Zapatero y Aguirre se 'pringan' en alquitrán

Un convenio para invertir en la mejora de las carreteras de la región. Éste fue el plato fuerte de la entrevista con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer llevó a La Moncloa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Fue el primer acto de la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo mantendrá en los próximos meses con dirigentes autonómicos.

Zapatero propuso a Aguirre cerrar un gran acuerdo para financiar conjuntamente la mejora de las carreteras de la región. Eso supone que antes de un mes el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid mantendrán diversas reuniones para negociar los puntos del pacto y las cantidades que ambas administraciones invertirán. "La propuesta de la Comunidad para ese convenio será entregada antes de que acabe la próxima semana", se apresuró a anunciar Aguirre.

El acuerdo contempla ya una serie de propuestas, que Zapatero anunció a la presidenta regional. Entre ellas, prometió que el Ministerio de Fomento licitará en el próximo mes la radial 1, la autopista de peaje que descongestionará la A-1 (carretera de Burgos); ampliará la radial 3, la vía de pago que transcurre paralela a la A-3 (carretera de Valencia), hasta Tarancón; invertirá 400 millones de euros para remozar la autovía de circunvalación M-40 (se prevé ensanchar algunos tramos o mejorar sus enlaces, entre otras obras) con el objetivo de transferir en un futuro próximo esta vía al Gobierno de Esperanza Aguirre, y destinará nuevas inversiones a las autovías A-1, A-2 (Barcelona), A-3, A-4 (Córdoba) y A-5 (Badajoz). Todas son actuaciones que Aguirre ha reclamado insistentemente al Ministerio de Fomento.

En el convenio, que Zapatero se propone tener listo antes de un mes, está incluido el cierre por el norte de la vía de circunvalación M-50. Esta obra ha sido objeto de múltiples desencuentros entre Aguirre y el Gobierno central. La carretera es de competencia estatal, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene muy avanzado un proyecto que incluye horadar un túnel bajo el monte de El Pardo, de especial protección ecológica, para unir los dos tramos de la M-50.

Este trazado cuenta con la opinión en contra del Ministerio de Medio Ambiente y fue duramente criticado por la oposición (PSOE e IU) y diversos grupos ecologistas. Ante la insistencia de Aguirre por sacarlo adelante, el Gobierno de Zapatero planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha fallado. Mientras, el Ejecutivo regional ha cambiado su nombre por el de M-61, porque considera que al utilizar la nomenclatura regional de carreteras eludirá el conflicto.

Aguirre entendió ayer que el convenio sobre carreteras supone cerrar esta guerra y dar luz verde a su proyecto. Pero la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que actuó como portavoz de Zapatero, echó por tierra esta interpretación. "El presidente propone buscar un trazado alternativo sin necesidad de ese extraordinario impacto ambiental", recalcó.

El convenio no fue el único asunto que trataron ambos mandatarios durante las dos horas de entrevista, que transcurrió en un "clima cordial", según admitieron Aguirre y la ministra. "El presidente es muy simpático..., y yo, también", dijo Aguirre.

Por la importancia que ambos dieron a las infraestructuras, se diría que los madrileños no tienen más peticiones que hacerle al Estado que las relacionadas con los medios de transporte. En la conversación también surgieron estos otros asuntos:

- Versiones distintas sobre inversión. Es conocida la insistencia de Aguirre al proclamar que Zapatero no ha invertido en Madrid "un solo euro en obra nueva". Ayer volvió a la carga y llegó a decir que el presidente había reconocido que asfixia a la región. Salgado lo desmintió. Para rebatir el argumento echó mano de lo que invertirá el Estado este año en la región: 2.614 millones de euros para infraestructuras, vivienda y medio ambiente. No aclaró si son para proyectos de gobiernos anteriores.

- Cercanías, aún no. Zapatero no cederá de inmediato la gestión de cercanías ferroviarias al Gobierno regional, como reclama Aguirre, sino que se limitará a que participe en su gestión y en la planificación de inversiones. Lo mismo que ya le prometió en la entrevista que mantuvieron en 2004. La diferencia es que ahora le pone plazo: antes del 10 de octubre se celebrarán reuniones para fijar las condiciones.

- Cárcel de Carabanchel. Aguirre ya había anunciado que reclamaría a Zapatero los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel para construir un hospital. Es una propuesta que llevaban los tres partidos (PP, PSOE e IU) que concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas. Zapatero no se ha negado, aunque deja en manos del Ministerio del Interior la negociación para cerrar un acuerdo. Entre otras cosas porque, según explicó Aguirre, el ministerio pretende quedarse con parte de los terrenos y extraer plusvalías de la operación para financiar otros centros penitenciarios.

- Apoyo a los nuevos aeropuertos. La cesión de la gestión de Barajas es una vieja petición de la Comunidad, pero no se producirá, de momento. Zapatero admite la "participación en la gestión", pero ésta no será tampoco posible hasta que se defina un modelo aeroportuario que admita "la participación de entes distintos" a Fomento, según explicó la ministra. Lo que sí apoya el Gobierno central son los dos nuevos aeropuertos que ha prometido Aguirre para la región. En su programa electoral, el PP planteaba construir un aeródromo en el sureste para utilizarlo como escuela de aviación, que sustituiría al de Cuatro Vientos (los terrenos de este aeropuerto han sido declarados zona verde). Además, contemplaba mantener instalaciones para uso privado, en lo que hoy es el aeródromo de Torrejón.

- Médicos para la región. Aguirre construyó siete hospitales en la legislatura anterior, pero todavía no están en funcionamiento. La presidenta reconoció ayer que falta personal y, específicamente, médicos pediatras y anestesistas. Por eso pidió a Zapatero que interceda con la comunidad universitaria para que se rebajen los númerus clausus de las facultades de Medicina, lo que permitiría aumentar los estudiantes y, en un futuro próximo, los facultativos en ejercicio. También solicitó al Gobierno central que aumente las plazas de Médicos Internos y Residentes (MIR). Salgado anunció que el Gobierno prestará el "máximo apoyo" a estas peticiones, pero apostilló: "Dado que la formación está en torno a los diez años, estas decisiones hubieran debido tomarse durante los Gobiernos de José María Aznar".