Macartismo liberal

Al conocer el fallo por el que se archivan las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, declaró casi simultáneamente: "Pedir perdón, ¿por qué?", y "el hecho de que no haya podido probarse [la relación entre la aplicación de sedantes y la muerte de pacientes] no excluye el que hubiera prácticas que no deberían haberse llevado a cabo". De una tacada se carga Güemes la teoría de las responsabilidades políticas de la que tanto alardea su partido (el PP) para exigírselas a otros, y la presunción de inocencia, uno de los bastiones del Estado de derecho. Indigno colofón de un caso que afecta al corazón de la democracia.

Es incomprensible la subasta impositiva cuando la sanidad pública se desborda por todas las costuras

Recordemos el asunto: la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el bulo de las sedaciones de Leganés y ordena retirar cualquier alusión a la mala práctica de los 14 médicos de urgencias del Severo Ochoa acusados de matar a 400 pacientes terminales a través de sedaciones irregulares. El anterior responsable de la sanidad madrileña, Manuel Lamela -siempre legitimado por las declaraciones públicas de Esperanza Aguirre-, acusó a los médicos, remitió a la fiscalía una denuncia anónima, los depuró de sus puestos de trabajo y los crucificó mediáticamente sobre todo a través de la radio de la Inquisición. Esto es lo que por extensión se denomina macartismo, en alusión a las prácticas políticas que el senador McCarthy desencadenó en EE UU, entonces contra los sospechosos de comunismo: delaciones, denuncias falsas, procesos irregulares y listas negras. Para que la analogía con el macartismo fuese completa, falta su final: McCarthy fue censurado y acusado de "conducta impropia de un miembro del Senado". Al conocer la decisión de la Audiencia, Aguirre sólo alcanzó a balbucear: "No tengo nada personal contra esas personas... Se hará lo que haya que hacer".

Más allá del debate sobre la eutanasia, que explica ideológicamente por qué se fabricó este falso caso por parte de los neocons castizos, y más allá de las consecuencias que la cruzada de los dirigentes madrileños del PP ha tenido sobre las actuaciones médicas (que, atemorizadas, han dificultado, durante muchos meses, una muerte digna en las unidades de urgencia de los hospitales), el caso de Leganés debe servir para poner los focos sobre la situación de la sanidad pública. Es incomprensible que los dos grandes partidos se confronten mediante una continua subasta a la baja de los impuestos, cuando este pilar del Estado del bienestar observa cómo se rompen todas sus costuras y no da más de sí a pesar del esfuerzo de sus profesionales. Pocas veces la sanidad pública madrileña ha estado peor y más corta de medios con relación a la población que ha de atender. Descontada la política de inauguraciones propagandísticas, el esfuerzo ha ido por detrás de las necesidades. En un país con un superávit de más del 2% del PIB.