Racionalizar

Los ingresos de las Administraciones públicas se han reducido de manera drástica debido a la crisis y políticos y expertos, como no podía ser de otra forma, dirigen su mirada hacia uno de los capítulos presupuestarios más voluminosos: la sanidad pública. Las comunidades autónomas, principales prestadoras del servicio, al que dedican el 35% de sus presupuestos, están especialmente afectadas por un déficit que aumenta mes tras mes. Tal situación ha generado un debate sembrado de minas. La primera de ellas versa sobre la propia sostenibilidad del sistema. La sanidad es un pilar básico del Estado de bienestar y la española en particular, universal y gratuita, es equitativa, de buena calidad y eficiente (si bien hay margen para optimizar los recursos).

La sanidad pública española es muy apreciada por los ciudadanos y es barata. Con relación al PIB (el 6,1%) está por debajo de la media de la OCDE y, por supuesto, de Estados Unidos y de los grandes países europeos. Las principales causas del aumento del déficit son el envejecimiento de la población, la carestía de las nuevas tecnologías y el abuso en la utilización de los recursos, pero también y de manera notable, el bajo nivel presupuestario, que aún tiene recorrido hasta equipararse a los países de nuestro entorno. De ahí que el expresidente Felipe González propusiera hace unas semanas elevar dicho presupuesto y, a cambio, eliminar instituciones de tan discutible utilidad como las diputaciones. Como era de esperar, algunos políticos, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, han recibido de buen grado la primera propuesta, pero han hecho oídos sordos a la segunda. Las diputaciones son órganos de poder, como lo son las televisiones autonómicas, que merman de manera importante las finanzas públicas.

No obstante, la mayoría de los Gobiernos autónomos, con el central al frente, ya están aplicando medidas de racionalización del gasto sanitario que están dando frutos. Las gestiones centralizadas de compras, aún en ciernes, y la reducción de la factura farmacéutica, imponiendo recortes de precios y subvencionando solo los más baratos, son algunas de las principales. Pero hay recorrido para mejorar la eficiencia con iniciativas aún pendientes, como la venta de fármacos en unidosis, y otras más complejas, como la de incentivar a los médicos con una mayor proporción de sueldo variable o una reorganización de servicios siempre difícil dado el inmovilismo sindical. Es más difícil de entender el cierre de quirófanos y centros de salud (al menos 40 este verano) acometido por Artur Mas en Cataluña, la amenaza de Esperanza Aguirre de reducir los servicios de restauración de los hospitales de Madrid o dejar sin cubrir sustituciones o bajas como hace José Antonio Griñán en Andalucía. Medidas de este tipo son todavía más incomprensibles cuando van acompañadas de reducciones o promesas de reducción de impuestos, como sucede en Asturias, además de en Cataluña y Madrid.

Elevar el presupuesto sanitario como propone González puede realizarse vía impuestos, pero también a través del copago. Italia va a introducir una modalidad de copago muy duro, junto al paquete de medidas de reducción del déficit público, que puede dejar fuera del sistema a los más necesitados. El copago ya existe en los fármacos, aunque aparentemente no ha sido un freno para que se disparase la factura. Aplicarlo al conjunto de las prestaciones sanitarias puede ser factible y recomendable si sirve precisamente para salvaguardar el sistema público sin mermar la equidad del propio sistema. Esto sería así si se impusieran pagos simbólicos, pero de fuerte efecto disuasorio, para reducir el número de visitas al médico por habitante, que es el más alto de Europa; un dato que es imprescindible tener en cuenta en el ya abierto camino racionalizador.