Cuando el denunciante es el acusado

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se mete en todos los charcos. Ayer acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para interponer una querella contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Le acusa de denuncia falsa porque el líder socialista ha pedido la imputación de 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid que validaron facturas o dieron el visto bueno a contratos irregulares del Gobierno regional con la trama Gürtel.

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario del caso, revela que la Comunidad vulneró al menos 105 veces las normas de contratación para favorecer a empresas de la trama corrupta. Entre las irregularidades destacan el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo sin convocar concurso o amañarlas haciendo concurrir a empresas del mismo grupo. Por eso, Gómez acusaba a los 44 altos cargos que intervinieron en esos contratos (entre los que figura el vicepresidente Ignacio González, 15 directores generales, dos jefes de gabinete, ocho secretarios generales, seis subdirectores generales y un funcionario fallecido sobre quien retiró la denuncia) de ser "colaboradores necesarios", y les atribuye un delito de "prevaricación y de negociaciones prohibidas a funcionarios".

Ante este panorama, a Granados, como responsable de la función pública, le tocó presentar la querella del Gobierno regional. El consejero defendió a los funcionarios: "Gómez ha hecho algo irreparable, que es denunciar de manera injusta y sin fundamento a 45 funcionarios de Madrid, y eso tiene que tener respuesta por parte del Gobierno regional. No pedimos indemnización, sino que aclare la cuestión, ya que no puede ser que este señor establezca un manto de sospechas contra 45 personas honorables".

Granados, el denunciante, acumula varias acusaciones a sus espaldas. Una juez investiga a cinco empleados de su consejería por el caso de espionaje a altos cargos del PP en Madrid, adversarios dentro del partido de Esperanza Aguirre. Mientras Granados se empeña en negar el espionaje, un informe policial ha constatado que la letra manuscrita de los partes de seguimiento se corresponde con la de un trabajador de su departamento.

El consejero también fue protagonista hace tres años cuando el coche de su esposa, un Mini Cooper, apareció calcinado en el aparcamiento de su casa. El vehículo estaba a nombre de una constructora. Poco después, Granados tuvo que aclarar los detalles de la venta de un chalé en Marbella a un constructor afín. El mismo al que poco después le vendió unas parcelas que había heredado. El consejero también tuvo que responder de las visitas de su esposa a las obras de una vivienda de 1.000 metros cuadrados que no adquirió. Granados colocó en 2008 a su mujer en el Consejo de Administración de Caja de Madrid de Pensiones, gestora de fondos de pensiones.