La juez confirma la "insolvencia definitiva" de Ormak al existir un déficit de 660 millones

La constructora Ormak, en suspensión de pagos desde hace casi un año, tiene un déficit patrimonial de 660 millones de pesetas, lo que le sitúa en situación de "insolvencia definitiva", según ha constatado el Juzgado de Instrucción número 3 de Getxo. El informe judicial coloca a la empresa al borde la quiebra, pero proceder a esta declaración corresponde a los acreedores y, según medios consultados, resulta improbable que se concrete. El estudio elaborado por los interventores garantiza la terminación de la decena de obras que ejecuta Ormak en Vizcaya.

El informe encargado por la titular del juzgado de Getxo a tres interventores rechaza que Ormak, una de las contructoras más activas en Vizcaya, tenga un superávit de 89 millones de pesetas, como recogía el balance presentado por la empresa en diciembre de 1997. El documento ya ratificado por la juez constata que el activo de la constructora totaliza casi 1.895 millones, mientras que el pasivo se eleva hasta los 2.551; es decir, existe un agujero patrimonial de algo más de 660 millones de pesetas, que supone un estado de "insolvencia definitiva". Ante esta situación, el juzgado de Getxo concederá un plazo de 15 días a Ormak para que restituya dicha deuda y, en caso negativo, se convocaría la junta general de acreedores. Esta reunión no se llevaría a cabo si el 40% de los acreedores pide la declaración de quiebra, una hipótesis improbable dada su gran número -533 y casi todos con deudas inferiores a los dos millones- y las nulas posibilidades de cobro que acarrearía, según los medios consultados por este periódico. El informe judicial constata que las principales causas de la insolvencia económica son el impago de los deudores de Ormak y las pérdidas de las obras en curso. El estudio relata la situación generada con la firma Eusko Promociones, vinculada a la constructora, que entró en situación de quiebra en 1996 y con la que Ormak tenía un crédito de más de 230 millones. "Adicionalmente, los bancos habituales proveedores de financiación comenzaron a poner dificultades a pesar de las garantías hipotecarias prestadas por la sociedad llegándose a reducir la financiación en un 15%. Por tanto, la obra ejecutada por la sociedad debía de ser en gran parte autofinanciada por la propia empresa, sin más ayuda que los anticipos de los clientes sobre las futuras ventas". El informe judicial constata que en los proyectos públicos en ejecución -colegios y viviendas sociales- existe un "moderado equilibrio entre la obra realizada y la cobrada", pero los problemas aparecen en los trabajos de financiación propia, "siendo las más deficitarias las del estacionamiento en la Herriko Plaza de Barakaldo y la de Astillero en Cantabria, que permanecían sin apenas actividad desde antes del verano de 1997". Problemas en 1996 Además, se revela que los problemas financieros de Ormak se detectaron en la auditoría de la firma Audinfor, "habiendo expresado el auditor en su informe una opinión favorable para las formuladas en el periodo de 1995 y denegando su opinión para las de 1996". La deuda contraida con los 533 acreedores asciende a 1.768 millones, aunque la de los 109 trabajadores de la empresa no es tan significativa: 24 millones de pesetas. En el momento de hacer pública su insolvencia, Ormak, que facturaba anualmente en torno a los 4.000 millones, ejecutaba una decena de obras públicas en Vizcaya, algunas de ellas ya terminadas, y una en Cantabria por valor superior a los 4.300 millones de pesetas. La mayor parte de este monto se lo llevaba Barakaldo, donde se edifican 252 viviendas de protección social en el barrio de San Luis y se realizaban las obras de aparcamiento de la Herriko Plaza. Éste ha sido el único proyecto que no ha continuado Ormak en Vizcaya, tras la decisión del Ayuntamiento de rescindirle el contrato y adjudicarlo a otra empresa. La construcción de 187 viviendas que acometía la constructora en la localidad cántabra de Astillero también se paró y se traspasó a otra empresa en marzo pasado. Además se ejecutan obras en otros dos aparcamientos de Portugalete, con un coste de 298 y 281 millones de pesetas respectivamente, y en varios colegios de Bilbao. Del informe realizado por los interventores se desprende que, salvo los casos del aparcamiento de Barakaldo y las viviendas en Cantabria, todos los proyectos concluirán, lo que otorgaría esperanza al futuro de la empresa, si finalmente no se produce la declaración de quiebra.