la bebiéramos, y carne cruda para comer".

En el departamento del Quiché, al norte de la capital de Guatemala, los verdes campos de siembra y sus coloridos mercados esconden uno de los macabros secretos de la historia del país. Esta es la zona donde la violencia durante el conflicto fue extrema sobre todo en los años ochenta. Las mujeres sobrevivientes del genocidio han decidido romper su silencio y plantar cara al Gobierno acusando a los culpables. "Tenemos que esclarecer los hechos y que el Estado reconozca de verdad, ese es mi mayor deseo", dice Feliciana, "estamos sin voz, la violación durante el conflicto armado parece que no existió".

Las mujeres hablan del rechazo que sufren en sus comunidades por decir la verdad. "Nos señalan, nos insultan, hasta se ríen de nosotras aquellos que nos violaron", afirma María Castro, que no puede evitar desmoronarse al contar cómo, después de declarar como testigo en la Audiencia Nacional, en 2008, su hijo fue asesinado.

Patricia Yoj, abogada de etnia maya que colabora con las denuncias, afirma que "incluso el representante del Programa Nacional de Resarcimiento (plan estatal que se ocupa de la reparación de las víctimas del conflicto) dijo que no creía en las violaciones y esto salió publicado en los medios de comunicación. Es denigrante".

El rechazo por parte de sus maridos es lo más duro para estas mujeres que han sufrido las peores torturas. María Castro no quiere recordar, pero sabe que hacerlo puede salvar muchas vidas: "Los soldados me emboscaron, llevaba mi niña conmigo, la niña se asustó mucho, lloraba, gritaba, pero los soldados tiraron mi carga, me tiraron al suelo. Me acuerdo que eran tres los que me violaron, pero no sé cuántos más lo hicieron porque hubo un momento en el que perdí el conocimiento. Cuando desperté les vi recoger sus armas apresuradamente y marcharse hacia otro lugar. Mi hija me ayudó cargando a su hermanito, pero lloraba mucho, lo había visto todo". Su relato se detiene, sus ojos se llenan de lágrimas cuando cuenta que, de regreso a casa y al contar lo ocurrido, su marido la rechazó diciendo que si había vuelto viva era porque dejó que los soldados abusaran de ella.

María Toj no se separa de su nieta, es su más preciado tesoro, es la única que la mantiene con vida. Su nieta y también su lucha para que se reconozca lo ocurrido: "Me torturaron tanto a mí como a mi hijo. Me lo quemaron todo, me dejaron sin nada, solo con mi marido muerto y mi dolor". Los criminales campan a sus anchas por las calles, incluso conviven en la misma aldea, y lo peor es que las situaciones de violencia se siguen produciendo cada día. María Toj afirma cómo, hace una semana, "a una mujer la cortaron los pechos, la torturaron, la violaron y luego la quemaron viva justo aquí al lado".

España dará voz a estas mujeres. El juez Pedraz acaba de admitir a trámite una ampliación de la querella de 1999 en la que se contempla como un crimen internacional la violencia de género en Guatemala durante el conflicto. La ampliación, presentada por la ONG Women's Link de la mano de la abogada Almudena Bernabeu, la única mujer española que trabaja casos de Justicia Universal en la Audiencia Nacional y en Estados Unidos (en el Center of Justice and Accountability), incluye por primera vez el horror al que fueron sometidas estas mujeres.

Como perito para la causa estará Patricia Sellers, la primera mujer que consiguió que declararan la violación como arma de guerra en los tribunales internacionales especiales de la ex-Yugoslavia y Ruanda. "Cuando violas a un ser humano lo conviertes en un muerto viviente, le robas su más preciada intimidad y matas su futuro. Si quieres aniquilar a un pueblo esta es la mejor manera de hacerlo. La tortura sexual es la más destructiva de las armas", señala Sellers. Y añade que "es la primera vez que la violación como genocidio se juzga en un tribunal nacional y esto crea un precedente histórico. Les envía un claro mensaje a los culpables: no hay lugar para esconderse, los Estados no necesitan tribunales especiales".

"Este juicio abrirá un debate porque la falta de justicia es la que hace que la violencia de género aumente", dice Almudena Bernabeu. Paloma Soria, la abogada de Women's Link, afirma que "la sociedad guatemalteca equipara las violaciones y la tortura a las mujeres con el robo del ganado, con la quema de la milpa. Es necesario cambiar esto y que estas mujeres dejen de ser invisibles ante la sociedad". -

Destrozar a la mujer para eliminar al pueblo