Trama antidemocrática

Trece meses después de las primeras detenciones de los cabecillas de la red Gürtel, una trama de corrupción masiva que echó raíces en una decena de administraciones donde gobernaba el PP, el juez instructor Antonio Pedreira va a levantar la parte del sumario que continuaba secreta. Lo que ha trascendido de la investigación judicial, de la parte conocida del sumario y de otros detalles de la trama que ha destapado EL PAÍS, acredita la existencia de una extensa trama de rapiña que alcanza a cuatro comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León- y media docena de municipios, gobernados por alcaldes populares, donde la red que dirigía Francisco Correa conseguía contratos a dedo e intermediaba a favor de constructores en diversos pelotazos urbanísticos. A juzgar por las fianzas que ha impuesto el juez, el lucro ilegal supera los 120 millones de euros. Parte de estos beneficios ficticios sirvieron para pagar sobornos a cargos del PP. Para hacerse una idea de la importancia de la trama Gürtel, hay que recordar que en el caso Filesa, el mayor caso de corrupción del PSOE, vinculado a financiación ilegal, el dinero sucio ascendió a seis millones.

El sumario que ahora será público afianzará algunas líneas de investigación conocidas sobre la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana y, probablemente, en Madrid; y acreditará el fraude fiscal que cometieron los dirigentes populares que cobraron de la trama corrupta. EL PP se enfrenta a un grave problema -Gürtel es uno de los casos de corrupción más graves conocidos en la historia democrática- que, probablemente, irá más allá de la tesis de que se trata de "un grupo de intereses para aprovecharse del partido", como ayer defendió la secretaria general María Dolores de Cospedal.

El problema es que el PP se ha enrocado en la trivialización del caso Gürtel. Hace un año, Mariano Rajoy, rodeado de los principales dirigentes del partido, algunos de ellos implicados en la trama corrupta, compareció públicamente para proclamar solemnemente que la investigación "no era una trama del PP sino una trama contra el PP". Un análisis tan miope despreciaba todas las pruebas acumuladas hasta entonces sobre la connivencia de dirigentes populares con el saqueo a la Hacienda pública que organizó Francisco Correa asesorado por abogados especialmente cualificados para el blanqueo de dinero.

Desde entonces, han dimitido de sus cargos cuatro alcaldes del PP involucrados en el cobro de comisiones ilegales; han sido suspendidos de militancia y expulsados del grupo popular tres diputados autonómicos de Madrid; ha sido destituido un consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, donde Correa hizo grandes negocios durante años; el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, ha sido suspendido por un año de militancia; y, sobre todo, el PP ha tenido que apartar de su tesorería a Luis Bárcenas, por graves sospechas de que ha cobrado comisiones de la trama e incluso de haber participado en algún negocio de blanqueo de capitales.

Con el levantamiento del secreto del sumario, el PP tiene otra oportunidad para aplicar una política firme contra la corrupción. Rajoy debe abandonar la confusión interesada entre responsabilidad política y responsabilidad judicial tras la que se escuda para no expulsar del partido a los dirigentes afectados por causas judiciales. No es de recibo, por citar la última contradicción entre las declaraciones contra la corrupción y los hechos que la enraízan, que el PP haya decidido pagar la defensa judicial de Luis Bárcenas, o que el ex tesorero siga en el grupo parlamentario del Senado. Si el argumento político del PP es que el escándalo Gürtel no daña sus expectativas electorales, téngase muy en cuenta que perjudica, y mucho, la confianza de los ciudadanos en los políticos que les representan.