Siete mujeres de un centro de acogida denuncian vejaciones de sus cuidadoras

Las maltrataron sus maridos y después lo hicieron quienes debían protegerlas. Eso han denunciado por escrito ante la Dirección General de la Mujer siete residentes de una casa de acogida dependiente de la Comunidad de Madrid. Aseguran que les han llamado "guarras" y "mantenidas" y que les sirven comida podrida a ellas y a sus hijos. En el centro conviven 11 mujeres víctimas de violencia machista y 15 menores. El Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha abierto una investigación y anuncia que está dispuesto a rescindir el contrato con los gestores del centro.

Se sienten doblemente maltratadas y se han atrevido a contarlo. Siete residentes de una casa de acogida de Madrid presentaron el pasado 15 de enero un escrito ante la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Consejería de Empleo y Mujer, donde denuncian que las trabajadoras del centro les insultan, les gritan y les sirven alimentos en mal estado.

En el escrito, aseguran que sus cuidadoras las llaman "guarras", "mantenidas" e "inadaptadas" y que les hacen sentir como "especialmente conflictivas". Achacan sus "recaídas" y "desmejora" al trato recibido, y piden una investigación.

El consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, anunció ayer que ha ordenado abrir una investigación y que está dispuesto a rescindir el contrato si se confirma lo que denuncian las mujeres. El centro está gestionado por Nuevo Amanecer, una asociación ligada a la Iglesia Evangélica. Resultó adjudicataria del concurso para gestionar un centro dependiente del Gobierno regional el pasado verano. En la casa de acogida, de 35 plazas, viven 11 mujeres y 15 menores. Su directora, Milagros Rodríguez, declinó ayer ofrecer su versión sobre los hechos.

Miedo a represalias

R. T., de 30 años, que reside allí con sus tres hijas desde hace cuatro meses, aseguró ayer que han sufrido represalias por hacer pública su situación. Además del escrito de enero, hicieron una denuncia verbal a la dirección general el pasado septiembre. "Después de saber que habíamos denunciado dejaron a mis niñas dos veces sin cenar", explicó. "Nos prohibieron hablar unas con otras y una de las educadoras me sacaba de madrugada cada media hora de mi cuarto para intimidarme", aseguró. Otra mujer, D. R., de 30 años, explicó que su hija, de tres años de edad, tiene miedo de vivir en la casa de acogida. "Después de esto, seguro que me echan", lamentó. Ella ingresó en el centro con sus tres hijos hace cinco meses.

Otro de los temas incluidos en la denuncia por escrito es la alimentación, "un punto sin solucionar". Les ofrecen frutas "en proceso de descomposición", "lechugas oxidadas y verduras manidas" además de alimentos "vinagres o de sabor agrio" que les han provocado "problemas estomacales".

Un grupo de trabajadoras de la Dirección General de la Mujer se reunió por la tarde con las denunciantes para ofrecerles un traslado a otro centro de acogida. La Comunidad dispone de otros dos reservados a víctimas de violencia machista.

La oposición considera "insuficiente" la reacción del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. "Denunciaron hace un mes y sólo obtuvieron la callada por respuesta", criticó la diputada socialista Maribel Manzano. "Es absolutamente escandalosa la situación con tratos vejatorios a mujeres inmigrantes ya maltratadas y a sus hijos por denunciar", añadió en una nota. De las 11 residentes, siete son extranjeras y cuatro españolas, de las que firmaron cinco y dos, respectivamente.

"Hemos conocido por las propias mujeres esta situación, sin que ningún responsable de la Comunidad nos haya advertido sobre ello", añadió Manzano. La diputada indicó que "tanto Nuevo Amanecer, de marcada ideología religiosa, como sus responsables son reincidentes". La gestión de otro centro de la asociación terminó en 2002 en los tribunales después de que varias residentes aseguraran que sufrían "explotación laboral" en él. Los tribunales, sin embargo, acabaron por dar la razón a Nuevo Amanecer, recordó ayer un portavoz de la Comunidad de Madrid.

La diputada Reyes Montiel (IU) exigió a la Comunidad que "depure todas las responsabilidades". Considera que este caso ha destapado que el Gobierno regional no inspecciona la atención que reciben las víctimas. "Cuando se aprobó la ley regional sobre violencia de género, ya pedimos que hubiera una red de atención integral con protocolos profesionales y no nos hicieron caso", añadió.