El Gobierno abre la puerta a pactar con el PNV sobre la ley de Cajas

La puesta de largo del proyecto de ley de Cajas en el Parlamento no supuso un choque de trenes. Pese a que el nuevo articulado que acogerá la fusión de las tres entidades -BBK, Kutxa y Vital- en Kutxabank, la nueva quinta entidad financiera del panorama español, reequilibra la sobrepresentación del PNV en sus organos de decisión, los partidos se mostraron abiertos a un diálogo para llegar a acuerdos.

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, defendió la entrada de los representantes del Parlamento y de las tres Juntas Generales en los órganos de gobierno de las cajas, como un "balanceo necesario" que mejora la representación de toda la sociedad en el nuevo político actual y en el contexto de la fusión de las tres entidades. Pero se mostró abierto a consensuar con el PNV los porcentajes de cada uno de los bloques y que en el caso de las entidades fundadoras y de las corporaciones municipales desciende en un 21%.

El PSE teme que el PNV ralentice la tramitación de la ley en el Parlamento

El reajuste de los porcentajes evitará "derivas de sobre-rrepresentación" del partido que preside Iñigo Urkullu en los órganos de las cajas, había dicho ya el consejero. La deriva es más evidente en los organos de BBK y Kutxa. Pese a no disponer ahora el PNV de mayoría en dos de los tres Parlamentos provinciales -solo la posee en Bizkaia-, sí tiene el control en las cajas. El hecho de mantener en sus manos las Diputaciones -ahora ha perdido dos- y muchos Ayuntamientos le había proporcionado al PNV una representación mayor en las asambleas -y en consecuencia en los consejos de administración y las comisiones internas- de su peso político en las elecciones municipales y forales.

El proyecto resta poder a las entidades fundadoras, es decir Ayuntamientos de capitales y Diputaciones, que pasan de tener el 20% de puestos en la asamblea al 12%, y a las corporaciones municipales con oficinas, que bajan del 30% al 17%. Sin embargo, crece el peso de los clientes, que suben del 43% al 47%, mientras que el de los empleados se mantiene en un 7%.

Como novedad, abre las asambleas al Parlamento, que elegirá al 5% de los miembros; a las Juntas Generales (6%) y a las Cámaras de Comercio, así como a sindicatos y patronales presentes en el Consejo Económico y Social y a la Federación de Asociaciones de Consumidores (6%).

Aguirre defendió la entrada de los representantes del Legislativo, porque la "institución principal del país es el Parlamento y el Gobierno que surge de él y tienen que tener una representación importante en la vida económica, social y política del país". Es más, cuando el portavoz del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, dijo que si no hay acuerdo sobre los porcentaje su partido lo cambiará si recobra el Ejecutivo, Aguirre le pidió que aclarara a quiénes le restarán representación, si al Parlamento o a los impositores.

El consejero, no obstante se mostró dispuesto a alcanzar un "acuerdo intermedio" con el PNV, pero dentro del marco de urgencia que requiere la aprobación del texto.

El PSE teme que la comisión parlamentaria en la que se va a desarrollar el trámite de enmiendas, presidida por el PNV, pueda ralentizar los trabajos, para evitar que entre en vigor a principios de año, junto a la nueva entidad bancaria, Kutxabank.

De ser así y aprobarse en 2011, las cajas de ahorro podrían adaptarse a la nueva realidad de la ley y a la realidad política que salió de los comicios del pasado 22 de mayo en una misma asamblea sin necesidad de, como dijo Agirre, "derrochar recursos" con dos reuniones de estos órganos de forma casi consecutiva.

El popular Antón Damborenea se mostró satisfecho en términos generales con el proyecto de ley, aunque sí precisó que intentarán cambiar algunos detalles en el trámite de enmiendas. Por parte de Aralar, Oxel Erostarbe expresó sus dudas sobre que la norma vaya a tener, en realidad, mucha influencia a la hora de "despolitizar" las cajas, dudas similares a las que expresó el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

El consejero respondió que el proyecto regula la incompatibilidad de los cargos públicos electos y altos cargos de la Administración y del sector público para ser miembro de los órganos de gobierno de las cajas.