Padres maltratadores

El ordenamiento jurídico español permite a un maltratador quedarse con la guarda y custodia de sus hijos en exclusiva en caso de divorcio. También permite que el condenado por violencia machista pueda heredar el patrimonio de la mujer maltratada fallecida, incluso en el caso de que él mismo sea el causante de su muerte. Tales posibilidades jurídicas son un insulto a la razón que el Gobierno pretende ahora cambiar. El Partido Popular no solo puede estar de acuerdo, sino que presentó hace semanas una propuesta en el Congreso para animar al Ejecutivo a que legislara en sentido similar.

Es sorprendente que los jueces sigan adjudicando la guarda y custodia de los hijos a padres maltratadores tras un divorcio. De hecho, tal posibilidad ha sido en ocasiones la causa de que muchas mujeres desistan de iniciar contra sus verdugos un proceso de divorcio (solo lo hacen el 13% de las maltratadas) y es justamente lo que el Gobierno quiere resolver garantizando la custodia a la víctima con este cambio normativo. Paradójicamente, la ley no permite la custodia compartida al maltratador, pero mantenía esta laguna respecto a la custodia en exclusiva. Pero quizá es más sorprendente todavía que los jueces no retiren con mayor asiduidad la custodia de los hijos a los maltratadores cuando no hay divorcio. En cinco años solo lo han aplicado como medida cautelar en 11.052 casos; un número demasiado corto frente a la enormidad de las cifras en este asunto.

Detrás de esas decisiones judiciales late la tradicional permisividad de la sociedad con la agresividad masculina. Detrás de la propuesta gubernamental está, por el contrario, una visión más amplia y profunda sobre el problema de la violencia machista (145.000 condenas y 328 asesinatos de mujeres en cinco años) y el desvelo por los menores. Según cálculos oficiales, 800.000 niños han sufrido de manera directa o indirecta los malos tratos.

Los jueces rechazan el automatismo del cambio normativo. Temen que los padres puedan perder la custodia de sus hijos aun en casos leves de maltrato o circunstancias especiales que perjudiquen al menor y piden analizar caso por caso, lo que parece sensato. No obstante, debería aplicarse como general el nuevo criterio y es exigible que los jueces sean más sensibles a esta cuestión porque, como dice el PP, los maltratadores "no están en condiciones de cuidar a sus hijos".