El drama del PSOE

Los partidos son instituciones básicas de la participación política. Pero en su funcionamiento interno están sometidos a un "régimen de excepción" que restringe el ejercicio de algunas libertades, desactiva controles propios de una democracia constitucional y contradice pautas de la representación política. La excusa es hacer más funcional la competición política, aunque en realidad sirve para blindar la posición de los que mandan en los partidos. Y mandan quienes imponen un tipo de intercambio clientelar: la permuta de adhesión política por puestos o gratificaciones particulares. Las consecuencias son previsibles y conocidas. Se sesgan las decisiones públicas para favorecer pretensiones privadas. Se alienta una selección negativa en la que cuenta como mérito la lealtad incondicional. De esta manera, quienes tienen que exigir cuentas son cooptados previamente por quienes tienen que darlas. Poco a poco una militancia profesionalizada suple a la voluntaria; la afluencia de ideas se sustituye por el aplauso. Al final, no queda más remedio que externalizar servicios como la producción de reflexiones y programas que se encargan a una nómina variopinta de expertos. Los partidos se convierten en instituciones zombis y despobladas.

Quienes tienen que pedir cuentas son cooptados previamente por quienes tienen que darlas

Los que mueven los hilos del congreso están en otra cosa: el reparto de los restos del poder interno

Así las cosas, crece la disonancia entre lo que se cuenta fuera y lo que se cuece dentro, entre un relato público de legitimación y otro latente, funcional para el modus operandi que rige en el interior de los partidos. Mientras las cosas van bien, esta disparidad no escandaliza; como decía Maquiavelo, los hechos acusan y los resultados excusan. Pero cuando estos últimos no acompañan, una opinión pública inmisericorde diagnostica una triple crisis en el partido caído en desgracia. En primer lugar, una crisis de incumplimiento que evidencia la brecha entre lo que se predica y lo que en realidad se busca. Para camuflar esta inobservancia, los partidos recurren a racionalizaciones averiadas y hacen de la necesidad virtud, a lo que ayuda una clientela siempre dispuesta a decir amén. Y como el abuso de esos mecanismos distorsiona el campo de la percepción y dificulta asimilar información objetiva y externa, los partidos terminan siendo víctimas de una segunda crisis: la de insolvencia, muy notoria ante grandes cambios o fracasos sonados pues no saben qué les pasa ni por qué. Finalmente, atrapados en una dinámica de funcionamiento que invierte las prioridades institucionales y hace perder el norte, terminan padeciendo una crisis de impotencia que limita su capacidad de reaccionar para salir del punto muerto.

Aunque sea mal de muchos, no afecta a todos por igual. Perjudica más a los partidos que vinculan sus aspiraciones a razones de ética pública y a la capacidad del Estado democrático de convertirlas en realidad. Es decir, afecta más a partidos como los socialdemócratas cuando anotan fracasos como Gobierno o defraudan como partido. Y todavía más en la situación presente, en la que disponen de pocos recursos solventes a su alcance para reflotar las políticas de bienestar y están inermes frente a imperativos económicos que operan como si fuesen destino. Por eso los dirigentes del PSOE no se hacen cargo de la emergencia objetiva ni de su propia indigencia estratégica. Enfrentados a una situación tan crítica, no están en condiciones de encarar un debate franco a partir de una información apropiada que les ayude a procesar los problemas e identificar sus causas para intentar salir del atolladero. De ahí que hayan dado explicaciones tan poco verosímiles e inconsistentes sobre el descalabro electoral y que casi nadie se haya sentido responsable ni actuado en consecuencia. Al contrario, casi todos se ofrecen a pilotar nuevos proyectos, otro modelo de partido o lo que sea, con tal de seguir ahí a toda costa convencidos de que escampará.

¿Qué hacer para salir de este impassse? Desde luego, no improvisar un apaño entre jerarcas ni añadir cualquier novedad al repertorio. Y como no se puede rehacer en un fin de semana lo que se ha deshecho en años, este congreso, más que cerrar algo (en falso), debería iniciar un proceso constituyente. Lo llamo así para resaltar tanto el calado de la tarea como el sujeto llamado a protagonizarla. El quehacer es doble: recuperar lo que se había diluido y dotarse de reglas ciertas, algo inédito en todos los partidos. Para lo primero, la analogía con aquel congreso de Suresnes de 1974 puede valer. Al igual que ahora, entonces un PSOE desorientado se enfrentaba a un futuro de irrelevancia o centralidad. No estaban disponibles las recetas keynesianas de posguerra. Hubo que forjar itinerario propio, trazar un diseño ajustándose a las necesidades del país y valerse de ese criterio que suma realismo e impulso reformista. Cuando se actúa así, se suelen aprovechar las oportunidades de crear tanta justicia cuanta permiten el funcionamiento de la democracia y la economía, sin empecinarse en metas inviables o mal planteadas que empeoran los problemas. Esta manera de proceder ha distinguido a la socialdemocracia del resto de la izquierda, convirtiéndose en su apuesta más competitiva.

¡Recupérese el punto de vista genuino de la socialdemocracia¡ Y entonces no se darán bandazos, ni se rebuscará en el mercado de los principios a ver cuál agrada a la audiencia. Tampoco se caerá en el error de pretender ser más nacionalista, feminista o ecologista que cualquiera de los que han hecho de esas u otras franquicias la divisa de su propia identidad. Eso, además de avalar aquello que se corteja, es un síntoma de que uno no tiene nada propio que ofrecer. Ni habrá que resignarse al imperativo del "esto es lo que hay" ni tampoco escoltar a esa otra izquierda que con una gran niñez mental corteja la rebeldía e informalismo de quienes, muchas veces con motivo, andan soliviantados.

Hay una segunda razón para abrir un proceso constituyente en el PSOE: la necesidad de reglas. La participación política se canaliza a través de los partidos, pero influir en ellos desde fuera del núcleo dirigente resulta pretensión tan razonable como imposible. Si las oportunidades de participar están secuestradas por un poder constituido, ¿cómo no evocar un poder constituyente capaz de revertir ese poder ilimitado? Esa relación fraudulenta entre vida de partido y democracia solo se supera trasladando a su funcionamiento más garantías procesales para el ejercicio de los derechos y la intervención, porque de ello resulta un poder más controlado y repartido.

¿Y quiénes pueden protagonizar este proceso? Los que mueven los hilos para determinar los resultados del congreso están en otra cosa: el reparto de los remanentes del poder interno. No parecen estar en la disposición kantiana de "atreverse a saber", poner las luces largas y fijar un horizonte de objetivos propios y precisos. No cabe esperar de ellos que tomen decisiones contrarias a sus intereses inmediatos. Ese es hoy el drama del PSOE: quienes deciden no tienen nada que decir y quienes tienen algo que decir no deciden. Así que para un cambio extraordinario hay que convocar a sujetos extraordinarios. Y estos son aquellos que, parafraseando al abate Sieyès en su memorable ¿Qué es el tercer Estado?, hasta ahora no han sido nada y desean ser algo, aquellos que quieren ser representados sin alienar sus derechos. Es la hora de los ciudadanos, de ese demos socialista alejado del trajín político interno, la hora de tantos socialdemócratas de convicción defraudados por una práctica política decepcionante. Si hubiera posibilidades de participar en serio, retomarían el compromiso sin convertirse por ello en "políticos de jornada completa". A ellos afecta el porvenir de un partido que desde la Transición ha venido representando la posición en la que convergen una mayoría de españoles. También son PSOE; y sin su concurso, no se conforma una completa "voluntad general" de ese partido.

En manos de los delegados está que se inicie ese proceso. Una iniciativa razonable sería elegir una dirección de transición con el mandato de organizar en un año un congreso extraordinario que culmine dicho proceso y en el que participarían, en condición de compromisarios, una amplia representación de los afiliados (digamos, unos 2.000). En su elección y en las deliberaciones previas a ese congreso tomarían parte quienes se inscribieran en un censo habilitado a tal fin que fueran suficientemente representativos de los votantes. El objetivo es implicar a los electores en este camino de reforma e innovación. Que se abra esa puerta a la esperanza depende de la inteligencia política y el coraje cívico de los convocados al congreso de Sevilla.

Ramón Vargas-Machuca Ortega, catedrático de Filosofía Política, fue diputado del PSOE (1977-1993).