El plan de Bush naufraga en el Congreso

Un riesgo de hecatombe se cernió ayer sobre Wall Street y toda la economía mundial, al conocerse que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el voto decisivo de una mayoría de republicanos, rechazó el plan de rescate del sistema financiero solicitado por el presidente George W. Bush como una medida imprescindible para evitar una crisis de proporciones monumentales. Instantes después de que el plan fuese derrotado, nadie era capaz de anticipar hacia dónde se puede ahora encaminar la situación y cuáles son las soluciones disponibles, si es que las hay en el corto plazo.

133 representantes republicanos votaron en contra y sólo 65 a favor

El presidente mostró su "decepción" por el resultado de la votación

La ley no consiguió salir adelante pese a algunas enmiendas

Bernanke advirtió de que las medidas eran esenciales para el crecimiento

Los demócratas han sido más proclives a hacer el sacrificio de respaldar el plan

El principal índice de la Bolsa de Nueva York perdió cerca de 778 puntos tras la votación en el Capitolio, casi un 7%, la mayor caída de su historia y, por supuesto, el peor resultado desde el comienzo del terremoto financiero. Al margen del imprevisible daño económico que esta votación puede provocar -y a la espera de saberse si existen mecanismos para corregirla-, las consecuencias pueden también ser catastróficas para el liderazgo político de la principal potencia mundial.

El presidente Bush y su secretario del Tesoro, Henry Paulson, quedan desautorizados; el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que apoyaba el plan, queda desautorizado; los jefes de los grupos parlamentarios de ambos partidos, que habían negociado el acuerdo que se llevó a votación, quedan desautorizados; los candidatos presidenciales demócrata, Barack Obama, y republicano, John McCain, que dieron su respaldo a la ley, quedan desautorizados, especialmente este último, que incluso había suspendido su campaña electoral en aras de encontrar un acuerdo.

Desde cualquier ángulo, la derrota de esta ley abre un vacío de liderazgo político y un abismo económico sobre los que es difícil, a las pocas horas de haberse producido, vaticinar un futuro.

Un portavoz de la Casa Blanca comentó, con cierto patetismo, que el presidente estaba "decepcionado" por el resultado de la votación. Henry Paulson compareció brevemente ante los periodistas para prometer que utilizará "todos los instrumentos" a su alcance "para defender la economía", aunque advirtió que esos instrumentos son "sustanciosos pero insuficientes" para atajar un descalabro de estas dimensiones.

Barack Obama insistió en que "demócratas y republicanos tienen la responsabilidad de sacar este plan adelante". John McCain, que politizó extraordinariamente el debate al suspender la semana pasada su campaña para participar en las negociaciones, dijo que, aún comprendiendo a sus compañeros de partido, creía necesario ahora aceptar la petición presentada por la Casa Blanca.

En el Capitolio, mientras algunos congresistas, encabezados por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunciaban nuevos esfuerzos para encontrar una propuesta al gusto de la mayoría, los representantes republicanos descargaban responsabilidades en la propia Pelosi, a la que acusaban de un comportamiento excesivamente partidista. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el demócrata Barney Frank, no dudó, sin embargo, en asegurar que "los republicanos han matado el plan".

La ley, que requería 700.000 millones de dólares (470.000 millones de euros) para el rescate de las aseguradoras, bancos y otras instituciones financieras afectadas por la explosión de las hipotecas basura, fue derrotada por 228 votos contra 205. Pese a ser la propuesta de una Administración republicana, 140 demócratas votaron a favor y 95 en contra, mientras que 133 representantes republicanos dijeron no, frente a los 65 que dieron su voto afirmativo. Sólo un republicano se abstuvo.

Se impuso, como demuestran esos datos, el fanatismo de un grupo de republicanos conservadores, ideológicamente enemigos de la intervención del Estado en la economía, y contrarios a que su legado en la vida política fuera el respaldo a la mayor operación intervencionista de la historia.

Contó considerablemente también para que este revés histórico se produjera el hecho de que la opinión pública, azuzada por sectores de la clase política que habían caracterizado a Wall Street como una cueva de ladrones, se mostrara en contra de utilizar el dinero del contribuyente para salvar las empresas quebradas por la mala gestión de sus ejecutivos.

Y contribuyó, finalmente, al desastre consumado ayer en Washington la enorme politización del debate debido a la proximidad de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, en las que los 435 miembros de la Cámara y una tercera parte del Senado se juegan sus escaños.

De acuerdo con el plan por ahora rechazado, el secretario del Tesoro tendría ya un cheque de 250.000 millones de dólares para sanear las cuentas de las empresas intervenidas para que éstas pudieran pronto funcionar con normalidad, es decir, volviera a haber dinero disponible en condiciones razonables. El plan intentaba, al mismo tiempo, modificar en cierta medida las reglas en las que esas compañías han actuado hasta ahora y crear un nuevo marco operativo y de negocio -un nuevo Wall Street o un Wall Street distinto a la voracidad suicida de la última década-. Como objetivo añadido, los legisladores intentaban también que el Estado recuperara el dinero que aquí se está poniendo en riesgo e incluso, si fuera posible, obtener algún beneficio de esta inversión.

"Con esta fuerte y decisiva legislación", declaró ayer George Bush en su último intento de persuadir a los congresistas, "ayudaremos a restaurar el flujo de crédito, de forma que las familias norteamericanas puedan responder a sus necesidades diarias y las empresas norteamericanas puedan hacer sus compras, vender sus productos y pagar sus nóminas".

El presidente de la Reserva Federal (banco central de Estados Unidos) manifestó, intentando también animar a los legisladores, que la aprobación de este plan resultaba "esencial para el crecimiento económico y para la creación de empleo".

De acuerdo con los términos de la ley, un texto de 110 páginas negociado en un maratoniano fin de semana, la Administración dispondría inmediatamente de 250.000 millones de dólares para comprar y retirar del balance de las empresas todos los créditos basura que habían desestabilizado el negocio, así como cualquier activo que las autoridades económicas consideren necesario para reflotar las empresas y normalizar su actividad.

Otros 100.000 millones de dólares quedarían pendientes tan sólo de una certificación del presidente de que esa cantidad es necesaria. Y 350.000 millones más estarían en reserva, a la espera de otra solicitud por parte de la Casa Blanca y de una nueva aprobación por parte del Congreso.

Se trata, en total, de 700.000 millones de dólares que el Tesoro pone en el sistema financiero a cambio de algunas correcciones en la forma en que éste ha funcionado últimamente, entre las que destaca la eliminación de lo que se llaman los paracaídas dorados, las multimillonarias compensaciones a los altos ejecutivos.

La legislación obliga al Gobierno a hacerse con una parte de las acciones de las compañías que reciban fondos públicos con el objeto de compartir los beneficios cuando éstos se produzcan. Asimismo, el Estado podrá, a discreción del Gobierno, buscar otros mecanismos de compensación por la gigantesca inversión.

Pese a todas estas correcciones, la aprobación de esta ley ha resultado ser una píldora demasiado amarga de tragar para una mayoría de congresistas. "Muchos de los nuestros sienten que el interés nacional requiere que hagamos algo que es, en muchos sentidos, impopular", afirmó el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara poco antes de la votación.

Desde el principio de este debate, los demócratas han sido más proclives que sus colegas republicanos a hacer el sacrificio político de respaldar el plan de Bush.