El fiscal, contra Garzón

La desenvuelta e ingeniosa articulación jurídica en la que el juez Garzón basa su competencia para iniciar una causa penal por los crímenes del franquismo a instancias de asociaciones de familiares de víctimas ha merecido del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, una contundente respuesta jurídica a la vez que una grave acusación: haber hecho una interpretación de la ley dirigida a fabricar un caso.

Que el recurso del fiscal sea capaz de dejar en nada el andamiaje jurídico armado por Garzón es algo que queda en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Son sobre todo cuestiones jurídicas lo que urge aclarar en esta fase del procedimiento: si la sublevación militar contra la República y las matanzas que siguieron durante la Guerra Civil y luego sobre todo en la primera década del régimen franquista fueron crímenes contra la humanidad o delitos comunes; si son o no imprescriptibles; si se trata o no en la mayoría de los casos de delitos de detención ilegal permanente por desaparición forzosa de personas enterradas en fosas comunes; y si la Ley de Amnistía de octubre de 1977, con que se selló la transición política a la salida de la dictadura, alcanzó o no a aquellos hechos.

No es tanto la supuesta osadía jurídica de Garzón como su decisión de atreverse a poner negro sobre blanco en un auto judicial que Franco y los generales sublevados en julio de 1936 fueron autores de graves crímenes contra una parte de la población, lo que parece motivar el grueso de las críticas al juez. La osadía jurídica, de comprobarse, tendrá debida respuesta al resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso del fiscal. Más difícil es encontrar respuesta a la anomalía que supone que en la España democrática haya sectores que no aceptan siquiera un encausamiento simbólico del franquismo.

No es la supuesta megalomanía de un juez el principal problema, sino la resistencia de sectores que se dicen democráticos a reconocer, no ya la naturaleza criminal del franquismo, sino la comisión de crímenes concretos; o que consideran que si los hubo estaban justificados por la situación. No es de temer, sin embargo, que esas actitudes alteren a estas alturas la convivencia, como no lo haría que otros sectores negaran que fueron crímenes monstruosos los asesinatos en el bando republicano de más de 6.000 curas y monjas y 13 obispos por el hecho de serlo, o los paseos de presos, muchos de ellos detenidos únicamente por sus ideas, reales o supuestas.

Lo que revela la iniciativa de Garzón es que la transición política, fundamento de la actual convivencia, no contempló, sin duda por las circunstancias en que se gestó, una rápida actuación administrativa para sacar de las fosas comunes las decenas de miles de fusilados o paseados enterrados en ellas. En ello se está y el transcurso del tiempo no resta justicia ni humanidad a la iniciativa. La democracia española debe hacer suyas a todas las víctimas, sea cual sea la causa por la que cayeron.