Las policías de Italia y Rumania se unen para frenar la delincuencia

El Gobierno italiano plegó ayer velas y anunció una sustancial suavización de su decreto contra los rom, los gitanos procedentes de Rumania, considerados delincuentes por una gran mayoría de la opinión pública. Romano Prodi se entrevistó con el primer ministro rumano, Colin Popescu Tariceanu, y subrayó lo que había adelantado ya la víspera el ministro del Interior, Giuliano Amato: quedaban descartadas las deportaciones masivas. Prodi y Tariceanu acordaron, en cambio, fomentar la cooperación policial, favorecer la integración social y, sobre todo, pedir ayuda a la UE para afrontar la cuestión de los rom (gitanos).

Entre la tentación populista, propugnada por la oposición de centroderecha, por el propio líder oficioso del centroizquierda, Walter Veltroni, y, a juzgar por los sondeos, por la mayoría de la población, y la supervivencia del Gobierno, Prodi optó por lo segundo. El presidente del Gobierno italiano asumió las posiciones de Refundación Comunista y otros partidos de la izquierda, que se negaban a apoyar a Prodi en la aprobación de un decreto calificado de "nazi".

Al aceptar que fueran los jueces los que, caso por caso, decidieran sobre las posibles expulsiones, y al descartar la expatriación de los inmigrantes comunitarios sin empleo ni residencia, Prodi consiguió también congraciarse con el primer ministro rumano, quien había declarado que el decreto italiano "fomentaba el odio".

En una declaración conjunta tras su reunión en Roma, Prodi y Tariceanu señalaron que "los flujos intracomunitarios" constituían una cuestión que debía interesar a Bruselas, e informaron de que habían enviado una carta al presidente de la Unión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, reclamando que se destinara a los rom una parte de los fondos estructurales. "Hay que favorecer la integración social, hay que establecer mecanismos para gestionar del mejor modo posible el retorno al país de origen de los inmigrantes que no están en condiciones de mantenerse, y hay que reforzar la cooperación entre países para regular los flujos migratorios", declaró Prodi.

Los dos jefes de Gobierno anunciaron también la creación de un grupo policial formado por agentes italianos y rumanos, con el fin de "combatir el crimen". Los rumanos, y concretamente los rom, son acusados de protagonizar gran parte de los delitos en Italia. Tariceanu criticó los "brotes de xenofobia" y, sin nombrarlo, al alcalde de Roma y secretario general del nuevo Partido Democrático, Walter Veltroni, por dejar crecer en la capital italiana asentamientos de barracas "de los que después ha surgido la criminalidad". Veltroni declaró que el 75% de las detenciones en Roma implicaban a rumanos. Las estadísticas reducen ese porcentaje a menos de la mitad, en torno a un tercio de las detenciones.

Mientras Prodi y Tariceanu mantenían su reunión, varios parlamentarios de la oposición de centroderecha se manifestaron ante el edificio con pancartas contra los rumanos. "Rumania, culpable", decía uno de los cartelones. Los portavoces de la coalición dirigida por Silvio Berlusconi dijeron que el decreto contra los inmigrantes rumanos había quedado "descafeinado".