Una adjudicataria de las ITV presentó la documentación fuera de plazo

Las dudas sobre la concesión de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) aumentan. Una de las cuatro empresas adjudicatarias del servicio en 1994, Luybas, ganó el concurso de las estaciones de Vitoria y Bergara tras presentar documentación fuera de plazo. La empresa comunicó al Departamento de Industria que entregaría con posterioridad un certificado urbanístico de los terrenos de la estación de Bergara.

Luybas presentó entonces, mayo de 1993, una propuesta de 17 folios de documentación, frente al ingente volumen de datos de otras empresas, y además se constituyó como compañía el mismo mes en el que se presentaron las ofertas para el concurso.

La adjudicación de las ITV por parte del Departamento de Industria, entonces dirigido por el peneuvista Jon Azua, ha sido severamente cuestionada por los tribunales, hasta el punto de que el Superior vasco y el Supremo han apreciado anomalías en la valoración de las concesiones y han obligado al Gobierno a realizar un nuevo análisis.

Envío un fax a un director de Industria el día que expiraba el plazo de ofertas

El informe del Ejecutivo autónomo ha concluido que se debe cambiar de concesionario solamente en uno de los cuatro adjudicatarios, la multinacional alemana TÜV Rheinland, que gestiona las estaciones de Irún y Urnieta. En los otros tres lotes (Arrigorriaga y Zamudio; Trapagaran y Amorebieta, y Vitoria y Bergara) se ha mantenido a las actuales empresas. Además, como reveló EL PAÍS, TÜV Rheinland tiene como máximo responsables de sus estaciones en Irún y Urnieta al funcionario de Industria que realizó los informes de valoración, Javier Goldarazena. Ocupa el cargo desde mayo de 2006 y está en excedencia como empleado del Gobierno vasco.

Hasta 1993 el servicio de las ITV era gestionado por el Gobierno a través de talleres autorizados y la convocatoria del concurso se convertía en un excelente negocio para los beneficiarios: al ser la ITV un requisito obligatorio y crecer progresivamente el número de vehículos, el trabajo estaba más que asegurado. En 2000 se realizaron en Euskadi más de 412.000 inspecciones y el pasado año rebasaron las 563.000. La tarifa media de un turismo ronda los 40 euros.

Luybas no tiene la concesión -ni existe actualmente como empresa en Euskadi-, ya que en 2004 vendió la adjudicación a la multinacional Applus, que gestiona las estaciones de Arrigorriaga, Zamudio, Vitoria y Bergara. Cuando concurrió al concurso convocado en abril de 2003, su administrador Luir Ros remitió un fax al entonces director de Servicios Generales (el área encargada de contrataciones) de Industria, José Miguel Corres, actual consejero delegado del BEC, en la que textualmente dice: "Referente al certificado urbanístico de la parcela de Bergara se enviará según acuerdo verbal mediante fax y el original se presentará a la apertura de la propuesta". El fax -que no aparece en el expediente administrativo de Industria- está enviado el 25 de mayo de 1993, cuando el plazo de presentación de propuestas finalizaba ese día a las 10 horas.

En la documentación del concurso aparece un estudio de la valoración de las instalaciones de cada una de las 22 ofertas existentes. Por ejemplo, en el caso de Luybas se concede una valoración de 300 puntos pese a que se dice que presentaron un proyecto correcto pero que trata "con poca profundidad" los planes de formación y mantenimiento o que el tratamiento a la parada autobus no es correcto. En cambio, se conceden 250 puntos a otra empresa, Inspecciones Técnicas de Euskadi, con un proyecto "suficiente" y un tratamiento de la parada de autobus "aunque no es malo, no es del todo correcto".

El actual Departamento de Industria asegura que, según la Oficina de Control Económico, todos los aspirantes presentaron de manera correcta sus documentos, aunque reconoce las anomalías en el proceso, constatadas por los tribunales. "Para nosotros es un asunto sobrevenido y estamos cumpliendo lo que nos pide el Tribunal Supremo. Es evidente que se hizo mal; si no, no tendríamos las sentencias de los tribunales". La consejería, como explicó su titular ante el Parlamento, tiene constancia de la existencia de un informe desfavorable de la Dirección de Contratación que, sin embargo, se ha extraviado del expediente.

El Departamento rechaza una auditoría sobre el concurso, "a no ser que nos lo pida el Supremo" y se muestra convencido de que "esto no pasaría ahora. Se controla más y se requieren informes más precisos". Industria se muestra sorprendida por el hecho de que un solo funcionario, el directivo actual de TÜV Rheinland, realizara los informes de valoración del concurso.