Un centenar de contratos irregulares

El día en que Esperanza Aguirre anunció el cese de Alberto López Viejo como consejero de Deportes, en febrero de 2009, ella aseguró: "Mi Gobierno no tiene ningún contrato con la trama". Pues bien, su Ejecutivo cerró 367 operaciones con las empresas de Francisco Correa. De ellas, casi un tercio son irregulares: se saltaron las normas de contratación, según el sumario desclasificado ayer.

El Gobierno de Aguirre contó de forma habitual con las empresas del entramado de corrupción vinculada al PP entre los años 2004 y 2008. Les encargaban eventos de todo tipo, desde galas a comparecencias públicas de la presidenta. Durante ese periodo se cerraron 367 operaciones por 3.189.565 euros.

"Se contrata por indicación de López Viejo", se resalta en uno de los actos

El informe destaca el poco peso de la propuesta económica al decidir

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, incluido entre los 50.000 folios del sumario desclasificados ayer, determina que hubo al menos 105 contratos, por un montante de 1.154.606, 39 euros, que no se ajustaron a la ley. Entre otros motivos, porque troceaban facturas sin necesidad, se otorgaban a dedo cuando debían ir por concurso o se ofrecían a empresas del grupo de Correa como si fueran entidades diferentes para simular un concurso negociado sin publicidad en los que se llama a distintas firmas elegidas por la Administración. Todo un abanico de triquiñuelas para garantizar un jugoso negocio a la red corrupta dirigida por Francisco Correa.

El informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revisa la documentación que la Comunidad de Madrid presentó ante el tribunal y que incluye facturas a cuatro empresas de la red (Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Easy Concept Comunicación, SL, y Servimadrid, SL). El técnico judicial estudió si la tramitación de expedientes se realizó de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y llegó a la conclusión de que casi un tercio de los casos no respetaron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigibles a una Administración pública.

Una práctica habitual en la concesión de contratos a las empresas de la trama Gürtel era trocear las facturas para un mismo acto y una misma adjudicataria. Se emitían facturas diferentes por cantidades menores de 12.000 euros, el límite a partir del cual es necesario un concurso público. Esa fue la práctica que el Gobierno de Aguirre siguió, por ejemplo, para organizar en 2004 el homenaje a los profesionales de emergencias que trabajaron en los atentados del 11 de marzo de 2004. Una única empresa de la trama, Easy Concept, recibió 141.002 euros en 15 facturas. El técnico judicial señala que se produjo "un fraccionamiento intencionado" para no sacarlo a concurso.

La segunda parte del sumario hecho público ayer deja de nuevo en evidencia al Gobierno regional. La presidenta Esperanza Aguirre hizo unas declaraciones que se contradicen con lo que luego han dejado al descubierto los tomos del sumario.

Siete meses después, con la fase instruida por el juez Baltasar Garzón libre del secreto de sumario, la documentación evidenció que todas las consejerías de la Comunidad habían cerrado tratos con las empresas de Correa. Ahora, la nueva documentación constata un paso más en esa relación: no sólo contrataron a las empresas de la red de Correa, sino que en un centenar de casos ni siquiera lo hicieron de forma limpia.

El informe, que el técnico judicial remitió el pasado junio al TSJM, separa los contratos por consejerías y, dentro de estas, selecciona por áreas técnicas y organismos autónomos. Una de las más prolíficas en su relación con la red es la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Alberto López Viejo estuvo al frente de esta área desde 2007 hasta su marcha, tras hacerse cargo de la viceconsejería de Presidencia y figurar como el gran escenógrafo electoral de la presidenta Aguirre.

López Viejo, actualmente diputado no adscrito en la Asamblea de Madrid, fue definido por los miembros de la trama como "el muñidor de toda la operativa" en el Gobierno regional, la persona que manejaba la agenda de la presidenta Aguirre. El contable de la red creó un archivo personal para él, con su nombre, donde apuntaba meticulosamente los pagos en negro que cobraba en mano. La peculiar actividad de este diputado se remonta a su época de concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde contrató con algunas empresas reservándose una comisión del 3%.

En el informe del técnico judicial vuelve a aparecer su nombre. Sólo una vez. Al perito le llama la atención que en uno de los contratos de un acto organizado por la Consejería de Transportes, el expediente incluye de forma textual: "Se contrata por indicación de Don Alberto López Viejo". Son los actos de presentación de la Cumbre Flamenca (2006). La gala costó 21.480 euros y fue otorgada a dedo a la empresa Servimadrid. La adjudicación, según el técnico judicial, no estaba justificada.

El perito judicial incluye observaciones a dos de los contratos más cuantiosos entre el Gobierno regional y las empresas de la red. No los tilda de irregulares, no vulneran ningún principio. Pero incluye una advertencia. Se trata de la Gala de los Premios de la Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, que una de las firmas de la trama organizó dos años seguidos.

En 2005, la empresa Servimadrid ganó el concurso porque presentó la oferta más barata (162.000 euros). El segundo año concurrió en solitario y organiza el acto por 177.570 euros. El informe llama la atención sobre los criterios de valoración del concurso. Le extraña el poco peso que otorgan a la propuesta económica "respecto de criterios objetivos no cuantificables", como la calidad y creatividad de la propuesta y las mejoras, que tienen un "elevado carácter subjetivo" y para las que no especifican qué elementos concretos son los que suman puntos.

Otro truco: llamar a tres empresas con el mismo dueño. La Consejería de Inmigración sacó a concurso restringido en 2008 el montaje del stand de la Feria Integra Madrid de 2008. Invitó a tres empresas (Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación y Servimadrid Integral). Sólo la primera presentó una oferta y se le adjudicó el contrato por 60.020 euros. La trampa es que todas eran del mismo grupo. De nuevo se vulneraron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.

El Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, usó una artimaña similar para organizar el acto de colocación de la primera piedra en el Parque Logístico Inditex en enero de 2006. Partió un contrato de 20.790 euros (que hubiera requerido concurso) en dos facturas a dos empresas de la trama (Servimadrid y Diseño Asimétrico). El perito se fija en un detalle: la factura de Servimadrid habla de "gastos de anulación del evento" (11.600 euros). Y la otra del pago (9.190 euros) por la celebración del acto, lo que puede suponer "un gasto indebido".

Al perito tampoco le convencen las razones "de urgencia" que alegó el área de Promoción Empresarial (de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) para organizar la visita de la presidenta al parque empresarial de La Carpetania o la presentación de la campaña del teléfono 012. No hay justificación para esa urgencia que les permitió seleccionar a una empresa de la trama y darle contratos a dedo por encima de los 12.000 euros, como ocurre también en otros ejemplos que recrimina el técnico judicial.